Convivencia Cívica reclama acciones penales si Maragall no aplica la sentencia del TS sobre el castellano

La sentencia del Tribunal Supremo obligando a la Generalitat de Cataluña a preguntar a los padres en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos -sólo en los ciclos de educación infantil y primaria- ha calentado el fin de año en Cataluña. La organización que presentó el recurso en febrero del año 2000, Convivencia Cívica Catalana, pedirá al Supremo la ejecución inmediata de dicha sentencia, según manifestó el presidente de esta entidad, Francisco Caja, a El Confidencial. Y en el caso de que la Generalitat hiciera caso omiso de nuevo, existe un procedimiento forzoso para su obligado cumplimiento, bajo riesgo de multa. Si aún así no se aplicara, se podrán pedir responsabilidades penales al consejero de Educación, Ernest Maragall.

 

Convivencia Cívica está dispuesta a llevar el caso, pues, hasta las últimas consecuencias, aunque Caja reconoce que “en este país sale muy barato desobedecer a los tribunales, como lo demuestra la sentencia contra Atutxa. El mismo principio podría aplicarse en este caso a Maragall”. Juan María Atutxa fue condenado a inhabilitación especial y a una multa de 18.000 euros porque, como presidente del Parlamento vasco, se negó a disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna en el 2003, tal y como le había ordenado el propio Tribunal Supremo.

El diputado de Ciutadans Antonio Robles también recordó ayer que hay tres sentencias sobre este tema que el Gobierno autonómico no ha aplicado y que demuestran los “atropellos de la política lingüística de la Generalitat”. El Gobierno autonómico ya se había apresurado a salir al paso de la sentencia, por medio del secretario de Política Lingüística, Bernat Joan, diciendo que el fallo del alto tribunal “no cambiará en nada nuestro modelo lingüístico”.

Pleitos administrativos

La oposición, sin embargo, cree lo contrario. Para el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, la sentencia “deslegitima y entierra el modelo de inmersión obligatoria desarrollado por el nacionalismo en los últimos 25 años”. Cañas señaló ayer que la inmersión que se lleva a cabo es “ilegal y educativamente perversa”, por lo que “ha habido una prevaricación moral continua, porque sabían que no tenían razón y estaban vulnerando los derechos de los ciudadanos negándoles la posibilidad de elegir su idioma”.

Su compañero de partido Antonio Robles aseguró también que su formación “ayudará a todos los padres que hayan pedido y no hayan conseguido que sus hijos sean escolarizados en castellano desde los 3 a los 8 años para que exijan al Gobierno de José Montilla el resarcimiento por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento sistemático de la ley”. Los pleitos que se puedan abrir, no obstante, serán meramente administrativos, según manifestaron a El Confidencial fuentes de Ciutadans. “Un pleito penal está, de momento descartado y un pleito civil se prolongaría demasiado en el tiempo, aunque los servicios jurídicos trabajan para estudiar de qué forma pueden ser más efectivos”, subrayaron las mismas fuentes.

Por un modelo plurilingüe

En la vertiente nacionalista, sin embargo, la sentencia se lee con otros ojos. La Plataforma per la Llengua emitió un comunicado en el que señala que “el uso de la lengua catalana en la enseñanza constituye un modelo de cohesión social”, que el castellano tiene privilegios sobre el catalán y que éste “es la lengua que nos une a todos y a todas”.

La Plataforma concluye que es preciso apostar por un “modelo educativo plurilingüe, en el cual se promueva el conocimiento y el uso de las diversas lenguas habladas en ‘casa nostra’, que son catalanas, con el catalán como lengua común”. Asimismo, aboga por la inmersión lingüística actual y pide a los partidos políticos que “especialmente blinden y extiendan el modelo de escuela catalana a las actuaciones del Gobierno y a la nueva ley de educación que actualmente se está debatiendo”.

La Plataforma recuerda también que “este mismo otoño, el Consejo de Europa -que no es organismo comunitario- avaló el modelo lingüístico de la escuela catalana de Cataluña y recomendó al Estado español que lo aplique a otras comunidades con lengua propia”. El Consejo, en un informe emitido el pasado mes de septiembre, detectó que España no cumplía la Carta Europea para la Protección de las Lenguas Regionales y Minoritarias, que fue suscrita por España y que entró en vigor en el año 2001.

Segregados en la escuela

Fuentes cercanas a la Plataforma señalan que con el actual sistema no existe conflicto lingüístico alguno y que el último año sólo pidieron la escolarización en castellano una quincena de familias. Ante esta afirmación el presidente de Convicencia Cívica Catalana pone el grito en el cielo. “Hay media docena de pleitos en los tribunales -señala Caja-. Y con el sistema que hay, al pedir la escolarización en castellano, se segrega al niño de la clase. Se le pone en un rincón y se le trata como a un bicho raro. Y en la clase, la maestra o el maestro explica en catalán las asignaturas y de vez en cuando se dirige al niño castellanohablante para saber si ha entendido y ofreciéndose a explicárselo en castellano. Por tanto, ésta es una medida disuasoria, porque si un padre sabe que su hijo va a estar discriminado de esta manera, ya no pide la escolarización en castellano”.

Caja va más allá y denuncia que “en Cataluña, el Gobierno está dispuesto a imponer la inmersión lingüísica como sea. Es el único lugar del mundo donde se obliga, de manera coactiva y obligatoria, a enseñar en un idioma. Ni siquiera ocurre esto en Quebec, donde, desde 1982, se introdujo el derecho a elegir el idioma de la enseñanza, ya sea inglés o francés. Y Cataluña es también el único caso en el mundo en que el idioma oficial de todo el Estado está prohibido. Esto es consecuencia del empeño de los talibanes lingüísticos que nos gobiernan, pero también se debe a la dejación del Gobierno español, que aceptó la inmersión lingüística como moneda de cambio para que los nacionalistas apoyasen al Gobierno de turno, fuese del PSOE o del PP”.