La crisis deja como herencia fiscal una rebaja de Sociedades y un alza del IVA

La quiebra de Lehman Brothers se obceca en cambiar el nuevo orden económico global. O, dicho de otra forma, el gran tsunami financiero se afana en constatar, pese a la ralentización de las reformas sistémicas que deben emerger desde el G-20, que nada será igual en los mercados ni en el tablero del poder mundial tras el 15-S de 2008. Ni siquiera en el terreno impositivo. Aunque, de momento, el suelo fiscal de las economías industrializadas y de los grandes países emergentes siga inmerso en una amalgama de  arenas movedizas que dificultan la visibilidad de estos cambios tributarios.

En esencia, porque, como explica Eduardo Sanfrutos, socio del Área de Tributación de Empresas de Ernst & Young Abogados, mientras algunas naciones ya han enterrado los programas de estímulo e iniciado planes de ajustes presupuestario -Europa, en general-, para contener la crisis de la deuda, otros, como Estados Unidos, mantienen “políticas expansivas, como la monetaria (quantitative easing) que aún trata de inyectar dinero en el sistema y conserva disposiciones de reducción fiscal para rentas altas de la etapa presidencial de George W. Bush e incentivos a la inversión”, lo que induce a anticipar que “no existe una gran reforma tributaria a la vista”.

Sin embargo, a pesar de esta titubeante tendencia, la crisis financiera parece dejar cierto margen de maniobra a las autoridades económicas para futuras rebajas en la imposición directa -con más dudas en el IRPF que en Sociedades- a cambio de someter a presiones alcistas a los tributos indirectos -básicamente, el IVA, pero también sobre los carburantes, el alcohol o el tabaco- y, sobre todo, de alumbrar nuevas figuras y gravámenes; en especial, sobre las ya denominadas fiscalidad verde y financiera. De hecho, Sanfrutos atestigua que estas señales ya se vislumbran con la nitidez de su entrada en vigor en algunas latitudes. En referencia a la mayor presión tributaria sobre el consumo (determinados tipos del IVA) decretada no sólo en los socios monetarios europeos imbuidos en turbulencias de endeudamiento, sino en Reino Unido, cuyo Gobierno se ha visto obligado, además, a instaurar gravámenes financieros.

En parecidos términos se manifiesta Ricardo López, director del Área de Tributación Internacional de KPMG Abogados. Aunque con matices, ya que, en su opinión, las posibles reducciones, entre las naciones industrializadas, “se darían en la tributación de Sociedades y en los rendimientos de capital, y no tanto en la imposición sobre rentas de trabajo, vía IRPF” como acaba de corroborar la canciller Angela Merkel para las rentas medias y bajas en Alemania a partir de 2013; sin descartar, de forma paralela, “incrementos de aranceles y gravámenes sobre determinados productos con una finalidad marcadamente proteccionista”. López también destila cierto pesimismo en los trabajos multilaterales enfocados a “eliminar la competencia fiscal lesiva en paraísos fiscales y territorios de baja tributación” que, en su opinión, “todavía deben concretarse y dar sus frutos”.

Tendencia de la tributación directa

Juan Cobo de Guzmán, asociado sénior al Área de Tributación de Empresas de Ernst & Young Abogados, confirma, con datos, esta tendencia en la tributación directa general. “El tipo impositivo medio en Sociedades se ha reducido desde el 25,19% de 2005”, tres años antes del estallido de la turbulencia financiera, “hasta el 22,25% de este año”, con España en un tipo (30%) “significativamente superior”, por lo que conserva un amplio margen para “añadir competitividad fiscal” al sector privado. Guzmán, en cualquier caso, alerta sobre las diferencias entre los tipos nominales de este impuesto y el gravamen efectivo; es decir, los costes fiscales reales que se asocian a la renta generada.

A este respecto, el último informe Doing Business del Banco Mundial revela que España es el cuarto socio de la Unión Europea con una mayor tasa impositiva por Sociedades; en concreto, el 56,5% de los beneficios empresariales. Sólo por detrás de un podium compuesto por Italia (68,6%); Francia (65,8) y Bélgica, con un 57% de gravamen sobre las ganancias.

El diagnóstico de la institución multilateral advierte, además, de la notable fuga de ingresos por este tributo en España debido al voluminoso porcentaje de economía sumergida, que calcula entre un 17% y un 23% del PIB. Todo un obstáculo en la carrera auspiciada desde Alemania para unificar la fiscalidad de las empresas europeas. A este respecto, Cobo de Guzmán considera que, salvo la propuesta de una base consolidada común, el planteamiento de Berlín adolece de “planes reformadores consistentes que analicen, por ejemplo, el papel de este tributo en tiempos de crisis”. Sin contar con el inconveniente añadido de la pérdida de soberanía fiscal que supondría las ventajas competitivas instauradas, en mayor o menor medida, por no pocos socios de la Unión para atraer o retener inversiones o capital humano.  

De igual forma, en el IRPF, la presión fiscal también se ha reducido, “desde el 41,61% de 2005 al 36,07% en 2011” si bien no se puede hablar de “una tendencia generalizada”. Para Cobo de Guzmán, sin embargo, el escenario de futuro más probable es el de modificaciones a la baja, toda vez que, en una economía globalizada “el coste fiscal sobre el factor trabajo juega en contra de la competitividad” de los países.   

