El limbo de Guantánamo llega a España: el Gobierno no sabe qué hacer con los presos

Nadie sabe qué responder exactamente a la pregunta de cuál será el futuro de los cinco presos de Guantánamo que España va a acoger para ayudar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tal y como anunció este lunes el ministro Miguel Ángel Moratinos. Ni su departamento, Exteriores, ni Moncloa, ni el Ministerio del Interior aclaran en calidad de qué vendrán a España estos prisioneros, de los cuales dos, un paquistaní y un yemení, llegarán dentro de no mucho, en las próximas semanas. Encontrar encaje a su situación en el ordenamiento jurídico no parece fácil. Procedentes de un limbo legal, el Gobierno está dispuesto a admitir y a mantener vigilados a personas que no han cometido ningún delito en España, que nunca han sido juzgadas  por Estados Unidos y que no tienen cargos por actividad terrorista.

Salvo que se eche mano de una pirueta legal, por ahora desconocida, los presos llegarán a España como personas libres. Exteriores insiste en que la acogida "se hará con todas las garantías legales" y bajo "vigilancia" para preservar la seguridad. Aunque juristas consultados por este diario dudan de que los prisioneros puedan ser vigilados o privados de libertad una vez pisen suelo español. “¿En calidad de qué vienen?” -se pregunta el ex juez y abogado Javier Gómez de Liaño-. “¿Lo hacen por un tema de jurisdicción, de entrega entre países? En España no hay presos administrativos y la situación de un prisionero tiene que estar legalizada por un juez. Esperamos que esto no sea un limbo jurídico. Si vienen a España como unas personas privadas de libertad, un juez tendrá que legalizar su situación y decretar una libertad provisional con cautelas o una prisión incondicional”.

Sorpresa en el PSOE

El anuncio de que, finalmente, serán cinco y no dos los presos que España está dispuesta a acoger ha sorprendido incluso entre las propias filas socialistas. La diputada Elena Valenciano, portavoz de su grupo en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, reconocía ayer a este diario su asombro por el cambio. “Su situación en España dependerá del tipo de expediente de cada uno de los detenidos, de su nacionalidad y de si han cometido delitos o no”, agrega.

Tampoco el PP ha sido informado de la situación más allá de las declaraciones públicas hechas por Moratinos. “Hay que ser extraordinariamente vigilantes con este asunto”, señala el popular Gustavo de Arístegui. “Hay varias preguntas de importancia fundamental que hay que formularle al Gobierno. En primer lugar, ¿qué tipo de delitos pesan sobre estos presuntos terroristas? Segundo,  ¿podrán ser juzgados por la ley de los Estados Unidos o por las leyes españolas? Tercero, ¿qué tipo de vigilancia van a tener? ¿Se va a impedir que se escapen, como ha ocurrido en otros muchos casos, y que acaben ingresados en células yihadistas? ¿Se va a evitar que huyan de nuestro país y que puedan volver a Afganistán? Cuarto, ¿los delitos que, presuntamente, se les imputan son graves? ¿Son peligrosos o no para la seguridad de todos los españoles? Y por último, ¿tiene el gobierno todo el dossier e información necesaria para garantizar la seguridad de los españoles?”. 

“Me llamaría mucho la atención que podamos tener a gente con privación de libertad sin juicio previo nacional o internacional”, comenta un ex miembro del Consejo General del Poder Judicial consultado por El Confidencial. “Resulta llamativo para nuestra cultura occidental, que garantiza una serie de derechos, que podamos recibir a gente sin juicio previo. Eso va contra nuestros principios. No es por justificar a estos presuntos terroristas, que seguramente son gente que no respeta las reglas del modelo occidental, pero tienen derecho a acogerse a los derechos en los que se basa nuestro modelo”, asegura el jurista de reconocido prestigio. 

Por su parte, para el abogado José Luis Galán, de la Asociación Libre de Abogados, una de las instituciones que presentó una querella ante el juez Garzón para que se investigasen las torturas de Guantánamo, el caso de estas personas es “extraño y especial, una situación atípica”. “Son personas que no tienen ninguna imputación penal, ni medidas cautelares y, por tanto, su situación debe ser de libertad total. Hay que tener mucho cuidado de que no se vulnere ningún derecho”, explica. “Desde el punto de vista administrativo, habrá que ver si se les considera refugiados o si se les concede el asilo, pero no pueden tener ninguna limitación que no tengan el resto de los ciudadanos. No podría existir esa seguridad activa ni pasiva de la que habla el ministro, salvo que ellos mismos la pidieran. Entonces, serían objeto de protección, pero no de vigilancia”. 

De momento, y a falta de que el Gobierno aclare el encaje de los presos, lo que sí ha quedado claro es que España será el país de la Unión Europea que más ayude a Barack Obama a cerrar el peliagudo capítulo de Guantánamo. Ninguno país vecino ha accedido a acoger  a más de tres presos. Francia, Portugal o Irlanda recibirán a dos cada uno y Hungría, Suiza y Bélgica, uno. Está por ver si después de pasar por las torturas del penal más famoso de la historia reciente suponen o no un peligro real para la seguridad española.