La trama del 'chivatazo' a ETA

“Tiene que ser un madero. No me entra en la cabeza que me haya advertido por teléfono”. El inspector que desde un piso alquilado en Irún, una ‘base ‘en el argot policial, controlaba la baliza colocada en el coche de Joseba Elosua, propietario del bar El Faisán, no daba crédito a lo que escuchaba, y telefoneó de inmediato a su jefe, que coordinaba desde la comisaría de San Sebastián el dispositivo montado el día anterior para desmantelar una red de extorsión de ETA que  operaba a ambos lados de la frontera. “Estamos escuchando cosas muy raras. Elosua dice que un policía le ha avisado de la operación”.

El Faisán era un establecimiento sobradamente conocido por los servicios de información, que lo consideraban una “oficina” del Aparato de Extorsión de la banda terrorista a través del cual se “gestionaba” el cobro del denominado “impuesto revolucionario”. El bar era también una especie de ventanilla a la que acudían intermediarios en busca de asesoramiento para que los amenazados hicieran efectivos los chantajes.

La red de El Faisán dependía directamente del citado Aparato de Extorsión, conocido en clave como Gezi, que, a su vez, estaba a las órdenes del Aparato Militar u Otsagi y del comité de dirección o Zuba. Gezi seleccionaba a los empresarios susceptibles de ser chantajeados y señalaba a los que se negaban a pagar para que los comandos atentaran contra ellos o sus empresas. Entre un paso y el otro se situaba el “trabajo” de la red de El Faisán.

Las primeras pistas

Los primeros datos sobre el papel que jugaba este discreto bar situado en el barrio irundarra de Behovia los había obtenido la Policía en 1993, durante el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora, que permaneció en poder de la banda desde el 6 de julio al 29 de octubre de ese año. Los servicios antiterroristas identificaron entonces a las personas que mediaron en el pago del rescate  y que posteriormente intervinieron también en la liberación de Cosme Delclaux, secuestrado entre el 11 de noviembre de 1996 y el 1 de julio de 1997. Varias de esas personas frecuentaban El Faisán.

Los servicios de información vigilaron desde ese momento el establecimiento en el convencimiento de que podía darles pistas para estrangular la principal fuente de financiación de la banda, hasta que tuvieron la certeza de que la investigación había tocado techo y era el momento de “poner el cascabel al gato”. Identificados los miembros de la red en España y Francia, la operación se planificó para llevarla a cabo de manera simultánea a ambos lados de la frontera cuando se produjera el pago de una extorsión.

El juez Fernando Grande-Marlaska y la magistrada francesa Laurence Levert constituyeron un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre policías de ambos países, una iniciativa inédita hasta ese momento, para llevar a cabo la operación. Al frente del equipo policial español estaba el inspector jefe Carlos G., y Pascal Bonet del francés.

Las intervenciones telefónicas a que eran sometidos los sospechosos permitieron conocer que el 3 de mayo de 2006 iba a tener lugar el pago de la extorsión a un empresario en una sidrería de la localidad guipuzcoana de Oyarzun. Joseba Elosua y Ramón Sagarzazu, miembros de la red, iban a recibir el dinero del chantaje de mano de un intermediario que resultó ser Gorka Aguirre, responsable de las relaciones exteriores del PNV y “fontanero” del partido en sus relaciones con la izquierda abertzale. Al día siguiente, 4 de mayo, el miembro de la red en Francia, José María Cau, cruzaría la frontera para recoger el dinero en El Faisán.

Se activa la “Operación Urogallo”

Tras confirmarse la entrega del dinero el equipo policial que investigaba la trama etarra decidió llevar a cabo la operación el 4 de mayo. La “Operación Urogallo”, como se “bautizó” el operativo, preveía que cuando José María Cau hubiese recogido el dinero en El Faisán y se dispusiera a cruzar de nuevo a Francia sería sometido en la frontera a un control aparentemente rutinario, y  de confirmarse que llevaba el dinero consigo se procedería a su detención y se activaría el plan en ambos países.

En nuestro país el dispositivo preveía la detención de Gorka Aguirre, lo que sin duda iba a provocar un terremoto en Sabin Etxea, la sede del PNV, no sólo porque se trataba de un dirigente, sino porque el mismo día en que estaba prevista Rodríguez Zapatero iba a recibir en La Moncloa al presidente del partido, Josu Jon Imaz, que iba a trasladarle el apoyo de los peneuvistas al proceso de paz abierto con ETA.