Para López, de KPMG, los cambios en ciernes apuntan a una simplificación de Sociedades -reducción del número de deducciones e incentivos-, lo que “puede provocar alzas de la tasa efectiva final, esencialmente para grandes contribuyentes” al tiempo que se reducen los tipos nominales, así como las rentas del capital e intangibles “para no penalizar la inversión extranjera”, con alivio fiscal para PYMES y ventajas en actividades de valor añadido como la I+D+i. Todo en aras de la competitividad. Un parámetro que, a su juicio, no sólo conjuga la política fiscal, sino factores como la estabilidad económica e institucional o la seguridad jurídica en la protección de determinados activos.

A juicio de López, las naciones industrializadas tendrán que mirar de reojo el mapa impositivo empresarial de los mercados emergentes como Europa del Este, con tipos sustancialmente inferiores para atraer deslocalizaciones industriales -muy efectivo para sectores como el del automóvil o las manufacturas- o las vacaciones fiscales de los primeros años de inversión y los incentivos generosos de naciones como China o India.

A vueltas con la tributación indirecta

Por el contrario, en los impuestos indirectos la senda es marcadamente alcista. Eduardo Verdún, socio del área de este tipo de tributos en Ernst & Young Abogados, esta mayor carga impositiva ha provocado que el tipo medio del IVA en Europa, por ejemplo, se haya elevado hasta el 20%, “lo cual supone que el tipo máximo permitido por Bruselas, del 25%, está al alcance y haya dejado de ser una quimera”. A su juicio, todo intento de Bruselas de ordenar la imposición del IVA “ha resultado inútil”. Entre otras cuestiones, por “la intensidad y variedad con la que cada Estado miembro aplica los tipos reducidos”.

En esta amplia horquilla se podrían situar a Dinamarca, por un lado, como país que no aplica ningún tipo reducido y España, por otro, con un extenso catálogo de productos incluidos en esta modalidad y con demandas en curso ante el Tribunal de Luxemburgo, por ejemplo, en materia de equipamientos sanitarios y que terminará “con toda probabilidad –dice- en una sentencia condenatoria con fuerte impacto presupuestario para la Sanidad pública y privada”. Para Verdún, además, “no está nada clara la relación entre tipos reducidos y precios finales más bajos”.

El abogado de KPMG corrobora esta tendencia: “Puede haber subidas generalizadas del IVA a nivel global”, algo que resulta “especialmente previsible en España, dado que el tipo medio español es todavía inferior a la media comunitaria” y podría producirse un efecto contagio hacia otros impuestos indirectos como el tabaco o los carburantes, así como en figuras tributarias propias de países nórdicos y que gravan envases, bolsas de basura o productos con grasas saturadas.

Nuevos impuestos

“La presión de los mercados a los Estados soberanos para retornar a la senda de la ortodoxia fiscal y la merma que la crisis está provocando en las arcas públicas en un contexto de escaso crecimiento y alto desempleo, hace que inexorablemente se estén buscando nuevos ingresos tributarios”, afirma sin tapujos Sanfrutos. Con los tributos verdes y los impuestos sobre el riesgo sistémico -transacciones financieras y/o sobre las entidades bancarias que ya están en vigor en países como Reino Unido y en visos de convertirse en realidad en otros como Italia- y los copagos -sanitarios, por ejemplo- como principales opciones de futuro.

Una posibilidad que ha vuelto a salir a la palestra estos días a modo de controversia, en el seno del Gobierno español, entre el titular de Fomento, José Blanco, que reclama nuevos impuestos para sufragar las grandes infraestructuras del futuro, y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que descarta cualquier elevación de la presión fiscal directa e indirecta, aduciendo, como esperanza de mayor recaudación, la reactivación del consumo, aunque sin mencionar la alternativa de nuevos tributos.

Mapa impositivo español

Teniendo en cuenta la escena internacional Ricardo López, letrado de KPMG, realiza el siguiente diagnóstico sobre el mapa impositivo español. En caso de acometer cambios fiscales el actual o el futuro Gobierno debería afrontar primero un planteamiento inicial que acometa un asunto estructural: qué modelo impositivo proporcionará, a corto y medio plazo, los recursos necesarios para financiar el Estado de Bienestar e incentivar, al mismo tiempo, el cambio de modelo productivo. Un desafío que, a su juicio, “exigiría interrogarse sobre algunos esquemas impositivos actuales”. Entre otros, si tiene sentido el sistema dual de IRPF; si el Impuesto de Sociedades debe mantener su orientación hacia la recaudación, que se ha desplomado por la crisis, o servir de instrumento de política económica; si deben abolirse figuras tributarias locales y autonómicas asociadas a la industria inmobiliaria o sustituirlas por otras como una posible fiscalidad sobre el CO2 que, a su vez, supla la imposición de cada municipio a las energías renovables.

A modo de hipótesis, “y si persiste la actual situación de descenso recaudatorio” López apunta algunos cambios. Básicamente, un aumento de la tributación indirecta, sin tocar el IRPF tras la supresión de deducciones costosas como la deducción de los 400 euros o por adquisición de vivienda, con avances técnicos hacia una mayor neutralidad en la tributación de distintos instrumentos de ahorro, sin descartar rebajas del tipo nominal de Sociedades.