La economía española coquetea con la deflación sin la subida de impuestos

La deflación -el descenso general del nivel de precios- comienza a sobrevolar por la economía española. Todavía no de forma nominal -el  IPC se situó en el 1,4% en abril-, pero sí en términos reales. Es decir, a impuestos constantes. Los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan, en concreto, que el índice de precios de consumo descontando los últimos incrementos de la presión fiscal cayó en abril un 0,6% en términos anuales. O un -1% si se excluyen las subvenciones.

Es la primera vez que sucede esto desde que el Gobierno ‘reinventó’ el IPC para reflejar la subida de impuestos. Y la tendencia es claramente a la baja. Si el Ejecutivo no eleva de nuevo los tipos impositivos del IVA -como ha prometido el presidente Rajoy-, el IPC que excluye los impuestos seguirá en tasas negativas durante los próximos meses. Funcas, por ejemplo, estima que el IPC general caerá hasta el 0,2% en septiembre en términos anuales, para volver a crecer hasta el 0,9% a finales de año. Ahora bien, estas variaciones incluyen la subida de los impuestos.

Los datos que dio ayer a conocer el INE, de hecho, muestran que nada menos que siete de los doce subgrupos que componen el IPC están con inflación negativa. A la cabeza de ellos, Comunicaciones (-6,3%), Ocio y Cultura (-3,4%), Transporte (-3%) y Hoteles, Cafés y Restaurantes (-1,4%). En sentido contrario, se encuentran Enseñanza (10,4% de subida) y Medicina (12,2%). En ambos casos, porque los principales operadores (las Administraciones Públicas) no absorben la subida de los impuestos en su contabilidad, al contrario de lo que sucede en el sector privado.

El IPC a impuestos constantes tiene como objetivo descontar de la variación de los precios la parte que se debe a las modificaciones en los tributos que gravan el consumo. Para ello, se mide la evolución del IPC bajo el supuesto de que estos impuestos no han variado desde el momento de referencia. Así, como sostiene el INE, cuando se produce una variación al alza (por ejemplo, la subida del IVA) una tasa de variación mensual negativa del IPC a impuestos constantes indica que “no todo el aumento de impuestos se ha trasladado al consumo final”. Es decir, que las empresas han decidido absorber en su cuenta de resultados el incremento de impuestos.

Los impuestos que se tienen en cuenta para la construcción de este indicador son, además del IVA, los que gravan los combustibles, el tabaco, la matriculación de vehículos y los que se aplican sobre las primas de seguros.

Una recesión severa 

Para entender la evolución de este indicador hay que tener en cuenta que en agosto de 2012 subía a un ritmo anual del 2,6%, pero ahora, en medio de una severa recesión (el PIB está cayendo en el entorno del 2% anual), está retrocediendo un 0,6%. Hay, por lo tanto, decrecimiento de los precios si se excluye el aumento de la presión fiscal.

La evolución del IPC a impuestos constantes es coherente con lo que está sucediendo con el nuevo índice de precios de consumo que quiere aplicar el Gobierno a la hora de revisar los precios públicos y las prestaciones sociales, según anticipó en el Plan Nacional de Reformas remitido recientemente a Bruselas.

En ese plan se dice textualmente que “la nueva regla de indexación, alternativa al IPC, será el IPC subyacente a impuestos constantes, con un límite superior del 2%. Se aplicará a las actualizaciones que procedan desde la entrada en vigor de la norma”. Es decir, que en la próxima revisión de las pensiones para adecuarlas a la evolución del coste de la vida, se aplicará este nuevo IPC.

¿Y cuánto ha subido en el último año este nuevo indicador? Pues según el INE,  la inflación subyacente a impuestos constantes (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) ha caído en los últimos doce meses un 0,1%. Exactamente eso es lo que deberían bajar los precios administrados por el Gobierno en 2014.

El Ministerio de Economía se ha comprometido a enviar el proyecto de ley de desindexación de la economía al Parlamento antes de que acabe el mes de mayo, y según se dice en el Plan Nacional de Reformas, será de aplicación a los ingresos y gastos del sector público estatal, autonómico y local cualquiera que sea su naturaleza, así como a los precios y tarifas regulados conforme a la normativa sectorial específica.

Para los contratos entre privados, la aplicación de la norma quedará sujeta al acuerdo entre las partes, si bien cuando en cualquier contrato, tanto público como privado, se contemple algún mecanismo de actualización de precios pero no se detalle el índice de referencia concreto a utilizar para realizar las actualizaciones, será aplicable el índice de referencia establecido. Todo atado y bien atado.