Dos inspectores de Malaya dimitieron por no dejarles investigar a ‘JAG’, el policía de Roca

No es la primera vez que el  ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene que dar la cara por su hombre de máxima confianza, el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González (JAG). El miércoles le defendió de las peticiones de dimisión que le exigían desde las filas del PP en el parlamento. Dijo de él que era un "profesional honesto" y se negó a destituirle. Esta situación es parecida a la que vivió hace dos años en el seno interno de la misma Dirección General de Policía. Entonces, recomendaron a Rubalcaba que sustituyera a Juan Antonio González por el  jefe Superior de Policía de Madrid, Enrique Barón, dado el malestar que había provocado la aparición de las siglas de JAG en la agenda de Juan Antonio Roca (ver noticia).

 

Desde Interior no sólo desoyeron estas voces internas a favor de Barón, sino que impidieron, según denunciaron desde diferentes sectores sindicales de la Policía, que se prosiguiera con la investigación en las unidades adscritas al caso. Como resultado, los máximos responsables policiales del Caso Malaya, dos inspectores del grupo III de Blanqueo, dimitieron en plena investigación del caso por las trabas que les estaban poniendo para “desvelar” lo que había detrás del alto mando policial “que cobraba cantidades millonarias por informar a Juan Antonio Roca”.

Cuando los dos agentes de la Udyco Costa del Sol presentaron la renuncia ante el  juez Torres, éste no se opuso. Sin embargo, los mandos policiales de los que dependían no vieron con buenos ojos esa petición. Los sindicatos policiales aseguraron “que la falta de apoyo denunciada por los agentes era referente a la carencia de medios de los investigadores para poder llevar las pesquisas hasta mandos dentro de la policía, personajes relacionados con la Junta de Andalucía, así como a miembros de la Generalitat Valenciana, corporaciones locales de Alicante y Murcia, además de a primeras figuras del mundo del espectáculo”.

Ya en el mes de enero de 2007, responsables de Asuntos Internos trataron de verificar en base a los listados oficiales quién se escondía detrás de las iniciales JAG, tras la investigación abierta en la pieza separada de Malaya dictada por Torres por presuntos delitos de cohecho y revelación de secreto. En un auto fechado el 15 d enero de 2007, tal y como ya desveló El Confidencial, el juez Miguel Torres defendía a JAG como “una persona que conoce bien la estructura interna policial”. Prueba de ello es la información que Roca obtuvo del comisario marbellí que ocupó la sede policial antes de que se hiciera oficial su nombramiento.

En la información incautada sobre la contabilidad interna de Roca de la empresa Maras Asesores, se indica que “JAG se puso en contacto telefónico con Roca en diciembre de 2006”, un mes después de que el juez Torres abriera diligencias previas a Malaya. En su auto, el magistrado refleja textualmente que “dicho policía nacional pudo haber sido gratificado a cambio de facilitar información privilegiada sobre el procedimiento”. Dentro de la aportación que JAG hizo a Roca se detallaba, además del nombre del comisario Francisco García de Paula, el del Comisario Jefe de Udef que llevaría su caso, José Luis Oliveras, y el de otro responsable de seguridad ciudadana en la sede de la Policía Nacional en Madrid.

Estas notas de Roca sobre los mandos policiales se obtuvieron en un registro judicial el 4 de abril del 2007.

 

Roca hizo desparecer quince cajas con documentos

Gracias a la información que Roca recibió de “este policía”, el cerebro de Malaya se llevó quince cajas de documentos sobre sus sociedades de las que nadie sabe su paradero. Alguien le dio el chivatazo. El ‘jefe’ fue alertado en el 2005  de que la Policía había comenzado a husmear en sus talones. Y de que esta vez iba en serio. Así, el ex asesor de Urbanismo de Marbella, el hombre  de acero que presumía en círculos íntimos de tener confidentes en las fuerzas de seguridad, los juzgados, Hacienda… se tomó muy a pecho “la información privilegiada que recibió y que pagó” y comenzó a quitar pruebas de en medio.

En noviembre del 2005, coincidiendo con las primeras gestiones policiales sobre la trama, Roca empezó a ordenar a sus secretarias que “despareciera  toda la documentación que había referente a él y a (las sociedades) Maras, Marqués de Velilla, Beauty, Toros de san Miguel, Marbella Airways, Masdevallia, Condeor, One Properties...”. Una de sus secretarias, Ainhoa C.G., dijo entonces: “Creo que el señor Roca dio esas instrucciones porque no quería que la gente supiera que esas sociedades son suyas. Y creo además que quería abandonar Marbella. Yo misma guardé toda la documentación en varias cajas, al menos quince, que contenía más de mil carpetas. Desconozco dónde fueron llevadas”. Estas quince cajas de las que habló esta trabajadora nunca aparecieron y sin sin duda estas pruebas  hubiesen facilitado mucho la labor al juez.