POR DAR INFORMACIÓN FALSA DE SUS CUENTAS

ACS: demanda judicial por el agujero de 1.000 millones en Oriente Medio

ACS, que controla Cimic a través de la alemana Hochtief, dueña del 77% del capital de esta filial oceánica, también tuvo que reconocer un impacto en las cuentas del 'holding' de 400 millones

Foto: El presidente de ACS, Florentino Pérez, (d) escucha al secretario general de ACS, José Luis del Valle (i).
El presidente de ACS, Florentino Pérez, (d) escucha al secretario general de ACS, José Luis del Valle (i).
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Oriente Medio sigue dándole dolores de cabeza a Florentino Pérez. Varios accionistas han presentado una demanda judicial o 'class action' por presunta ocultación de información contra Cimic, la filial oceánica de ACS, que en enero reconoció un agujero de 1.800 millones de dólares australianos, unos 1.100 millones de euros. La noticia provocó un desplome de las acciones de esta subsidiaria y de la constructora española y una limpieza de la cúpula directiva.

Según información oficial, una serie de accionistas de Cimic han presentado en el Tribunal Federal de Victoria (Australia) una demanda colectiva por las pérdidas de 1.800 millones de dólares australianos por su inversión en BIC Constructing, una compañía con la que la sociedad de ACS operaba en Oriente Medio. Los afectados alegan que la compañía no dio información veraz sobre sus negocios en Dubái, lo que provocó que Cimic cerrase el año con números rojos de 1.000 millones de dólares australianos (672 millones de dólares estadounidenses o 607 millones de euros) y suspendiese el dividendo tras desplomarse un 20% en bolsa.

La constructora había anunciado que ganaría más de 1.000 millones y se quedó en 962

ACS, que controla Cimic a través de la alemana Hochtief, dueña del 77% del capital de esta filial oceánica, también tuvo que reconocer un impacto en las cuentas del 'holding' de 400 millones de euros, que se tradujeron en una caída del 5% de la cotización, al suponer de hecho un ‘profit warning’ o incumplimiento de sus objetivos de beneficios de 2019. La constructora había anunciado que ganaría más de 1.000 millones y se quedó en 962, pese a apuntarse en febrero 326 millones de euros de plusvalías por la venta de su división de renovables, que se ha cerrado oficialmente el 15 de septiembre.

Marcelino Fernández Verdes, consejero delegado de ACS y presidente ejecutivo de Cimic, que años atrás había recibido un bonus de 35 millones de euros por los buenos resultados de esta filial, explicó: “Nuestra decisión de dejar nuestras inversiones en Oriente Medio nos permitirá centrar nuestros recursos y capital en las oportunidades de crecimiento de nuestros principales mercados en Australia, Nueva Zelanda y Asia Pacífico”.

"Nuestra decisión de dejar nuestras inversiones en Oriente Medio nos permitirá centrarnos y crecer en Australia, Nueva Zelanda y Asia Pacífico"

Pero al mismo tiempo anunció el nombramiento de Juan Santamaría como máximo responsable operativo de la compañía, en sustitución de Michael Wright. Florentino Pérez continuó con la purga al relevar al consejero delegado de Dragados, Adolfo Valderas, un hombre de gran confianza de Fernández Verdes y que antes había sido consejero delegado de Cimic hasta 2017.

Aviso de Morgan Stanley

Cimic ha negado cualquier irregularidad en sus cuentas, sobre las que Morgan Stanley ya había expresado sus dudas en 2016, al denunciar en un informe a sus inversores por desajustes entre los ingresos reconocidos y los flujos de caja reales. Este es el argumento principal del bufete de abogados Phi Finney McDonald, especialista en demandas colectivas, que acusa a la compañía de violar la Ley de Sociedades Anónimas al no notificar a los inversores la verdadera naturaleza de sus flujos de caja entre 2017 y principios de 2019.

En abril, Cimic pagó una multa de 32 millones. Acusaban a varios de sus directivos de pagar sobornos para conseguir contratos

"Hasta el 5 de febrero de 2019, los informes financieros de Cimic no revelaron el hecho de que utilizaba 'factoring' y 'factoring' inverso", un sistema con el que presuntamente se retrasa el pago de facturas a los proveedores, aumentando artificialmente su verdadera posición de caja, según la demanda judicial.

El pasado mes de abril, Cimic aceptó pagar una multa de 32 millones de dólares australianos por otra 'class action' que acusaba a varios de sus principales directivos de pagar sobornos para conseguir contratos de un oleoducto en Irak.

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