El Congreso investiga a dos letrados del despacho de Michavila por sus actividades en Boadilla

El Congreso de los Diputados exigirá a dos letrados del despacho del diputado ‘popular’ José María Michavila que informen si sus actividades privadas son compatibles con el Estatuto del personal de las Cortes. El secretario general del Congreso anunció que investigará a Alberto Dorrego y Andrés Jiménez por su actividad como abogados y asesores del Ayuntamiento de Boadilla, uno de los epicentros de corrupción del ‘caso Gürtel’.

Según adelantó El País y confirmaron fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso fue informada hoy del inicio de la investigación, cuyo detonante han sido las diversas noticias publicadas por El Confidencial, donde se denuncian los contratos que el bufete de Michavila, Eius Abogados, consiguió con el consistorio de Boadilla, gobernado por el PP.

En el Estatuto que rige a los letrados del Congreso queda claramente establecida la incompatibilidad de “percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismo y Empresas de ellos dependientes”. Esto incluye cualquier “derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional”:

En otro punto, se prohíbe “el ejercicio de actividades privadas lucrativas, mercantiles, profesionales o industriales, siempre que pudiera comprometer la imparcialidad o la independencia del funcionario, o impedir o menoscabar el cumplimiento de sus deberes”. Asimismo, se considera incompatibilidad desempeñar “por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público”.

Michavila, Boadilla y la SGAE

Eius Abogados defendió al Ayuntamiento de Boadilla en el contencioso por el polémico ‘regalo’ a la Sociedad General de Autores (SGAE) del Palacio del Infante don Luis. El ex alcalde, Arturo González Panero, uno de los principales implicados en la operación anticorrupción que dirige Baltasar Garzón, concedió a la SGAE la explotación por un plazo de 75 años del palacio, considerado Bien de Interés Cultural.

Dorrego, director de Eius y ex director general de Michavila cuando éste ostentaba el cargo de ministro de Justicia, también colabora con los negocios de otro de los imputados en ‘Gürtel’, el empresario José Luis Ulibarri. Pero las conexiones entre el despacho de Michavila y Boadilla no acaban ahí. Carlos Ruiz Cabrera, director técnico jurídico del Ayuntamiento, se incorporó en 2006 a Eius, sustituyendo a otro hombre de Michavila, Francisco Javier González Sánchez, alias Farruquito. Además, González se convirtió en junio de 2007 en director jurídico “por decreto del señor alcalde presidente”, Panero.  

El propio Michavila también está bajo sospecha por la supuesta incompatibilidad de su condición de diputado y abogado de Eius. El ex ministro está sujeto al Régimen Electoral General (LOREG), cuyo Capítulo II incluye como incompatibilidades el desempeño de cualquier otro puesto público o privado retribuidos. En particular, es en todo caso incompatible la actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se paguen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local.