El contrato de Rajoy sólo afecta a uno de cada tres inmigrantes

Un contrato de integración para pobres, ciudadanos no comunitarios e ilegales. Sólo uno de cada tres extranjeros ‘con papeles’ estaría obligado a aprender castellano o algún otro idioma oficial si prosperara la propuesta de Mariano Rajoy que busca poner orden en la creciente inmigración que registra España. Son los inmigrantes que no nacieron en la Unión Europea excepto los que ya hablan español, los latinoamericanos.

En porcentaje, esta obligatoriedad afectaría sólo al 29,6% de los extranjeros con permiso de residencia. En España hay casi cuatro millones de inmigrantes 'con papeles' (3.979.014), pero sólo 1.178.184 tendría que estudiar castellano. El resto son ciudadanos de la Europa comunitaria -a los que no se les puede obligar a estudiar el castellano- y los latinoamericanos, según cálculos realizados con el último registro, de 2007, referido a los extranjeros con tarjeta de residencia que elabora el Ministerio de Trabajo.

Tampoco se podría generalizar otra de las propuestas del PP: la expulsión de los delincuentes extranjeros. En este caso afectaría a seis de cada diez inmigrantes, porque también habría que excluir a los ciudadanos comunitarios, que suponen el 38,87% del total de extranjeros ‘con papeles’.

Un ciudadano comunitario sólo puede ser expulsado, en los cinco primeros años de estancia en un país de la UE, si ha atentado contra el orden público o la seguridad nacional, según una directiva europea que entró en vigor en el año 2006. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo requiere que haya una causa grave y que afecte a un interés fundamental de la sociedad. La trasposición de la directiva en España especifica además que “la existencia de condenas penales anteriores no constituirá, por sí sola, razón para adoptar dichas medidas”.

Así las cosas, el contrato de integración afectaría en especial a los extranjeros más pobres: los que no tienen ingresos o llevan un periodo de tiempo sin poder sustentarse por si mismos, para quienes el Estado ayudaría a regresar a sus países de origen.

La idea del PP va en consonancia con los nuevos aires de Europa, que busca integrar a los extranjeros y poner coto a la inmigración irregular. La idea de un contrato de integración europeo, o de un ‘examen europeo’ ya fue propuesta en marzo de 2006 en la reunión de ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y España. Los paises reunidos quedaron en estudiar la propuesta. “¿Es que el Gobierno no sabe lo que trata Miguel Ángel Moratinos?”, se preguntan en el PP ante las críticas surgidas desde el PSOE, que los llegó a acusar de “xenófobos”.