Empieza la campaña electoral vasca: Ibarretxe se sienta mañana en el banquillo

La campaña electoral en el País Vasco arranca, oficialmente, el próximo 13 de febrero. Pero, de facto, el pistoletazo de salida se dará mañana en Bilbao. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, se sentará en el banquillo de los acusados por haberse reunido con Batasuna durante la fallida tregua de ETA. Pero no será el único. Su rival directo en las urnas, el socialista Patxi López, también deberá responder ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) como presunto cooperador, al igual que Ibarretxe, en un delito de desobediencia por dialogar con una formación ilegalizada. Ambos compartirán banquillo con Arnaldo Otegi, ex portavoz de la izquierda abertzale. El circo electoral ha comenzado.

La vista oral podría prolongarse hasta el próximo 29 de enero, ya que están citados más de medio centenar de testigos, la mayoría a propuesta de Ibarretxe, que basará su defensa en que los dos encuentros que mantuvo con la cúpula de Batasuna sólo buscaban el final de la violencia terrorista. Eso significa que el juicio que se inicia mañana va a dominar gran parte de la precampaña electoral, aunque aún está por ver si el PNV apelará al victimismo -es la primera vez que un lehendakari se sienta en el banquillo- para obtener réditos políticos.

Pese a que algunos observadores sostienen que una de las razones que han llevado a Ibarretxe a adelantar las elecciones al 1 de marzo es, precisamente, la posibilidad de explotar ese victimismo gracias a la cercanía entre el juicio y los comicios, parece obvio que el hecho de que el lehendakari comparta banquillo con López, su principal rival, le resta fuerza a ese argumento. El trance resultará mucho más incómodo para el candidato socialista, que, desde el punto de vista electoral, tiene muy poco que ganar en este juicio, puesto que, a diferencia de Ibarretxe, no podrá apelar a la supuesta confrontación entre Euskadi y el Estado.

Otra cosa bien distinta es cuándo se hará pública la sentencia condenatoria o absolutoria, que podría estar redactada, según fuentes jurídicas, para finales de febrero, es decir, pocos días antes de la cita ante las urnas. Lo razonable sería que el tribunal retrasara su difusión para evitar influir sobre el resultado de los comicios, y existen precedentes bien cercanos de una conducta similar: en 2007, el Tribunal Supremo pospuso dar a conocer una sentencia contra Otegi precisamente para no interferir en las elecciones municipales y forales de aquel año.

Ayer, el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, dijo que "tratándose de la más alta representación institucional de Euskadi y del principal líder de la oposición, lo deseable sería que el juicio tardase el menor tiempo posible para no interferir en la actividad política de estos dirigentes". González-Guija se mostró seguro de que "se dicte la resolución que se dicte, el asunto acabará en el Tribunal Supremo", y expresó su confianza en que la Justicia tendrá en cuenta que tanto Ibarretxe como López se reunieron con miembros de Batasuna para "buscar la paz" y con el convencimiento de "no estar cometiendo delito alguno".

"Cooperadores necesarios"

Ibarretxe, López y Rodolfo Ares, portavoz del Partido Socialista de Euskadi (PSE), comparecerán en calidad de imputados ante el tribunal como "cooperadores necesarios" en la comisión de un presunto delito de desobediencia por haber mantenido varias reuniones en 2006, en plena tregua de ETA, con la cúpula de Batasuna. La acusación, ejercida por el Foro de Ermua y el colectivo Dignidad y Justicia, pide entre nueve meses y tres años de cárcel para todos ellos -dos años y nueve meses en el caso de Ibarretxe- por entender que esos encuentros vulneraron la ilegalización dictada por el Tribunal Supremo contra Batasuna por formar parte del entramado de ETA.

Los otros cinco imputados son los dirigentes de la izquierda abertzale que encabezaban la delegación que fue recibida por Ibarretxe, primero, y más tarde por López y Ares: además de Otegi, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Juan José Petrikorena y Olatz Dañobeitia. Sobre todos ellos, que se enfrentan a unas penas de entre uno y cuatro años, pesa la acusación de haber cometido un presunto delito de desobediencia por desafiar la sentencia de ilegalización del Supremo.

Los tres magistrados que enjuiciarán el caso -Manuel Díaz de Rábago, Juan Carlos Benito y José Antonio Subinas- aceptaron admitir todas las pruebas solicitadas por las partes, con la única excepción de la documentación en poder del Centro de Diálogo Henri Durant -la organización suiza que hizo de intermediaria en las negociaciones celebradas durante el llamado proceso de paz- sobre las reuniones mantenidas entre los dirigentes de Batasuna y del PSE en 2006, petición que había sido planteada por el Foro de Ermua.