El Gobierno murciano se echa para atrás: no recalificará Lo Poyo donde la Kutxa iba a construir 5.000 viviendas

El PP murciano no quiere saber nada de la Operación Malaya y de sus posibles ramificaciones en aquella comunidad. Así, presionado por la oposición, la Fiscalía, los ecologistas y la opinión pública, el PP de Murcia echó para atrás el proyecto de la urbanización de la finca Lo Poyo, junto al Mar Menor. Esta decisión deja sin valor una inversión de 214 millones de euros auspiciada por la Kutxa a través de los empresarios vascos Javier Arteche, Luis María Maya y Agustín Aguirre, que forman el Grupo Yeregui, en una operación presuntamente vinculada a la Operación Malaya. Recientemente debido a la polémica surgida, la Kutxa ha salido del accionariado.

El anuncio de que Lo Poyo no se recalificará para construir 5.000 viviendas y varios campos de golf lo hizo el presidente regional murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP) anoche en la Asamblea Regional, respondiendo a una pregunta parlamentaria de IU y pocos días después de que el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, abriera diligencias informativas sobre la compra y proyecto de recalificación de Lo Poyo, municipio de Cartagena, a instancias del PSOE.

Antes de eso, el juez de la Operación Malaya, Miguel Ángel Torres, lleva semanas intentando averiguar la relación del cartagenero Juan Antonio Roca, principal encausado en Marbella, con la compra el año 2004, por un montante de 214 millones de euros, de la finca Lo Poyo, cuyo proceso de recalificación tramitado por el PP ya había sido denegado por lo contencioso del TSJ de Murcia en el año 2000.

Los compradores fueron un grupo de sociedades ligadas entonces a la Kutxa con intermediación del Grupo Yeregui. El juez Torres investiga qué tuvo que ver en esa operación Juan Antonio Roca, después de que el propio factótum de Marbella admitiera que cobró comisiones por ella.

A la investigación de Torres, se sumó la de la Fiscalía murciana, al denunciar el PSOE que los compradores dispusieron de información privilegiada para comprar esa finca agrícola y todavía no urbanizable. El PSOE insinuaba que quienes disponían de esa información eran la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y su concejal de Urbanismo, Agustín Guillén, quien ha reconocido haberse entrevistado con Roca "una vez" y "para pararle los pies".

Tres interrogantes

En cualquier caso, quedan abiertas muchas interrogantes. La primera es cómo se anticipa el presidente Valcárcel a anunciar el resultado de un trámite (Declaración de Impacto Ambiental) que está todavía pendiente en la Consejería de Medio Ambiente.

La segunda, por qué aseguró el presidente murciano anoche que la urbanización en la finca colindante, Novo Carthago, cuya Declaración de Impacto Ambiental está recurrida por los ecologistas de ANSE en los tribunales, "sí cumple la ley".

La tercera, como dijo el portavoz de IU, Cayetano Jaime Moltó, cómo se explica políticamente que el presidente del PP anuncie la anulación de Lo Poyo cuando la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, del mismo partido, la defiende.

El PSOE tiene más certezas. "Esta es la sexta indecencia que obligamos a parar al Gobierno de Valcárcel", dice su portavoz Teresa Rosique. Y enumera: Calblanque, La Zerrichera, parking de San Esteban, Puerto Mayor, ley regional de Puertos y, finalmente, Lo Poyo.