Carlos G. y su jefe, el comisario José C, jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), comunicaron el mismo 3 de mayo la decisión de poner en marcha la operación al máximo responsable policial de la lucha antiterrorista, el comisario general de Información Telesforo Rubio, que les ordenó que pusieran los hechos en conocimiento del juez Grande-Marlaska, con lo que la operación quedó judicializada desde ese momento.

Si Telesforo Rubio consultó la puesta en marcha de la operación con sus inmediatos superiores del Ministerio del Interior (el subdirector general Operativo, comisario Miguel Ángel Fernández-Chico, o del director general de la Policía, Víctor García Hidalgo) antes de judicializarla es una duda por resolver. Lo lógico es que lo hubiera hecho, pero a la vista de lo ocurrido después es muy probable que para cuando los altos cargos del departamento supieron que Gorka Aguirre iba a ser detenido al día siguiente el juez Marlaska ya hubiera emitido la orden detención y de entrada y registro en su domicilio. De otro modo podría haberse pospuesto el dispositivo para evitar que coincidiera con la reunión de Zapatero e Imaz en La Moncloa.

Un error imperdonable

La mañana del 4 de mayo, los policías encargados de llevar a cabo la operación (miembros del ECI y de la comisaría de San Sebastián) observaron con sorpresa como Joseba Elosua abandonaba precipitadamente El Faisán y, a bordo de su coche y acompañado de su yerno, Carmelo Luquin, se dirigía a Francia. Este hecho trastocaba el plan tal y como había sido concebido, ya que lo esperado es que fuese el etarra José María Cau quien viajase a España para hacerse cargo del dinero. La operación tenía que activarse por fuerza en Francia.

Los investigadores desconocían en ese momento que poco antes una persona había entrado por la puerta trasera del local, había abordado a Elosua y le había entregado un teléfono móvil para que otro desconocido le alertara de la operación policial en marcha. Un hecho que habría pasado completamente desapercibido si Elosua no hubiese incurrido en un error imperdonable: contar a su yerno lo que acababa de ocurrirle. Claro, que desconocía que su vehículo estaba “balizado” y la policía escuchaba la conversación.

“Estamos escuchando cosas muy raras. Elosua dice que un policía le ha avisado de la operación”. La sorpresa del policía que escuchaba la baliza siguió la cadena de mando hasta llegar a Carlos G., que ordenó a otro de sus hombres que se desplazara hasta la ‘base’ para asegurarse del contenido de la grabación, la transcribiera y se encargara de su custodia.

Mientras tanto, el dispositivo policial en Francia controlaba el encuentro de Elosua y Luquin con José María Cau en Bayona. La entrega de unos periódicos y unos sobres hizo pensar a los agentes que se trataba del dinero de la extorsión y pidieron a sus homólogos franceses que les acompañaban que procedieran a la detención de los etarras, ante la imposibilidad material de hacerlo ellos. Para su sorpresa, éstos se negaron a intervenir. En definitiva, la operación prevista contra la red de extorsión de ETA, concertada de mutuo acuerdo por los jueces Grande-Marlaska y Levert para pillar in fraganti a los terroristas se frustraba en España debido a un chivatazo y se frustraba también en Francia por la pasividad de la Policía francesa.

Comienza la investigación

Sin embargo, el ‘chivatazo’ no se pondría en conocimiento del juez Grande-Marlaska hasta la mañana del lunes 8 por el jefe de la UCI, José C. que, ante la sorpresa del magistrado, afirmó que los autores de la misma habían podido actuar en virtud de una obediencia debida, lo que inducía a sospechar que la misma había sido protagonizada por policías siguiendo instrucciones de algún responsable político.

Al día siguiente, martes 9, el entonces titular del juzgado central de Instrucción número 5, encargaba oficialmente a Carlos G. y a dos inspectores a sus órdenes la investigación del chivatazo y les ordenaba que no informaran a sus superiores del resultados de sus pesquisas, que se incorporarían a una pieza separada declarada secreta. La confianza del juez en el citado agente se sustentaba en un hecho objetivo, que estaba con él en su despacho cuando se produjo la filtración y juntos intentaron poner en marcha la operación en Francia sin conseguirlo.

Los investigadores elaboraron un primer informe en el que informaban al juez de las personas que conocían los datos que el interlocutor anónimo había trasladado a Elosua y concluían que sólo tres funcionarios estaban al tanto de determinadas informaciones restringidas. El primero estaba en la comisaría de Bayona cuando tuvieron lugar los hechos, otro más en la comisaría de San Sebastián, y el tercero estaba reunido con el delegado del Gobierno en San Sebastián. Obviamente, sus superiores también estaban al tanto de las mismas, lo que ampliaba las sospechas.

