Tragsa implica a las comunidades autónomas como responsables del fraude fotovoltaico

Sancionar a las comunidades del PSOE

Este periódico adelantaba hace un año que el Gobierno buscaba fórmulas para recortar las primas a las energías renovables con carácter retroactivo. Todo con la idea de reducir el coste de los subsidios, que al final se repercuten en el recibo de la luz. También en la convicción de que había una importante bolsa de fraude al abrigo de las generosas primas del 661. Fuentes del sector insistieron desde el primer momento en que investigar ese fraude equivalía a inspeccionar las tropelías cometidas por las autonomías en la concesión de licencias. Y sancionarlas. Una tarea compleja para el Ministerio en tanto las tres con mayor potencia solar instalada son Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, hasta ahora gobernadas por el PSOE.

Según la información remitida la semana pasada por la CNE, de las 5.072 instalaciones revisadas hasta la fecha, 1.082 no han logrado probar que estuvieran listas para la producción de energía eléctrica en plazo. “La falta de acreditación de estas 1.082 instalaciones es debida en 791 casos a la no aportación de la documentación requerida en (…) facturas, albaranes, documentos de aduana”, explica el supervisor. Desde el sector, se ha insistido en el extremo de celo mantenido por Tragsa, al punto que ni la propia ley recoge la obligación de guardar los albaranes cuatro años después de la compra. “Es como si te dan una vivienda de protección oficial y al cabo de los años te piden facturas de las ventanas, las puertas...”, se quejaba un promotor.

Las complicaciones se multiplican en los proyectos llave en mano, en los que las facturas y albaranes están a nombre de la empresa instaladora y no del propietario, razón por la cual la CNE estima en muchos casos que no es posible asegurar que los paneles pertenezcan a la instalación. “Mi huerto, al que ahora la CNE suspende la prima por no cumplir con el Real Decreto 1003/2010, tiene dos certificaciones. La eléctrica de referencia me dio el boletín del instalador. Y luego, la delegación provincial me dio el acta de puesta en marcha. Habrá que demandar entonces a las consejerías de las comunidades autónomas. No sé cómo la Fiscalía no ha entrado de oficio si hay un fraude tan masivo”, asegura otro inversor, bajo condición del anonimato.

Los inversores que estén en la lista negra de la CNE podrán recurrir ante el Ministerio de Industria, una vez éste acuerde oficialmente la suspensión de la ayuda. Miguel Sebastián tiene tres meses para resolver la cuestión. Desde ahí, el siguiente paso es la vía contencioso administrativa. “Un proceso se lleva entre dos y tres años. Aunque te den la razón, ese plazo puede ser insostenible para muchas instalaciones”, subraya este último inversor.