El Gobierno demanda al Odyssey, que ve cómo su cotización cae un 30% desde máximos

El Ministerio de Asuntos Exteriores pecó de ingenuidad y concedió el permiso que ha permitido a los cazatesoros de la compañía estadounidense Odyssey Marine Exploration apoderarse ‘el botín’ de un galeón español en el Mar de Alborán sin ser molestados y ante las barbas del Gobierno. Mientras esto sucedía, la sociedad Odyssey Marine, propietaria del tesoro, vio cómo su cotización subía un 105% en tres días (del 18 al 21 de mayo) hasta los 9,45 euros. Después de estos registros y de que el Gobierno anunciara que iba a tomar medidas legales, los títulos han caído un 30% en el American Stock Exchange. Ayer cotizaban a 6,7 euros. Curiosamente, unos de los accionistas del Odyssey es el candidato demócrata a la presidencia John Edwards.

La historia es sencilla. Los cazatesoros norteamericanos del buque Odyssey llegaron en diciembre pasado al mar de Alborán, frente a las costas almerienses, se situaron sobre un galeón hundido que habían localizado antes con sus modernos sistemas de detección, obtuvieron un permiso espurio de Exteriores, rescataron un tesoro de 17 toneladas de monedas de oro y plata, lo trasladaron a puerto seguro, Gibraltar, y se lo llevaron a su país en las bodegas de un avión de pasajeros el pasado 16 de mayo.

El Gobierno español dijo ayer que había presentado una demanda legal ante un tribunal federal de Tampa (Florida) contra la empresa Exploración Marina Odyssey para defender la propiedad de un tesoro recuperado del fondo del mar, valorado en 500 millones de dólares (más de 370 millones de euros) y que fue anunciado el 18 de mayo por la firma de Florida. Miguel Ángel Moratinos, titular de Exteriores, también intenta resolver el asunto por la vía jurídica y ha contratado a un prestigioso bufete de abogados de Washington para que obtengan información de la procedencia del tesoro y defiendan los derechos de España. El letrado que llevará el caso es James Gold, que ya representó a España en el litigio por los derechos del galeón español Juno, hundido en 1808 en aguas de Virginia, y ganó. José María Aznar le concedió la Orden de Isabel la Católica.

De esta forma, el caso Odyssey está a punto de convertirse en el mayor episodio de estulticia sufrido por los gobernantes de un país del primer mundo en los últimos años. Tal es así que el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, ha pedido que comparezcan en las comisiones correspondientes del Congreso los ministros de Defensa, José Antonio Alonso; de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; de Exteriores, Moratinos, y de Cultura, Carmen Calvo, para aclarar el asunto. Los titulares de Defensa e Interior recaban datos sobre los controles e itinerarios del Odyssey. Se sabe que el buque rastreaba el mar de Alborán desde diciembre pasado y que estuvo anclado en una zona a 20 millas de Estepona (Málaga). Pero esos datos no los ha aportado el Gobierno, cuyos controles se desconocen, sino la organización Ecologistas en Acción, que los ha obtenido del satélite inglés AisLive.

El barco no era inglés sino español

Pero nada de esto hubiera sido posible si el departamento del que es ministro Miguel Ángel Moratinos no les hubiera concedido un permiso, en marzo pasado, para que exploraran la zona en busca del barco inglés Sussex, que no ha sido localizado. Con ese salvoconducto, el jefe del Odyssey, el sagaz bucanero Greg Stemm, ha trabajado durante dos meses sin ser molestado por las patrulleras de la Armada, del servicio de guardacostas y por las lanchas de la Guardia Civil del Mar.