La corrupción urbanística irrumpe en la agenda política de cara a las próximas elecciones municipales

Ha irrumpido definitivamente en la agenda política. El último caso de corrupción en aflorar ha sido el de Catral, un municipio alicantino de algo más de 6.000 habitantes, al que la Generalitat valenciana decidió ayer retirar las competencias urbanísticas. La corporación, según el gobierno autonómico, ha permitido la construcción ilegal de 1.270 viviendas en terreno protegido.

El caso de Catral -gobernado por un alcalde socialista- tiene mucho que ver con un cierto oportunismo político, ya que hoy se debatirá la moción de censura presentada por el PSPV contra el presidente valenciano, Francisco Camps, que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. Pero, en cualquier caso, señala los derroteros por los que va a circular la campaña electoral de las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo.

La retirada de competencias urbanísticas a un municipio es un hecho extraordinario en la legislación española. Ni siquiera cuando Jesús Gil o sus herederos políticos gobernaban Marbella se tomó una medida similar. En todo caso, la actuación del Gobierno central se limitó a disolver el consistorio, pero de ninguna manera arrebatarle las competencias en materia urbanística.

Tras el caso de Catral, según algunos expertos, es probable que los grandes partidos adopten medidas similares en pequeños municipios para dar una señal de lucha contra la corrupción. Como si fuera un asunto de moda, con las urnas esperando a pocos meses vista, los gobiernos autonómicos, sean de corte popular o socialista, se apresuran a limpiar sus ayuntamientos de ‘aprovechados’, fundamentalmente de las filas contrarias.

El primero en abrir fuego fue la Junta de Andalucía con la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Comenzaba la Operación Malaya. Desde entonces, se ha abierto la veda para denunciar actividades irregulares relacionadas con el urbanismo municipal. Los casos se suceden sin orden de continuidad y donde los ciudadanos comienzan a movilizarse para exigir responsabilidades judiciales, los partidos políticos han descubierto un filón donde hacer causa política.

También ayer, el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, y por tanto de Esperanza Aguirre, dimitía “para defenderse con libertad y proteger su honorabilidad” ante las acusaciones socialistas sobre su dudosa gestión e intereses personales en el desarrollo urbanístico de Brunete. Pero no fue el único caso. El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañabate (PSOE) renunció a sus cargos por la polémica generada a cuenta de su patrimonio y de la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial del citado municipio.

El caso de Catral podría ir a mayores. La Generalitat valenciana está dispuesta a disolver el consistorio al modo marbellí. De momento, se ha responsabilizado de las competencias en materia urbanística, pues son 1.270 las viviendas construidas (hasta tres millones de metros cuadrados) sin licencia. Loable severidad que también esperan los ciudadanos de otros municipios alicantinos, pero esta vez gobernados por el Partido Popular.

El pasado lunes, el diario El País se hacía eco de las imputaciones por supuestos casos de corrupción de los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Orihuela, Luis Díaz Alperi, Pedro Ángel Hernández Mateo y José Manuel Medina, respectivamente. En el caso de la capital de provincia, alcalde y dos concejales tendrán que responder por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, adjudicaciones irregulares así como el desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercaliente. Pese a ello, Díaz Alperi ha obtenido el respaldo de su partido para presentarse de nuevo a las elecciones.