El equipo policial reconstruyó entonces los movimientos de Elosua para determinar la hora en que pudo producirse la filtración. Comprobaron que salió de su domicilio entre las 11,04 y las 11,06 horas, que llegó a El Faisán a las 11,08 horas y que la persona que lo abordó lo hizo entre 10 y 15 minutos después de llegar él, entre las 11,20  las 11,25 horas, según declaró el propio Elosua al ser detenido el 20 de junio. Además, la llamada del móvil que le alertó era saliente, porque la persona que entró en el bar llamó en su presencia, y que la conversación fue superior a los cinco minutos.

Tres sospechosos

Los datos recabados de las compañías telefónicas sobre las llamadas registradas en los repetidoras de la zona del bar El Faisán arrojaron un total de 1.932 comunicaciones entre las 11,10 y las 12 horas del 4 de mayo, aunque aplicando los criterios de llamadas salientes, registradas entre las 11,10 y las 11,40 horas y con una duración superior a los cuatro minutos aquéllas se reducían a 63.  El siguiente paso de los investigadores fue identificar y tomar declaración a los titulares de los citados teléfonos, descartándose su implicación en los hechos salvo en un caso.

La llamada saliente había sido realizada desde el teléfono particular de un inspector destinado en Vitoria, José María B. al móvil oficial del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies. Casualmente se trataba de la única que se había producido entre policías y coincidía plenamente con la que se estaba buscando: era saliente, se había producido a las 11,23 horas y tenía una duración superior a los ocho minutos.

Tras ésta llamada, las dos primeras que realizó inmediatamente después el jefe superior estaban dirigidas al director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, que no le respondió porque en ese momento asistía en la sede del Ministerio del Interior a la toma de posesión del nuevo director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida. Cuando concluyó García Hidalgo devolvió la llamada a su subordinado a las 11,53 horas.

Con esta secuencia, los investigadores indagaron también en las llamadas registradas entre los sospechosos la tarde-noche del día anterior al chivatazo, comprobando que cuando el operativo para el día siguiente ya estaba ultimado el director general de la Policía habló durante once minutos con el Comisario General de Información y acto seguido telefoneó al jefe superior del País Vasco, con quien habló durante 28 minutos. Éste, a su vez, comunicó con Víctor García Hidalgo en dos ocasiones y, finalmente, a las 00,06 horas, ya del día 4 de mayo, el jefe superior habló con el inspector de Vitoria.

Conclusiones por confirmar

Con esta secuencia los investigadores concluyeron que la filtración tenía como único objetivo evitar la detención de Gorka Aguirre para no hacerla coincidir con el encuentro entre Rodríguez Zapatero y Josu Jon Imaz, y que la única forma de hacerlo era reventando la operación en España. El inesperado desplazamiento de Elosua a Francia obligó también a frustrarla en el país vecino.

El equipo policial  concluyó también que fue el inspector José María B. quien abordó a Elosua en El Faisán y le entregó el teléfono a través del cual Enrique Pamies, jefe superior de Policía del País Vasco, le alertó de la operación policial en marcha por orden o sugerencia de Víctor García Hidalgo, director general de la Policía. Éste fue cesado de su cargo el 8 de septiembre posterior. El inspector José María B. ha ascendido a comisario y actualmente está destinado en Bilbao. Enrique Pamies sigue al frente de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco. Telesforo Rubio, comisario general de Información fue destinado como agregado a la embajada española en Moscú, y Carlos G., el hombre que investigó la ‘filtración’ y acusó a altos cargos de Interior de estar al frente de la misma, desarrolla ahora su trabajo en la Unidad de Asuntos Internos, encargada precisamente de perseguir la corrupción dentro del Cuerpo.

Transcurridos tres años desde que se iniciara la investigación, que durante todo este tiempo se ha mantenido en secreto, el juez Baltasar Garzón, que se hizo cargo de la causa a su regreso de Estados Unidos tras un año de excedencia por estudios, debe decidir ahora si da carpetazo al tema y lo archiva, como le pide el fiscal o, por el contrario, decide proseguir la investigación como le reclaman las acusaciones particulares. Los pasos dados por el magistrado durante esta semana, con la desestimación de la práctica totalidad de las diligencias solicitadas por las acusaciones, apuntan más en la primera dirección.