El PSOE negocia en secreto con el PP su apoyo a la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo

La nueva Ley Integral de Víctimas de Terrorismo está en su tramo final. El Ministerio del Interior ha concluido un primer borrador, producto de reuniones bilaterales con medio centenar de fundaciones, movimientos cívicos, asociaciones de víctimas y sindicatos policiales, que ha remitido al PP en busca de un consenso previo antes de buscar el apoyo del resto de partidos. El presidente Zapatero desistió de sacar adelante la ley durante la pasada legislatura por el enfrentamiento con el principal partido de la oposición a cuenta del proceso de paz. El cierre del actual periodo de sesiones, a finales de julio, es la fecha orientativa para cerrar el acuerdo entre ambos partidos.

 El objetivo es que la ley, que sustituirá a la Solidaridad de 1999 y unificará toda la normativa existente, sea aprobada por unanimidad. La cautela ha recomendado buscar el visto bueno previo del PP para evitar suspicacias sobre un texto que se pretende mantener al margen del debate político. El diputado socialista Antonio Hernando y el popular Alfonso Alonso son los encargados de negociar en secreto las divergencias. El primero es portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso y Alonso es, además de parlamentario, el presidente del PP de Álava.

Sumar al PNV

Una vez alcanzado el acuerdo, el documento resultante será remitido al resto de grupos parlamentarios, aunque se buscará el apoyo preferente del PNV. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, ha decidido que el proyecto se tramite posteriormente como proposición de ley para que los partidos minoritarios hagan sus aportaciones y el texto definitivo sea aprobado por unanimidad, y escenificar la unidad contra el terrorismo y a favor del reconocimiento de las víctimas.

José Manuel Rodríguez Uribes, director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, manifestó a este diario que no hay fecha para la aprobación definitiva de la ley. “El compromiso es que se produzca en esta legislatura, pero va a depender de la voluntad de acuerdo de los partidos. Después habrá que elaborar el reglamento que la desarrolle”.

La ley lleva cinco años y medio rodando por falta de consenso, desde que el presidente Zapatero nombró en diciembre de 2004 a Gregorio Peces-Barba Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas. Las críticas de algunas asociaciones le decidieron a cesar voluntariamente en el cargo dos años después. Para entonces había elaborado una propuesta de reforma de la ley que retomó su colaborador y sucesor, Rodríguez Uribes, que está a punto de llevar el proyecto a buen puerto.

Novedades de la ley integral

Frente a la Ley de Solidaridad de 1999, que era fundamentalmente indemnizatoria (desde entonces el Estado ha pagado 460 millones de euros a 8.400 víctimas reconocidas entre 1968 y 2008), la nueva ley incorpora una batería de prestaciones, como el apoyo psicológico, el acceso a la vivienda o la prioridad para ocupar puestos de trabajo en la administración, entre otras mejoras.

Otra de las novedades es la inclusión de mecanismos correctores para que todas las víctimas cobren las mismas indemnizaciones cuando los daños sufridos son similares y no como ocurre hasta ahora, con diferencias que hasta triplican lo recibido por unas y otras. Rodríguez Uribes sostiene que esto es así porque desde 2003-2004 las responsabilidades civiles fijadas por la Audiencia Nacional a los condenados por terrorismo para resarcir a sus víctimas se han incrementado sustancialmente, creando claras desigualdades. “Hasta hace seis o siete años se daban casos de que había víctimas a las que los tribunales resarcían con cantidades inferiores a las que el ministerio les había pagado como anticipo mientras se producía el fallo judicial, pero eso cambió sustancialmente a partir de los atentados del 11-M”.

El presupuesto de este año para atender a las víctimas es de 13 millones de euros, ampliables con créditos en función de los acontecimientos que puedan ocurrir. De manera orientativa, el tribunal que acaba de juzgar a los etarras que perpetraron el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) les ha impuesto una responsabilidad civil de algo más de un millón de euros, que asumirá el Gobierno por la insolvencia de los condenados.