ERC demanda a España por la opacidad presupuestaria de la Casa Real

Dos años después de que la Mesa del Congreso rechazara responder a un centenar de preguntas sobre la Casa Real presentadas por ERC, su demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por "opacidad" llega hoy a Estrasburgo de la mano del diputado Joan Tardà y la secretaria de política internacional y número 2 por Esquerra a las elecciones europeas del próximo mes de junio, Marta Rovira.

 

En aquella batería de preguntas presentadas en abril de 2007 por Tardà, se pedía al Gobierno que informase sobre diversos ámbitos relacionados con el Rey y la Casa Real, como la fiscalidad, el uso del patrimonio público, los “ingresos atípicos”, la competencia lingüística de la Familia Real y datos sobre actividades privadas del Rey (como las cacerías en Rumanía y Ucrania), entre otras cuestiones. Sólo IU-ICV apoyó esta iniciativa.

 

Asimismo, Tardà presentó una Proposición no de Ley que instaba al Gobierno a presentar cada año la liquidación presupuestaria de todas las partidas relacionadas directa o indirectamente con la Casa Real y contenidas en el ejercicio presupuestario anterior.

 

Pero ambas peticiones fueron rechazadas por la Mesa del Congreso, al considerar que, tal y como está establecido en la Constitución española, el Rey tiene un presupuesto propio, que puede gestionar libremente -dentro del título II, ‘de la Corona’, el primer punto del artículo 65, referente a ‘la Casa del Rey’, hace mención expresa a que “el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”-.

 

Los republicanos reprocharon que el rechazo a las preguntas y a la Proposición no de Ley vulneraba su labor parlamentaria como fuerza de la oposición, considerando que el veto a lograr información sobre las cuentas del jefe del Estado es "lo más arcaico y retrógrado del parlamentarismo" en una España en la que "todo el mundo hace bandera de la transparencia", y recurrieron ante el Tribunal Constitucional, que no admitió a trámite su recurso de amparo.

 

Agotadas todas las vías de recurso en España, el partido independentista ha llevado el caso al Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa argumentando que se ha producido una vulneración del derecho a un proceso equitativo. Para ello se amparan en el artículo sexto del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales que dice en su punto primero que “toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella (...)”.