Esperanza Aguirre recauda 50 millones de euros por las cuentas opacas en Suiza

La Comunidad de Madrid ha recaudado unos 50 millones de euros por el caso de las cuentas opacas en el banco HSBC en Suiza, según fuentes conocedoras del proceso. Mientras, la Agencia Tributaria (AEAT) ha ingresado hasta septiembre 260 millones de euros procedentes de la regularización de cuentas de clientes españoles en dicha entidad, según informó hoy en el Congreso el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

La elevada recaudación de Madrid se debe a que la mayoría de las declaraciones complementarias presentadas se refieren al Impuesto del Patrimonio, que estaba cedido a las comunidades autónomas hasta su desaparición en 2008. Los implicados en este escándalo pueden alegar que el dinero proviene de ejercicios ya prescritos, con lo que no tendrían que declararlo en el IRPF, pero no que no lo tuvieran, con lo que debían haber pagado por Patrimonio.

De hecho, las autonomías vieron rápidamente en este fraude una oportunidad de oro para reparar el maltrecho estado de sus arcas y que lanzaran una ofensiva inspectora mucho más agresiva que la de la Agencia Tributaria estatal. Y en esto la región que preside Esperanza Aguirre se lleva la palma, ya que la mayoría de los implicados reside en la capital o alrededores. Un portavoz de la Comunida de Madrid declinó hacer comentarios sobre esta información.

Según las fuentes consultadas, cerca de la mitad de los implicados ha presentado algún tipo de complementaria. Sin embargo, la mayor parte son de Patrimonio y las que del Impuesto sobre la Renta suelen reconocer una parte muy pequeña del dinero escondido en Suiza, o solamente la rentabilidad obtenida por el capital inicial en los años no prescritos.

2005 prescribe por un lío de competencias

Precisamente, la competencia autonómica en el Impuesto de Patrimonio ha provocado que el primero de los ejercicios a los que se refiere el fraude, 2005, haya quedado prescrito para este tributo. La explicación es un tanto técnica. Como se recordará, la Agencia Tributaria no abrió procedimientos de inspección masivos hasta septiembre, y en junio se limitó a enviar un requerimiento de gestión para que los implicados regularizasen voluntariamente su situación.

Dado que el Estado no tiene competencias de gestión sobre Patrimonio (sí las tiene de inspección), este requerimiento no interrumpe la prescripción de las cantidades no declaradas: así, el 30 de junio expiró la obligación de declarar sobre el ejercicio 2005 -las sanciones administrativas caducan a los cuatro años-, de forma que las autonomías sólo podrán recaudar por dos ejercicios: 2006 y 2007; en 2008 se suprimió este tributo.

Sigue habiendo dudas sobre si el requerimiento interrumpe o no la prescripción en el caso del IRPF. Ahí el caballo de batalla no está en la competencia estatal, sino en si una actuación de gestión produce este efecto o si es necesario iniciar una inspección.

La amabilidad sale cara

En todo caso, ante la falta de respuesta al requerimiento, Hacienda destituyó a los responsables de perseguir este fraude y acometió inspecciones masivas a los implicados. "De haber ido por esta vía desde el principio, no habría lugar a la duda y no se habría ido de rositas el dinero de los primeros ejercicios", comenta un experto fiscalista.

Por el contrario, el trato amable dispensado con este requerimiento ("invitación" según algunos bufetes especializados) ha tenido estas consecuencias negativas y ha provocado la furibunda reacción de los inspectores y los técnicos de Hacienda ante lo que consideran un "trato de favor escandaloso" y una "amnistía fiscal encubierta".

Las fortunas envueltas en este escándalo que han optado por no hacer declaraciones complementarias, o por no incluir todo el dinero en las mismas, confían en que los tribunales tumben las posibles demandas de Hacienda porque los datos fueron obtenidos de forma ilegal (un robo por parte del empleado de HSBC  en 2007), lo cual se cargaría la principal prueba de la acusación en un eventual juicio. Además, pesa mucho el precedente de Liechtenstein hace tres años, donde sólo pagó el 20% que prefirió hacer una declaración complementaria en vez de arriesgarse, mientras que el 80% que ignoró aquel requerimiento no tuvo que abonar nada.