La Ley del Cine en Cataluña es ilegal, según la Universidad de Barcelona

El proyecto de Ley del Cine en Cataluña, que pretende obligar a que en los próximos cinco años las salas de esta comunidad proyecten la mitad de sus películas en catalán, es incompatible con la normativa de la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial del Comercial (OMC). Después de huelgas de los exhibidores y de los distribuidores, de dimes y diretes de directores, actores y políticos, un estudio de la Universidad de Barcelona (UB), encargado por el Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya y al que ha tenido acceso El Confidencial, dictamina que la nueva ley va en contra de la normativa comunitaria.

 

Ramón Torrent, catedrático de Derecho Económico Internacional de la UB y responsable del estudio denuncia, en el texto que la nueva normativa que se pretende aplicar contradice las obligaciones de acceso al mercado y de trato nacional que figuran en Tratado de la Comunidad Europea, así como la obligación de trato de la nación más favorecida que figura en el acuerdo sobre servicios de la OMC.

Torrent, que compareció el pasado martes ante la Comisión Cultural del Parlamento de Cataluña explicando el contenido del dictamen, señaló que esta nueva ley supone “una medida de promoción y protección de las películas rodadas en castellano frente a las películas rodadas en todas las otras lenguas del mundo excepto el catalán”. Y, según sostiene su informe, las multas no afectarían a las películas rodadas en castellano fuera de España, y sí lo harían a las realizadas en otros países miembros, que estarían obligadas a pasar por la imposición del doblaje.

El informe denuncia la contradicción que supone que las películas españolas no tiene que doblarse si salen con un máximo de 15 copias, mientras que las películas del resto del mundo tienen que doblarse desde la primera copia, con la excepción de las latinoamericanas, que al ser en castellano, tendrían el mismo beneficio que las españolas, incumpliendo así el objetivo de la ley.

El informe concluye que “la violación de disposiciones del derecho de la UE y de la OMC puede generar litigios entre el Estado español y otros Estados miembros de la UE, así como con la Comisión Europea (en el marco del derecho de la UE) y con los otros Estados miembros de la OMC, muy especialmente con los Estados Unidos de América”.

Camilo Tarrazón, Presidente del Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya detalló a El Confidencial los inconvenientes de esta ley. El primero, que  “vulnera el ordenamiento de la UE; segundo, vulnera las leyes de la OMC; tercero, esta ley se tiene que presentar en la UE y la Generalitat no tiene representación, allí; y cuarto -y más importante-, esta ley tiene que presentarse en la OMC y España tampoco tiene voz allí”. En resumen, lo que Tarrazón quiere decir es que “en estos momentos, la responsabilidad de que esto siga adelante es del Parlamento catalán y nadie quiere que Cataluña vaya haciendo el ridículo por el mundo”.

El presidente del gremio, que representa 510 salas catalanas que acaparan el 82% del público, afirma que “esta ley ya nace vieja; lo que nosotros proponemos es apostar por las salas digitales, en las que el público puede optar por la lengua que le interese”. Según Tarrazón, “el tener que destinar dos salas a la misma película, pero con diferente idioma, supone que se apee de la cartelera el cine más minoritario y esto va en detrimento del espectador”.

Tan sólo un 30% ve películas dobladas al catalán

El directivo empresarial señala también que “en igualdad de condiciones, de horarios y de salas, el 70% del público va a ver las películas dobladas al castellano, y tan sólo un 30% va a ver las dobladas al catalán. Esto significa que no es una cuestión de identidad, ni de lengua, ni de país; es una cuestión de costumbre y nuestro sector no tiene que salir perjudicado por esto”.

El próximo lunes 8 de marzo serán los propios representantes del Gremio los que darán su punto de vista en la Comisión Cultural de Parlamento de Cataluña, sobre la polémica ley que se está redactando. En esta comparecencia, los representantes de este gremio intentarán que la Generalitat “dé marcha atrás a lo que representaría un grave golpe a una industria que no está pasando por su mejor momento”. De momento, ya cuentan con la baza del informe de la Universidad de Barcelona, que es una autoridad en este aspecto.