El choque del Gobierno con los tribunales retrasa la entrega de los piratas a Kenia

El Gobierno instó a actuar a la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado contra el auto del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que decretó la libertad de los piratas detenidos en Somalia, con el objetivo de que esa liberación no llegue a producirse. Fuentes del Ejecutivo informaron que hay una acción concertada de los Ministerios de Defensa, Asuntos Exteriores y Justicia para impedir que eso llegue a ocurrir.

De esta forma, las fuentes citadas han informado de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero solicitó a la Fiscalía General del Estado la interposición de un recurso contra el auto del juez Andreu que permitía la libertad de los detenidos en el buque Marqués de la Ensenada. Asimismo, dio instrucciones a la Abogacía del Estado para personarse en la causa mediante la presentación de un recurso que, previsiblemente, se hará efectivo mañana.

Todo ello con el objetivo de impedir que los detenidos queden en libertad y lograr que puedan ser sometidos a la jurisdicción de Kenia de acuerdo con lo previsto en el canje de cartas existente entre este país y la Unión Europea. Se intenta que no se vacíe de contenido ese acuerdo internacional así como las operaciones en curso contra la piratería en aguas somalíes. Para el Gobierno, no tiene sentido que, por un debate procesal, acaben siendo liberadas unas personas que han cometido un hecho delictivo, máxime cuando se actúa en aguas de Somalia en una operación de la Unión Europea.

Son catorce los detenidos que se encuentran a bordo del buque Marqués de la Ensenada que se dirige a Djibouti y cuyo futuro está pendiente de la decisión judicial. El juez Andreu decretó ayer la libertad de los siete piratas detenidos el miércoles (los otros siete fueron detenidos al día siguiente) ya que la Fiscalía -que un día antes pidió su ingreso en prisión- cambió de opinión y solicitó que esa medida quedara sin efecto y que los arrestados fueran entregados a Kenia.

El Ministerio Público fundamentó su nuevo criterio en el acuerdo suscrito el pasado 6 de marzo entre la UE y Kenia para entregar y juzgar en este país africano a los supuestos piratas capturados durante la "operación Atalanta". No obstante, Andreu, quien decidió no archivar la causa -tal y como también solicitó la fiscal-, no accedió a la entrega de los piratas a Kenia.

Asimismo, el Gobierno está haciendo gestiones con las autoridades de Kenia para un "eventual traslado" a este país de los catorce piratas que siguen arrestados en el petrolero español "Marqués de la Ensenada", según informó ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Moratinos, en declaraciones a los periodistas en un acto en Córdoba, ha justificado el posible traslado a Kenia en virtud del acuerdo que este país tiene firmado con la UE para hacerse cargo de los piratas capturados en alta mar en el marco de la "operación Atalanta", que en la actualidad está bajo mando español.

Según Moratinos, el Gobierno "siempre respeta las decisiones judiciales", pero ha puntualizado que el convenio entre Kenia y la UE se puede aplicar de forma provisional aunque aún no lo haya ratificado el Parlamento. En línea con la postura del Ejecutivo, la Fiscalía ha recurrido la decisión del juez Andreu de no entregar los piratas a Kenia, de lo que se interpreta que el traslado a este país africano no se llevaría a la práctica hasta que se resuelva el recurso.

Moratinos negó que haya discrepancias con el Ministerio de Defensa, sino "plena concertación" para solucionar este asunto. Defensa aseguró que está a la espera de la decisión del juez para actuar en consecuencia, aunque insiste en que tiene elementos suficientes que acreditan la actividad delictiva de los catorce piratas capturados en el Golfo de Adén.

El departamento que dirige Carme Chacón comunicó los arrestos a la Audiencia Nacional y le aportó "pruebas evidentes" de que habían cometido un delito de piratería, razón por la cual Andreu, a solicitud de la Fiscalía, ordenó el ingreso en prisión y su traslado a España para tomarles declaración. El cambio de criterio del Ministerio Público fue el motivo por el que el juez también diera marcha atrás y decretara la liberación, aunque sin archivar la causa.

A bordo del "Marqués de la Ensenada"

A la espera de que se resuelva este embrollo jurídico, los piratas siguen a bordo del "Marqués de la Ensenada", aunque Defensa no ha precisado dónde se encuentra el petrolero, que junto a la fragata "Numancia", componen la aportación naval de España en la misión de la UE. Uno de los arrestados ha sido evacuado a la base francesa que hay en Yibuti, al norte de Somalia, para ser tratado de las heridas que sufre. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se ha mostrado convencida de que tanto el Ministerio de Defensa como el de Justicia darán "la mejor solución jurídica" a la situación de los corsarios.

Espinosa, en un acto en Vigo, ha admitido que la cuestión es "muy compleja" desde el punto de vista legal, aunque ha dejado claro que España seguirá adelante con la defensa de la flota pesquera que faena en la zona. El PP ha eludido pronunciarse sobre este asunto al considerar que está en manos de los tribunales, según fuentes de este partido.

IU, a través de su eurodiputado, Willy Meyer, ha reclamado al Gobierno que aclare "cuanto antes" la situación de los detenidos y el papel de España en la operación "Atalanta". Según Meyer, mandar una fuerza militar a un lugar del mundo "sin cobertura legal" es "un poco insólito" y da a entender la "improvisación" con la que está actuando el Ejecutivo.