El Gobierno está dispuesto a movilizar al Ejército para evitar el desabastecimiento

El Gobierno no descarta movilizar a las Fuerzas Armadas para garantizar el abastecimiento de combustible y alimentos a la población en caso de que el conflicto desatado por el alza del precio del gasóleo amenace con provocar una situación de emergencia por la escasez de productos básicos, según han asegurado a El Confidencial fuentes del Ejecutivo.

Los optimistas pronósticos lanzados hasta ahora por el Gobierno, que se mostraba seguro de poder desactivar el conflicto a mediados de esta misma semana, se han visto desbordados por la fuerza de los hechos. Y el gabinete de crisis que coordina desde La Moncloa la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ya baraja el peor de los escenarios posibles: que los paros protagonizados por los transportistas degeneren en una situación de desabastecimiento generalizado y provoquen una gran alarma social.

Para evitar el caos que la falta de productos básicos desataría entre la población, el Gobierno está dispuesto a activar, si fuera necesario, la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada en 2005 por expreso deseo de José Luis Rodríguez Zapatero para hacer frente no sólo a catástrofes naturales de gran magnitud, sino también a situaciones de crisis como la actual.

Las fuentes consultadas aseguran que la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio autoriza al Ejecutivo a recurrir a las Fuerzas Armadas "cuando se producen alteraciones graves de la normalidad", y que la propia Constitución le faculta para declarar el estado de alarma "en situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad o de paralización de servicios públicos esenciales".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió ayer de que el Gobierno actuaría con "contundencia y firmeza" frente a los piquetes de huelguistas para "garantizar los derechos de los ciudadanos", y dejó la puerta abierta a una participación de las Fuerzas Armadas en el operativo especial montado por su departamento para hacer frente a los disturbios, aunque matizó que el despliegue de más de 25.000 policías y guardias civiles es, por ahora, "suficiente".

En cualquier caso, las fuentes consultadas señalaron que la eventual intervención del Ejército sólo se produciría para asegurar el abastecimiento de combustible, alimentos y otros productos de primera necesidad a los puntos de distribución, pero en ningún caso para garantizar el orden público, misión que seguiría estando encomendada exclusivamente a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La UME, que no estará plenamente operativa hasta finales de este año, cuando alcance su techo de 4.300 efectivos, intervino por primera vez en 2007 para ayudar a sofocar los incendios forestales que asolaron Canarias y paliar los efectos de las inundaciones en las provincias de Alicante y Sevilla. Su última actuación se produjo hace tan sólo dos meses, cuando medio centenar de sus efectivos se incorporaron a las tareas de extinción del incendio que afectó a la isla de La Gomera.

Sin embargo, las fuentes gubernamentales consultadas recuerdan que la UME está facultada para intervenir, además de en catástrofes, en situaciones de emergencia "derivadas de actos ilícitos y violentos", y que el protocolo que regula su despliegue otorga al ministro del Interior el control de sus actuaciones, si bien es el Ministerio de Defensa el que debe autorizar su movilización. En estos momentos, ambas responsabilidades recaen en Pérez Rubalcaba, que ejerce como ministro de Defensa en funciones porque la titular del departamento, Carme Chacón, aún disfruta su permiso de maternidad.

La violencia se extiende

Ayer, tercer día de paros de los transportistas, el conflicto comenzó a degenerar en un clima de violencia en toda España al sumarse a las protestas otros sectores perjudicados por las subidas continuadas del gasóleo. Agricultores y pescadores protagonizaron incidentes violentos, mientras que los taxistas anunciaron un paro nacional de 24 horas para el próximo viernes. Lo que el Gobierno comenzó abordando como una simple negociación sectorial con empresarios del transporte ha derivado en una crisis de gran impacto social que afecta al abastecimiento de productos básicos, al funcionamiento de la industria, al tráfico y al orden público.

