El atentado del 11-M le cuesta al Estado 350 millones de euros en indemnizaciones

El Ministerio del Interior aprobará hoy el pago de las últimas indemnizaciones pendientes por los atentados del 11-M por importe de 45 millones de euros. Con este último desembolso se cierra el capítulo de compensaciones económicas por el mayor atentado perpetrado en España, que costó la vida a 192 personas y causó heridas de distinta consideración a otras dos mil. Desde septiembre de 2008, cuando la sentencia por la masacre fue firme tras el fallo del Tribunal Supremo y se declaró la insolvencia de los condenados, el departamento de Pérez Rubalcaba ha abonado unos 300 millones de euros, a los que ahora hay que sumar esta última partida.

De la relevancia de la cifra da cuenta que desde la entrada en vigor de la Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo en 1999 el Estado ha pagado 460 millones a las 8.400 víctimas reconocidas en el periodo de tiempo que va de 1968 hasta mayo de 2008. Es decir que un solo atentado, la matanza de los trenes de la muerte, le ha supuesto al Estado un desembolso equivalente al 76 % de todo lo pagado por cuarenta años de violencia terrorista. Otro dato corrobora aún más la importancia del mismo: el presupuesto para atender en 2010 a las víctimas es de 13 millones de euros, ampliables con créditos en función de las necesidades que puedan producirse.  

José Manuel Rodríguez Uribes, director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, manifestó a este diario que se han tramitado cerca de tres mil expedientes, y que con la última remesa se da por finiquitado, salvo pequeños flecos pendientes, “un proceso que ha sido muy arduo y complejo”. Una de las dificultades ha sido la identificación de los herederos, que la actual ley atribuye a la mujer, los hijos y la pareja de hecho de la víctima. Ésta, sin embargo, no tiene tal consideración en el Código Civil, que atribuye la misma a los padres del fallecido cuando éste no está casado ni tiene hijos. También ha sido necesario dirigirse a las embajadas de los países de los que eran naturales muchas de las víctimas para conocer quién tiene la condición de herederos según la legislación de cada Estado. En Rumanía, por ejemplo, los hermanos son reconocidos como tales.

La futura ley.

La última persona a la que se ha reconocido la condición de víctima del terrorismo ha sido el cabo Cristo Ancor Cabello Santana, fallecido el pasado día 7 en Afganistán al estallar una mina al paso del blindado en el que viajaba. Ésta es una de las novedades previstas en la futura Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, que permite indemnizar a las familias de los soldados españoles muertos en misiones internacionales, y que sustituirá a la que está en vigor desde hace diez años. La nueva ley pretende dar un apoyo integral a las víctimas y no limitarse a la indemnización económica. De hecho, además de Ministerio de Economía y Hacienda afectará también a los de Exteriores, Trabajo, Vivienda y Justicia, y su coste económico será importante.

La ley lleva cinco años rodando por la falta de acuerdo entre los partidos. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero desistió de sacarla adelante durante la pasada legislatura por el enfrentamiento entre el Gobierno y el PP a cuenta del proceso de paz y la lucha contra el terrorismo, y por las posiciones de algunas asociaciones de víctimas, muy críticas con Gregorio Peces Barba, designado Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas en diciembre de 2004, que pidió el cese voluntario en el cargo en septiembre de 2006. Peces Barba elaboró una propuesta de reforma de la ley que asumió su sucesor y hasta entonces estrecho colaborador, José Manuel Rodríguez Uribes.

Superada la etapa de enfrentamiento a cuenta de la lucha antiterrorista, el compromiso de Rodríguez Uribes es que “la ley sea aprobada lo antes posible y, desde luego, en la presente legislatura”. Hasta el momento, el director de Atención a las Víctimas se ha reunido con sesenta asociaciones y colectivos de víctimas para recoger sus sugerencias. “Estamos en la fase de negociar con los ministerios afectados, y una vez que éstos den el visto bueno al borrador que les hemos presentado se trasladará a los partidos políticos. Esta ley sólo tiene sentido si hay unanimidad”.