La Audiencia apoya al juez del ‘caso Palau’ y niega prisión para Fèlix Millet y Jordi Montull

La Audiencia de Barcelona dio hoy un espaldarazo al juez que investiga el presunto desvío de fondos del Palau de la Música de Barcelona, Juli Solaz, por parte de Fèlix Millet y Jordi Montull, ex presidente y ex director financiero respectivamente. La sala quinta de la Audiencia señala que aunque puede “compartir la calificación inicial de los hechos realizada por el ministerio fiscal en su querella, no puede, sin embargo, hacer suyo el criterio de los apelantes según el cual el solo dato consistente en la amenaza punitiva que pesa sobre los querellados basta, en el actual momento procesal, para deducir de él la existencia de un riesgo de fuga de tal intensidad quie justifique la modificación de la situación personal de los imputados y su sometimiento a la medida de prisión provisional”.

El fiscal había interpuestio un recurso ante la audiencia el pasado 20 de noviembre, tras el auto del juez instructor de dejar en libertad a los dos principales implicados en el caso. A la petición del fiscal se adhirieron los represetantes legales de las entidades que forman parte del Palau de la Música (Fundación, Consorcio y Asociación Orfeó Català).

Para la Audiencia, “lo que a juicio de este tribunal constituye el indicio más evidente y demostrativo de que los imputados no presentan un riesgo de fuga tan cualificado e intenso que justifique la privación de su libertad como únicamedida apta para garantizar su sujección al procedimiento es que los querellados, pese a que han podido fugarse sin la menor traba o dificultad durante los cinco meses anteriores, no lo han hecho; y ello a pesar de que, como sostiene alguna parte apelante, la presente instrucción no parece encontrarse lejos de su final”.

Por si fuera poco, la sala afirma también que la “alarma social no se encuentra ya entre las circunstancias que justifican la adopción de la prisión provisional”. Tampoco encuentra indicios de que puedan ocultar, alterar o destruir pruebas ni siquiera influir sobre otros imputados, testigos o peritos. Por todo ello, la medida solicitada por las acusaciones “resulta totalmente improcedente en el actual momento procesal”.

El juez dejó en libertad sin fianza a Millet y Montull el pasado 19 de octubre, aunque reconoce que existen indicios de que han cometido delitos de apropiación indebida y falsedad documental. En su texto, Juli Solaz ya advertía que “las acciones realizadas por los imputados (cartas de confesión), en aplicación de una mínima lógica, no se corresponden con unas personas que estén preparando su huida, ya que es evidente que han tenido la oportunidad de fugarse desde el mismo día en que se producto el registro del Palau”. Además, señalaba que ni Millet ni Montull tienen ya acceso a las dependencias del Palau, con lo que no pueden destruir pruebas. Solaz también insistía en que la medida no era procedente porque cuando la fiscalía presentó la querella en junio no se pedía la prisión y no se apreciaba riesgo de fuga.

El hecho provocó una medida sin precedentes: la emisión de una nota pública por parte de la fiscalía, que reconocía que de todas las medidas, el magistrado sólo acordó “in voce” la adopción de “retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional”. De todos modos, en su recurso, los fiscales insistieron en la confesión por carta “no sólo no es espontánea, sino también porque resulta deliberadamente sesgada” y concluía que su finalidad no era otra que la de “confundir al instructor para que adoptase una decisión benévola respecto a la situación personal, puesto que los propios inculpados advertían como irremediable su ingreso en prisión”.

Circunstancias diferentes

También rebatían los argumentos del juez manifestando que “la solicitud de una medida restrictiva tan importante como es la privativa de libertad no aparecía, en ese momento, como la más proporcionada y adecuada a la información de la que se disponía”. La fiscalía incluso se quejaba en el mismo de que el 30 de julio, una semana después del registro, Juli Solaz desestimaba la adopción de cualquier medida, como la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de territorio nacional, ya que consideraba que “teniendo en cuenta la facilidad actual de las comunicaciones y la capacidad económica de los querellados, sería completamente ineficaz si los querellados tuvieran intención de huir de la justicia, por lo que este instructor entiende que su adopción es innecesaria y, en cualquier caso, completamente ineficaz”.

La fiscalía iba más allá y señalaba en su escrito que “no se explica cómo y bajo qué fundamento se han acordado prisiones provisionales en instrucciones judiciales por casos sonoros” y recordaba la adopción de esta medida en los escándalos de Afinsa, Forum Filatético, Gürtel, Jesús Gil o caso Tous, que había llevado la misma sala de la Audiencia que ahora exonera a Millet y Montull de la cárcel.

En esos momentos, los fiscales también aumentaron a unos 20 millones de euros el posible agujero que los máximos directivos del Palau habían creado en la institución y subrayaban que “continúan aflorando más depredaciones”. Además, ampliaban la acusación a malversación de fondos públicos, ya que parte del dinero desaparecido provenía de subvenciones oficiales. Ambos reconocieron la apropiación de 3,3 millones de euros, que depositaron en el juzgado para hacer frente a sus responsabilidades civiles. Posteriormebte, las auditorías realizadas por los nuevos gestores del Palau y por la Generalitat elevaron el desfalco a casi 24 millones de euros.