La bronca PP-PSOE paraliza el nombramiento de siete magistrados del Poder Judicial

La decisión del Partido Popular (PP) de bloquear -de facto- la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene ya daños colaterales. El nombramiento de al menos cinco magistrados del Tribunal Supremo y de dos presidentes de tribunales superiores de justicia -los de Madrid y Galicia- permanece paralizado sin que, por el momento, se observen movimientos claros (por parte de los partidos mayoritarios) capaces de desbrozar este gigantesco embrollo en el que se ha convertido la elección de un nuevo gobierno de los jueces. La parálisis afecta al nombramiento de dos magistrados de la sala tercera del Supremo (de lo contencioso) y de tres de la sala quinta (la que entiende de asuntos militares).

Lo peor, sin embargo, puede estar por venir. Fuentes del consejo están convencidos de que difícilmente se pueda desbloquear la situación antes del próximo verano, toda vez que al ligarse la renovación del Poder Judicial a la del Tribunal Constitucional (como ha sido la práctica habitual) no hay prácticamente probabilidades de alcanzar un acuerdo hasta celebradas las elecciones generales del mes de marzo de 2008.

Y hay que tener en cuenta que para que puedan elegirse los cuatro magistrados del TC que corresponden al Senado, primero debe aprobarse el reglamento que debe regular el procedimiento; después deberán hacer sus propuestas de candidatos las asambleas legislativas de las 17 comunidades autónomas y, finalmente, debe ser la Cámara Alta quien debe nombrar a los cuatro magistrados (el TC se renueve por tercios cada tres años). Un largo procedimiento que difícilmente puede resolverse en menos de un año, por lo que ya se piensa que hasta pasado el próximo verano no habrá nuevo poder judicial. A no ser que se separe la negociación del Constitucional y del CGPJ.

Reunión de la minoría progresista

La parálisis en la política de nombramientos provocó una reciente reunión de la minoría progresista del Poder Judicial de la que salió el ofrecimiento a su presidente, Francisco José Hernando, de negociar las vacantes, toda vez que la ley aprobada a instancias del PSOE al principio de la legislatura exige una mayoría cualificada para cubrirlas.

En este clima de enfrentamiento, sin embargo, nada indica que el pacto pueda producirse en el corto plazo. La última puesta en escena se produjo ayer, cuando todos los grupos parlamentarios acusaron al PP de impedir una renovación que debía haberse producido en noviembre del año pasado.

Desde el PSOE y el resto de partidos se tacha al PP de incumplir sus obligaciones institucionales al impedir la renovación del Poder Judicial (que sigue reflejando la mayoría parlamentaria de la anterior legislatura), pero desde las filas ‘populares’ se acusa a los socialistas y sus compañeros de viaje de haber protagonizado un “episodio grotesco” al intentar “chantajear” al PP con el objetivo de imponer una composición del CGPJ “dominada por los socialistas y sus socios nacionalistas”. El PSOE no puede utilizar el CGPJ para repartir entre “sus socios y amigos", dijo Ignacio Astarloa, quien acusó al PSOE de llevar a cabo una negociación que se basa en "el engaño, la desfachatez y la simulación".

Plante de Jueces para la Democracia

Diego López Garrido, el portavoz socialistas, acusó, por el contrario, al PP de hacer una “utilización política” de este órgano y de negarse a que la relación de fuerzas parlamentarias actual tenga su reflejo en el Poder Judicial, al tiempo que aseguró que sería “muy lamentable” que no se produjera un pacto antes del próximo lunes 17 de septiembre, el día de apertura del año judicial.