La alarma de MAFO sobre las cajas motivó el encuentro de Zapatero y Rajoy

El encuentro de ayer en Moncloa entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición no estuvo motivado por el violento ataque contra los activos españoles en los mercados, sino por la crítica situación de las cajas de ahorros. Según fuentes de toda solvencia, el motivo de la reunión fue la alerta del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre el estancamiento de la reestructuración de las cajas de ahorros, cuyo desbloqueo exigía un acuerdo con el PP antes de que fuera demasiado tarde.

Concretamente, MAFO se refiere a tres operaciones importantísimas para la reordenación de las cajas y que se encuentran paralizadas y en serio peligro de descarrilamiento: la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, la absorción de Cajasur por Unicaja y, lo más sorprendente, la única operación que parecía fuera de todo peligro, la compra de la intervenida CCM por Cajastur. Además, otras muchas entidades siguen resistiéndose a participar en ninguna operación. Y en lo que coinciden Gobierno, supervisor y Partido Popular es en que una intervención de una entidad ahora desataría una crisis mucho más grave en los mercados.

En medios políticos y económicos había causado gran sorpresa la premura de la convocatoria del encuentro de los dos líderes después de 18 meses sin verse, y que, tras el mismo, no hubiera ningún acuerdo ni declaración sobre la reducción del déficit o la puesta en marcha de las reformas que los mercados exigen a España, ya que se suponía que esas prisas obedecían a la crisis de la bolsa y la deuda españolas. La respuesta radica en la citada alerta de MAFO, lo cual también explica que en el encuentro se alcanzara un acuerdo para acelerar las fusiones de cajas y reformar la normativa del sector.

Las fuentes consultadas añaden que, hace un año, el propio Fernández Ordóñez entregó a Mariano Rajoy un borrador para la reforma de la LORCA (Ley que regula el funcionamiento de las cajas), pero que posteriormente Pedro Solbes, todavía ministro de Economía, le dijo que se olvidara de dicha reforma porque se aplazaba hasta que terminara de aplicarse el FROB. En consecuencia, lo ocurrido ayer supone un giro de 180 grados en la postura del Gobierno, que se explica por la incapacidad del Banco de España para reorganizar el sector pese a la ayuda del fondo de reestructuración.

"El Gobierno pensaba que las cajas sólo iban a tener que pasar dos años malos, 2009 y 2010, porque esperaba la recuperación económica llegara en 2011 y que eso hiciera remontar al sector. De ahí que el Banco de España dictara la relajación de provisiones, para que pudieran superar ese período sin grandes problemas. Pero ahora se han dado cuenta de que 2011 también será un año malo, y probablemente también 2012, y muchas cajas no pueden aguantar todo ese tiempo tal como están. Hay que actuar y hay que hacerlo de inmediato", sostiene un alto cargo del sector financiero español.

Fusiones empantanadas

Lo que ha provocado la alarma del supervisor es que el proceso de reestructuración de las cajas se ha vuelto a estancar, por su incapacidad para superar las trabas de todo tipo -políticas, de personalismos, localistas, etc.- que afrontan las fusiones en marcha.

La unión de las dos cajas gallegas se encuentra empantanada por las demandas del presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, de permanecer otros nueve años más en el cargo, tal como cuenta hoy en exclusiva El Confidencial. No obstante, hay acuerdo en los demás temas sensibles, como la sede (la oficial estará en Santiago, con dos subsedes operativas en La Coruña y Vigo) o la presidencia de la entidad fusionada (que corresponderá al actual director general de Caixa Galicia, José Luis Pego). Ayer se celebró una reunión del Banco de España y la Xunta con las dos entidades en el que se aprobó el nombramiento de un consejo paritario.

Peor todavía se encuentra la absorción de Cajasur por Unicaja, en este caso a cuenta del recorte de plantilla necesario para obtener un ahorro de costes de 57 millones. La caja malagueña, que preside Braulio Medel, pretende que el grueso del ajuste -unas 900 personas- corra a cargo de la cordobesa, a lo que el cabildo catedralicio de esa ciudad (que controla Cajasur) se niega en redondo. De hecho, su presidente, Santiago Gómez Sierra, ha declarado que prefiere ser intervenido por el Banco de España antes que asumir el coste social de esos despidos.

Ni siquiera la fusión Cajastur-CCM está asegurada

El caso más sorprendente es el de la compra de Caja Castilla-La Mancha por Cajastur, que nadie cuestionaba después de las grandes prebendas recibidas por la entidad asturiana: se dejó fuera la corporación industrial, el Fondo de garantía de Depósitos inyectó 1.300 millones de capital a CCM y ofreció garantías por otros 2.475 millones contra posibles pérdidas en la cartera de crédito.

Sin embargo, tal como adelantó El Confidencial, estas garantías pueden ser ahora insuficientes, ya que en fuentes del sector se cifra las posibles necesidades de la caja manchega hasta en 4.000 millones. No obstante, la caja que preside Manuel Menéndez desmiente que tenga mayores necesidades o que haya pedido más fondos. En todo caso, todavía no se ha convocado la asamblea de CCM que debe aprobar la fusión y que estaba prevista para este mes, un retraso que oficialmente se achaca a que no está concluido el informe del experto independiente sobre la operación y el visto bueno de Bruselas a la misma.

Esta asamblea puede dar la campanada, ya que el Banco de España no tiene derecho de voto pese a haber intervenido la entidad, y es perfectamente posible que no apruebe la fusión. Y en ese caso, no existe ningún plan B para la única entidad intervenida en España en la última década.