Ávila Rojas, un viejo conocido de la Justicia

Los encontronazos con la Justicia del empresario granadino José Ávila Rojas no son nuevos. Ávila, dueño de una de las mayores constructoras andaluzas y patrocinador de varios equipos deportivos, fue detenido este martes en el marco de la segunda fase de la operación Malaya. Hasta ahora, sus problemas judiciales, que se remontan a comienzos de los años 90, no habían frenado el crecimiento de su compañía.

Su último paso por los tribunales tuvo lugar en 2003, cuando Ávila Rojas fue acusado de falsedad, estafa y prevaricación en la tramitación de los expedientes, construcción y venta del Conjunto Occidente junto a otros 13 imputados, entre los que se encontraban funcionarios y técnicos del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Al parecer, Ávila habría urdido, en connivencia con los responsables del Ministerio, una trama para “procurar un considerable beneficio económico en claro perjuicio para los compradores de los pisos”, según la Fiscalía. Esta trama habría alterado los expedientes de la superficie construida y cambiado las plazas de garaje por locales comerciales, entre otras anomalías.

El Ministerio Público solicitó entonces siete años de cárcel por un delito de estafa y otros siete meses por falsedad como máximo accionista de la promotora. La Audiencia Provincial, sin embargo, declaró prescrita la responsabilidad de todos los acusados al haber pasado más de 10 años desde su presunta actuación delictiva hasta su imputación en el caso.

Denuncias en Marbella

Aunque ha ejecutado promociones prácticamente en toda Andalucía, en el año 2000, Los Verdes lo relacionaron con las irregularidades urbanísticas de Marbella al denunciar que el decano del Colegio de Abogados de Málaga, José María Davó, que entonces firmó una carta de varios colectivos denunciando las trabas a la aprobación de la revisión del PGOU, era a la vez letrado de la constructora Ávila Rojas. Dos años más tarde el empresario, para el cual el fiscal había solicitado seis años de cárcel, quedó absuelto. Aunque había quedado probado que desde una granja de su propiedad se hicieron vertidos tóxicos al río Darro, el juez descartó “condición objetiva punible”.

Algunos años antes, en 1997, un Juzgado ordenó la intervención de las cuentas bancarias de su grupo por incumplir una sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a indemnizar a la comunidad de propietarios de la Urbanización Parque del Genil con algo más de un millón de euros por defectos de construcción y desperfectos. Las cuentas no llegaron nunca a intervenirse; la empresa interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial, aunque el volumen de ventas de la empresa en aquellos momentos era muy superior a la cantidad reclamada.

Rosario judicial

La construcción de la urbanización Parque Luz en Granada también le supuso algún que otro quebradero de cabeza en 1993. Los vecinos denunciaron el incumplimiento del proyecto previsto, pero Ávila se vio absuelto a pesar de la oposición de la Fiscalía.

El primer enfrentamiento con los tribunales tuvo lugar en 1991. Entonces, el ex alcalde de Güéjar Sierra, Antonio Moreno, fue condenado por cobrar dos cheques de 500.000 pesetas (3.005 euros) entregados por Ávila Rojas. Además, la Junta de Andalucía le ha abierto varios expedientes administrativos con resultado de sanción por actuaciones no autorizadas en parajes protegidos como la Umbría del Generalife o Playa Granada, en Motril, y que el empresario recurrió, sin éxito, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA.