La Audiencia Nacional investigará a siete militares de Israel por un ataque en Gaza en 2002

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes un delito contra la humanidad por un ataque "desproporcionado" en la franja de Gaza, el 22 de julio de 2002, en el que murieron un líder de Hamás y catorce civiles.

Andreu admite así a trámite la querella que interpuso el Centro Palestino para los Derechos Humanos por estos hechos: el lanzamiento desde un avión de combate israelí, un F-16, de una bomba de una tonelada en el barrio de Al Daraj contra la casa del dirigente de Hamás Salah Shehade, que se saldó con su muerte y la de catorce civiles -la mayoría niños y bebés- e hirió a 150 personas.

Este ataque "contra la población civil", según indica Andreu en el auto en el que admite la querella, "es producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva" y advierte de que, "si en el curso de este procedimiento se prueba" que responde a "una estrategia preconcebida", podría dar lugar a una calificación "más grave" de los hechos.

En su resolución, Andreu acuerda cursar una comisión rogatoria a la Autoridad Nacional Palestina para poder desplazarse a la franja de Gaza a tomar declaración a los querellantes, testigos y víctimas de este ataque, y otra al Gobierno israelí para notificar este auto a los imputados, con el objeto de citarles para ser interrogados. Sin embargo, todo indica que Israel no colaborará, ya que, según explica el propio Andreu en su auto, la decisión de admitir la querella la ha adoptado tras "no haber recibido respuesta alguna a la solicitud formulada" al Estado de Israel sobre si se estaba investigando ya este ataque.

Según Andreu, "a la vista" del relato de hechos de la querella, "nos encontraríamos ante la existencia de un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo", que debe ser considerado "indiciariamente" como un delito contra la humanidad que puede ser investigado por la Justicia española en virtud del principio de jurisdicción universal.

En el bombardeo, según la querella, la casa de Shedade fue alcanzada, pero también lo fue la ocupada por la familia Mattar, lo que causó la muerte a siete de sus miembros. En total fallecieron el líder de Hamás, su mujer, su hija y su guardaespaldas y otras once personas -la mayoría de ellos niños y bebés-, y 150 resultaron heridas, algunas con lesiones graves. Entre los imputados destacan, además del ex ministro de Defensa, su ex asesor militar, Michael Herzog, el ex jefe del Estado Mayor general Moshé Yaalón, y el comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes cuando se produjo el ataque, Dan Halutz.

También figuran el general al mando del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa, Doron Almog, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad y Asesor Nacional de Seguridad, Giora Eiland, y el director del Servicio General de Seguridad, Abraham Dichter.

El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por su siglas en inglés) presentó una demanda en el Reino Unido contra el que fuera jefe del Distrito Sur del Ejército israelí, general Dorón Almog, por su supuesta participación en crímenes de guerra en la franja de Gaza cuando ocupaba ese cargo. Almog, que viajó a Londres de vacaciones con su familia en septiembre de 2005, se vio obligado a regresar sin siquiera descender del avión al ser advertido de que si lo hacía sería detenido por la policía.

Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tiene pendiente decidir si admite a trámite una querella presentada este mes por la Asociación Intercultura contra los líderes políticos y militares de Israel por la actual ofensiva en Gaza.