Alonso pide ahora el apoyo del PP para la polémica ley que reduce el número de generales

Con el argumento de que el proyecto de ley de la carrera militar que el Gobierno ha remitido al Parlamento “no da ni quita votos”, el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, ha solicitado el apoyo de la oposición. El polémico texto reduce a 215 el número de generales desde los 265 existentes actualmente y rebaja el número de coroneles de 1.235 en la actualidad a 1.050 a partir de la aprobación del texto.

El ministro ha reunido a todos los portavoces parlamentarios para explicarles el contenido del que será el proyecto más importante de su mandato y les ha transmitido el deseo de que la ley de la carrera militar pueda ser aprobada por unanimidad “porque se trata de una norma laboral y profesional y lo razonable es que la consensuemos”, les ha dicho. Sin embargo, a diferencia de su antecesor, José Bono, que consultaba los anteproyectos de ley con el PP antes de llevarlos al Consejo de Ministros, Alonso ha optado los hechos consumados y ha presentado un texto cerrado con un envoltorio técnico y aparentemente pacífico.

Sin embargo, la supresión de los ascensos por antigüedad y la nueva facultad de los generales de decidir quién asciende y quién no a coronel, al margen de los años de servicio en el empleo de teniente coronel, aparecen como los asuntos más polémicos y con una dimensión política en la que puede intervenir los arraigados vicios ibéricos del ‘favoritismo’ y ‘enchufismo’.

Cartas a los portavoces

La subsecretaria de Defensa será la encargada en esta ocasión de hablar individualmente con todos los portavoces parlamentarios durante el mes de enero para discutir las posibles enmiendas. En la ley de la Defensa Nacional y la ley militar profesional fue el secretario de Estado, Francisco Pardo, el encargado de la negociación junto al anterior ministro.

Todos los portavoces parlamentarios en materia de Defensa consultados por este diario reconocen que han comenzado a recibir cartas de militares afectados por la reordenación de las escalas, la reducción del número de oficiales y también por el pase automático de los coroneles a la reserva al cumplir seis años en el empleo, y señalan que las direcciones políticas de sus formaciones se tomarán su tiempo antes de decidir el apoyo y las enmiendas al proyecto.

Poco gasto en enseñanza

La memoria económica de la ley revela, por otra parte, una austeridad del gasto y las inversiones académicas que algunos oficiales conocedores de la materia tachan de “poco realista”. En efecto, la creación de centros universitarios de la defensa, que estarán ubicados en las academias militares, adscritos a universidades públicas y acogidos a la Ley Orgánica de Universidades, supondrá un gasto suplementario de 32 millones de euros en el cuatrienio 2008-2012. De esa cantidad, 22 millones son para pagar al personal docente y auxiliar en el periodo citado y el resto, o sea, 10 millones para instalaciones.

El informe económico de la ley cifra en 62 millones de euros el coste de la adaptación de plantillas durante los cuatro años citados. El mayor gasto se deriva de la reordenación de la escala de especialistas. El ahorro por la reducción de oficiales se ha estimado en 1,3 millones de euros y no alcanza para cubrir las primas por trienios a los militares de complemento.