RAJOY QUERÍA LLEVARLA CERRADA AL CONSEJO EUROPEO

La reforma eléctrica se atasca por otro choque entre Soria y Montoro a costa de las renovables

El retraso del Gobierno en aprobar la esperada reforma eléctrica tiene una explicación familiar en el Gabinete: la eterna batalla entre los ministerios de Industria y

Foto: La reforma eléctrica se atasca por otro choque entre Soria y Montoro a costa de las renovables
La reforma eléctrica se atasca por otro choque entre Soria y Montoro a costa de las renovables
El retraso del Gobierno en aprobar la esperada reforma eléctrica tiene una explicación familiar en el Gabinete: la eterna batalla entre los ministerios de Industria y Hacienda. Y es que, según aseguran fuentes conocedoras de la situación, el planteamiento de fondo que ha puesto sobre la mesa José Manuel Soria para reducir los inasumibles costes del sistema pasa por acometer un ajuste proporcional de sus principales partidas. Y las renovables son las que más pesan en el cóctel, y las más perjudicadas. Una solución a la que se opone Cristóbal Montoro, temeroso de su impacto en la seguridad jurídica y en la imagen exterior de España.

La tarifa eléctrica se compone casi al 50% del precio de la energía y de otros costes regulados, una segunda rúbrica que se ha convertido en un auténtico cajón de sastre. Según los últimos cálculos efectuados por el Ejecutivo, esos gastos rondarán los 20.000 millones en 2013. De ese importe, casi 9.000 corresponden a primas al régimen especial -en esencia energías renovables-; 5.500 se van en retribuir la distribución -a las eléctricas-, y 1.700 en pagar el transporte -a Red Eléctrica (REE). Esto es, un recorte en función del peso en el mix derrota claramente a las energías limpias. El drama de Soria es que los ingresos previstos apenas alcanzan los 14.400 millones de euros, lo que arroja un déficit de 5.600 millones que necesita enjugar.

La situación está más o menos aclarada de cara a este 2013, en el que Montoro ya ha hecho sus concesiones. No en vano, Soria dispondrá del dinero recaudado con el último impuestazo y de un crédito extraordinario de 2.200 euros que alivia la carga del ajuste. También tiene el visto bueno de Hacienda para despreocuparse de la compensación extrapeninsular -la subvención energética a las islas cuesta en torno a 1.700 millones de euros-, que por fin será asumida por los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el problema se renueva en 2014 tras el ejercicio de gracia. Y ahí Montoro no está dispuesto a ser tan generoso, y mucho menos a pasar por un tajo que suponga un agravio a las renovables en beneficio de la energía convencional, con los inversores internacionales mirando con lupa la reforma española.

En el fondo, la pugna en marcha simplemente reedita -hasta en la esencia del problema- el choque de trenes que se produjo hace ahora un año con los últimos cambios regulatorios cocinados por Industria. Entonces, Soria trasladó a las eléctricas una propuesta con toda una batería de impuestos discrecionales a la generación de electricidad en función de las diferentes tecnologías: un 19% para la fotovoltaica, un 13% a la termosolar, un 11% a la eólica… ¿Problema? Que Montoro no sólo no había dado el plácet a esa hoja de ruta, sino que no la veía clara. Es más, puso el tema en manos de la Abogacía del Estado, temeroso de que un tributo desigual al mismo hecho imponible provocara una lluvia de demandas. Y acertó. Un desacreditado ministro de Industria tuvo que tragar con un equitativo gravamen del 7% para todas las fuentes energéticas sin excepción.
 
Los actores secundarios

“Estas discrepancias y el recuerdo del pasado es lo que hace que Industria esté guardando la reforma con llave hasta el final. El texto tenía que haber ido a Consejo de Ministros el día 21. Sin embargo, el discurso de junio se cambió por el de primeros de julio. Soria no quiere soltar los papeles a Hacienda hasta que no estén pactados. Además, de esa forma se evitan filtraciones. En este sentido, el Ministerio es un búnker”, aseguraban hace apenas días fuentes del sector. Con diferentes actores secundarios perjudicados. El primero, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que contaba con enarbolar la reforma eléctrica en el Consejo Europeo de esta semana. “El mejor modo de presionar para la unión bancaria es haber hecho tú mismo los deberes”, remachan estas fuentes. Moncloa ya se ha hecho a la idea de que no podrá ser, y ahora la fecha que se maneja para el acuerdo en Consejo de Ministros es la del próximo 5 de julio.

Sin contar con que Soria y Montoro -y hasta Rajoy- no son los únicos que opinan. El secretario de Estado de Industria, Alberto Nadal, principal artífice de los cambios en ciernes y el que más ha lidiado con el sector, también tiene sus propias ideas sobre las modificaciones que hacen falta. Una de ellas es retocar el llamado servicio de interrumpibilidad, fondos que recibe la gran industria -las Alcoa, Arcelor o Azsa- a cambio de la posibilidad de cortarles el suministro eléctrico en caso de necesidad para el sistema. Ese abono se recoge actualmente como un peaje de acceso y el número dos de Industria apuesta por cargarlo al coste de la energía, como ya planteó la CNE. No es sino otro mecanismo de gestión de la demanda que puede operar en competencia. España tiene a día de hoy un exceso de potencia instalada con el consumo en claro retroceso, lo que convierte la figura en una concesión política. Se ahorrarían 750 millones en los costes regulados.

Tampoco es ajeno a la reforma el ministro de Economía, Luis de Guindos, como en anteriores refriegas alineado con Soria y con una idea clara: no se puede cargar más a las eléctricas, cuya deuda conjunta supera los 60.000 millones y que, sometidas a meses de continuas bajadas de ratings en parte por el riesgo regulatorio, afrontarían aún mayores problemas para financiarse. Una cuestión que no es ni mucho menos baladí. Como publicó El Confidencial, el Gobierno de turno tendrá que afrontar en los próximos años (hasta 2027) el pago de 5.580 millones en concepto de intereses sólo por la deuda de 18.652 millones titulizada hasta ahora y generada por el déficit de tarifa. Lo peor es que el agujero apenas alcanza las dos terceras partes del total, que mira a los 30.000 millones. A días vista de la fumata blanca, las espadas de los miembros del Gobierno están en alto.
Economía
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