Los episodios más violentos se concentraron ayer en Andalucía, donde 41 personas resultaron heridas en enfrentamientos entre trabajadores del sector primario y las fuerzas de seguridad. En Sevilla, la policía detuvo a siete pescadores de Huelva y Cádiz tras una batalla campal en la que resultaron lesionados 14 agentes, uno de ellos grave, y 12 marineros. Según la versión de la Policía Nacional, los pescadores detenidos agredieron a los agentes con ladrillos, cadenas y petardos. Uno de esos petardos estalló en la cara de un policía, que tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital Virgen del Rocío.

Los enfrentamientos tuvieron lugar después de que los pescadores, procedentes de Lepe, Punta del Moral, Isla Cristina, Punta Umbría, El Puerto de Santamaría y Sanlúcar de Barrameda, entregaran un escrito con sus reivindicaciones a un grupo de parlamentarios andaluces. En el documento reclaman un gasóleo profesional y que el precio no suba de los 40 céntimos de euro el litro.

En Almería, 13 policías y ocho agricultores resultaron heridos durante los enfrentamientos que se produjeron entre la Policía Nacional y alrededor de 2.500 agricultores que se habían concentrado durante cuatro horas frente a la Delegación de Hacienda para exigir una rebaja fiscal. Los manifestantes arrojaron cajas, berenjenas y calabacines contra el edificio, provocando la intervención de los agentes antidisturbios, que cargaron al menos en tres ocasiones contra los agricultores. Los comercios y sucursales bancarias de la zona se vieron obligados a cerrar sus puertas y el tráfico quedó cortado.

En Galicia, un centenar de armadores y marineros trataron de asaltar el Parlamento autonómico. El ataque coincidió con la comparecencia de Emilio Pérez Touriño, presidente de la Xunta, para responder a una pregunta del PP sobre la situación de sector pesquero. Además, los manifestantes se arremolinaron en torno a un furgón de la Policía Local, que fue zarandeado con dos agentes en su interior hasta casi provocar su vuelco. En Pontevedra, los armadores bloquearon el puente internacional de Tui, en la A-55 mediante la quema de neumáticos, cortando la circulación en ambos sentidos.

Funeral en Granada

Además, entre los transportistas pesó ayer la muerte del camionero Julio Cervilla Sojo, atropellado el martes a pocos kilómetros de Granada mientras formaba parte de un piquete informativo. Más de 500 personas, muchas de ellas camioneros, asistieron ayer al funeral del transportista, celebrado en la iglesia Virgen del Rosario de Peligros, localidad del cinturón metropolitano granadino. Un centenar de camioneros escoltó el féretro de su compañero en su traslado del tanatorio a la iglesia, trayecto en el que fue recibido con lágrimas, aplausos y gritos coreando su nombre.

A estos sectores perjudicados por la crisis del gasóleo se unieron ayer los taxistas. La Confederación del Taxi convocó un paro de 24 horas para mañana viernes, y advirtió de que se puede prolongar durante más jornadas si no alcanzan un acuerdo de tarifas con el Gobierno. La Confederación aseguró que ha mantenido “una actitud prudente y responsable” ante el incremento del precio de carburante, pero tildó de “insulto” la propuesta del Ministerio de Fomento de subir un céntimo por kilómetro recorrido la tarifa interurbana. La organización, que representa al 38% de los taxistas de España, exige reunirse lo antes posible con los responsables de Fomento para solicitar ayudas de tipo económico y social.

Desde el comienzo de los paros, 60 transportistas han sido detenidos y 2.593 camiones han recibido escolta policial para circular por las carreteras españolas. La intervención policial se notó ayer en las carreteras de Madrid, que no registraron retenciones a partir de primera hora de la tarde, cuando fueron retirados los camiones de 35 transportistas detenidos en la A-1.

El Ejecutivo también logró que la flota de bajura, integrada en la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, vuelva a faenar, gracias a la promesa de destinar 19 millones de euros en concepto de ayudas para compensar las pérdidas por el incremento del precio del carburante. Sin embargo, el resto de los frentes de la crisis del gasóleo siguen abiertos, y la violencia puede convertirse en un elemento más de las negociaciones.