Conde-Pumpido dice que la justicia no está para "obstaculizar" los procesos políticos

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha afirmado, en una comparecencia en el Senado para explicar por qué dijo que los jueces no pueden volver la espalda a la realidad social, que "la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos". Durante su intervención ante la comisión de Justicia de la Cámara Alta, Conde-Pumpido dijo que en la medida en que la ley aprobada por el Parlamento, "interpretada sin trampas, aplicada sin inventos y sin atajos, sirva para que no haya más muertos, no consentiré que el ministerio fiscal deje pasar la ocasión de aplicarla con ese fin".

Agregó que tampoco consentirá "trampas, inventos ni atajos al servicio de una Justicia de trinchera que en lugar de buscar la paz social alimente la venganza o el enfrentamiento, en pro del interés de quienquiera que sea". El fiscal general, que compareció a petición del PP para explicar unas declaraciones efectuadas el pasado 9 de junio en Vitoria durante un congreso de la asociación Jueces para la Democracia, insistió hoy en que "los jueces y fiscales de este país hemos vivido y vivimos la realidad social de cada momento; hemos actuado sobre ella y hemos contribuido a cambiarla".

"Hemos aguantado en pie y con la toga puesta cuarenta años de despiadado terrorismo etarra; y sin más munición que la Constitución y la Ley emanadas de este Parlamento, ni más arma que nuestros dictámenes y nuestras sentencias, hemos puesto esa maquinaria asesina al borde de su extinción", dijo. Conde-Pumpido manifestó que la única garantía de las víctimas del terrorismo -tanto del etarra como del islamista- "era y es la aplicación imparcial, serena y firme del Derecho, a todos los justiciables por igual", y añadió que esa es la razón por la que ha procurado "que la Ley se aplique con rigor".

Aclaró, sin embargo, que "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino" y que si bien la aproximación del ministerio público a la realidad social debe ser imparcial, no puede ser ajena a ella, "sino profundamente comprometida en su transformación". El fiscal general también defendió la actuación de su departamento desde la declaración de alto el fuego por parte de ETA el pasado 22 de marzo, y señaló que en este periodo el ministerio público ha acusado en juicios a 56 personas relacionadas con la banda terrorista y logrado la condena de 49.

Desde marzo no se han producido acercamientos de presos

También dijo que en lo que va de año la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha formulado escritos de acusación contra 66 presuntos miembros o colaboradores de la banda, lo que supone un aumento del 70 por ciento frente a las 39 calificaciones presentadas durante todo el año 2005. Conde-Pumpido dijo asimismo que desde marzo no se ha producido ningún acercamiento de presos al País Vasco y recordó que la Fiscalía trató de impedir la excarcelación de dos etarras imputados por la muerte del senador del PP Manuel Giménez Abad, que han quedado en libertad después de que la Audiencia Nacional haya considerado que no existían indicios de criminalidad contra ellos.

A pesar de estos datos, el senador del PP Agustín Conde acusó al fiscal general de ser "el abogado defensor del presidente del Gobierno" y le reprochó la eventual rebaja de la petición de pena al preso etarra José Ignacio de Juana Chaos y haber alcanzado un acuerdo de conformidad con siete acusados de violencia callejera. Conde llegó a atribuir a la "deficiente instrucción" del juez Baltasar Garzón la libertad de los dos acusados de la muerte de Giménez Abad, pese a que este magistrado no sólo no ha instruido la causa, sino que su única intervención en ella se produjo precisamente para impedir su salida de prisión el pasado mes de julio.