El insólito caso del banquero estafador de BNP que ha sorteado la cárcel 11 veces

Hay ocasiones en las que cuesta encontrar un adjetivo que resuma una historia. La de Juan Jiménez Zaplana, exdirectivo de BNP Paribas en Barcelona, es una de ellas. Se jubiló en 2002, por lo que actualmente debería estar todavía disfrutando de su retiro dorado como banquero privado de una de las entidades vip de España. En su lugar, lleva desde hace ocho años pleiteando contra antiguos clientes, ha sido condenado en firme por estafa y falsedad documental y ha logrado esquivar ya 11 veces el ingreso en prisión.

Por si fueran pocos los ingredientes, la familia catalana estafada lo fue con dinero negro y estuvo a punto de ser también juzgada por delitos fiscales, de los que se libró por los pelos por prescripción.

La batalla legal ha sido de altura, con una abogada de la acusación particular, Eulàlia Puig, responsable del área penal económico de FILS, que se impuso en el juicio a uno de los abogados estrella de Barcelona, Íñigo de Ros, de Cuatrecasas y representante de BNP, y a un correoso abogado de oficio que defiende a Jiménez Zaplana, Jordi Llobet.

Este banquero fue uno de los principales directivos de BNP en Barcelona entre 1983 y 2002. Llegó a la entidad francesa procedente de Banco Bilbao, de la que se llevó una bolsa de clientes, entre los que estaban esta familia posteriormente estafada. Los hechos objeto de la demanda arrancaron en 1993 cuando el banquero propuso a sus clientes una fórmula para blanquear dinero negro. Así lo describe una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de enero de 2019:

"Fruto de aquellas inversiones previas, y de la confianza que había depositado el cliente en el acusado, tanto él como su familia invirtieron en diversos productos de la entidad BNP Paribas España y, aproximadamente en el año 1993, les convenció para invertir dinero efectivo no declarado (dinero negro) del que disponían en un tipo de deuda del Estado. Les manifestaba que dicha deuda era adquirida por BNP financiada por clientes anónimos y que irían obteniendo una rentabilidad en forma de intereses hasta recuperar el total capital invertido. Que no tenían que declarar dicha recuperación hasta recuperar el total invertido, siendo entonces cuando las aportaciones dejarían de ser anónimas, aparecerían en los extractos del banco y podrían proceder a su declaración fiscal", señalaron los magistrados.

Inversión ficticia

La realidad es que no había ningún tipo de inversión en deuda. Jiménez Zaplana lo simuló con documentación extraída del banco (resguardos, impresos y sellos de caucho), y pagaba periódicamente intereses a la familia para que creyeran que eran cupones de los bonos, "cuando en realidad les estaba devolviendo el dinero entregado".

Otra de las particularidades del caso es que Jiménez mantuvo la operativa durante más de una década tras su jubilación a finales de 2002. Y lo hizo acudiendo recurrentemente a la oficina de BNP, como si fuera un intermediario de la familia, y contando con una tarjeta en la que figuraba el "supuesto cargo de asesor del vicepresidente del consejo delegado", según la sentencia. Es por ello por lo que tanto la Audiencia de Barcelona como el Supremo (sentencia de 2021) han condenado a BNP como responsable civil subsidiario:

BNP alcanzó un acuerdo con la familia para pagarles parte de las pérdidas

"Ningún control consta efectuado por el banco, ninguna vigilancia, ni diligencia mínima exigible, respecto del actuar de Juan Jiménez Zaplana, sea durante el tiempo en el que aún existía relación laboral, sea con posterioridad a su jubilación, lo que es aún peor. Que constando jubilado desde finales de 2002, aun el año 2013, se personase en las oficinas de BNP Paribas, se le permitiese tener acceso a documentación privada y personal de clientes del banco y no se ejerciese control o vigilancia alguna al respecto determina, necesariamente, la concurrencia de la indicada responsabilidad", expuso la Audiencia.

Ante tales circunstancias, el banco francés decidió alcanzar un acuerdo con los demandantes para resarcirles con 417.000 euros, de los 617.000 estafados. Los otros 200.000 euros deberían ser cubiertos por la vivienda del banquero, que todavía sigue ocupando. Sin embargo, los demandantes quieren que esta deuda se haga líquida, aunque sea a través de una hipoteca inversa, ya que los perjudicados son siete miembros distintos de la familia, con todo tipo de circunstancias.

¿Dolor o táctica dilatoria?

En este contexto, se llega al momento actual. Tras la sentencia del Supremo de 2021, Jiménez Zaplana ha esgrimido sus problemas de salud para esquivar el ingreso en prisión. Un forense llegó a decir lo contrario, pero su elevada edad y la defensa a ultranza de un abogado de oficio, Llobet, han permitido que lo evite ya en 11 ocasiones. De hecho, los jueces han vuelto a pedir la opinión de un médico forense recientemente.

En declaraciones a este medio, Puig defiende que todo se trata de "una nueva estrategia por parte de la defensa para dilatar la presente ejecutoria". Y recuerda que, en su opinión, "el esfuerzo reparador del penado ha sido nulo desde el inicio del procedimiento".

Tras la condena en firme, el objetivo de la defensa del banquero es que le dejen pasar sus últimos momentos en paz. El de los estafados, recuperar los 200.000 euros pendientes cuanto antes. De hecho, podrían estar dispuestos a solicitar que no se cumpla la sentencia si hubiera una solución al respecto. Y lamentan que uno de los integrantes de la familia, el padre, amigo del banquero, haya fallecido antes de que se haya resuelto este pleito.

El banquero intentó invalidar el proceso por el origen B del dinero estafado

Junto al debate sobre si el banquero debe o no entrar en prisión, su abogado también puso sobre la mesa otro ante el Supremo: si no debía ser condenado por el origen ilícito del dinero (quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón). Pero el alto tribunal lo rechazó: "Se sigue manteniendo la posición tradicional que entiende que siempre que mediante engaño se produzca la disminución patrimonial con ánimo de enriquecimiento injusto habrá estafa, aunque el engañado se propusiera también obtener un beneficio ilícito o inmoral".

Tras décadas desde que empezó la estafa y ocho años en los tribunales, este insólito caso podría tocar a su fin, según lo que decida el forense, con el banquero pasando los próximos años en su casa o en prisión. O con la opción alternativa, tras un acuerdo con la familia que entierre el hacha de guerra.