El Gobierno limita el nuevo modelo productivo a reformas ‘light’ de la economía

La cacareada Ley de Economía Sostenible ya está aquí, y ha venido para quedarse. Pero el nuevo modelo productivo tendrá que esperar. Y mucho. El anteproyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros va en la buena dirección, pero apenas introduce reformas de calado en la economía.

 

Aunque la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró tras el Consejo de Ministros que la norma tiene como horizonte el año 2020, ni se habla de las pensiones o del sistema sanitario (el envejecimiento de la población es una variable clave para la economía española a partir de 2015) ni del mercado de trabajo (el paro se asoma ya al 20% de la población activa) ni de la reducción del aparato administrativo del Estado en unos momentos en los que el déficit público representa ya cerca del 10% del PIB. Tampoco se identifica por donde debe transitar el nuevo modelo productivo que debería sustituir al sector de la construcción. La apuesta por la creación de empresas se limita a una reducción de los costes y de los plazos para crear sociedades, pero sin una nueva fiscalidad o una revisión de las leyes regionales que cercenan la unidad de mercado. Son medidas inconexas sin un eje vertebrador.

Y es que la nueva ley propone una panoplia de reformas económicas que convierte a la norma en una especie de cajón de sastre, y que anteriormente se articulaban en torno a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, suprimida por el Gobierno de Zapatero desde el año 2005.  Las reformas afectan a múltiples sectores económicos, y en general suponen un estímulo de la actividad económica de limitado alcance que se sitúan -como regla general- en la buena dirección.

El texto articulado del anteproyecto de ley estará listo a principios de la semana que viene, pero en el mejor de los casos, según señaló la propia vicepresidenta a El Confidencial, no verá la luz hasta el verano de 2010. Antes, habrá que negociarlo con los agentes económicos y sociales y con el propio parlamento, ya que la idea del Gobierno es que salga adelante con el más amplio respaldo posible. Y antes habrá que llevarlo al Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social (CES).

La nueva economía sostenible no tendrá siquiera un presupuesto adicional y específico. Los 20.000 millones de euros de los que habló en su día Zapatero en el Congreso se articularán a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) e irán desgajados de la ley, por lo que podrán ejecutarse  antes de su entrada en funcionamiento. Probablemente el próximo 1 de enero. El dinero se destinará a financiar proyectos viables en materias como el turismo, los fondos de capital riesgo, créditos para la rehabilitación de viviendas y edificios, eficiencia energética o salud y biotecnología, es decir sectores que el Gobierno considera de futuro. Una parte no concretada de esos 20.000 millones de euros saldrá de las entidades financieras privadas, pero Salgado no dio ayer más detalles. Sólo está claro que ese dinero habrá que devolverlo en condiciones de mercado.

Estos son los puntos principales del paquete de medidas:

Organismos reguladores

 

Entes como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)  tendrán a partir de la entrada en vigor de la ley cinco consejeros en lugar de los nueve actuales. Tanto el presidente como los cuatro consejeros restantes serán nombrados por el Gobierno con un mandato de seis años sin posibilidad de ser renovados, y cada año deberán rendir cuentas ante el Parlamento. La Comisión Nacional de Competencia gana poder debido a que la nueva ley obliga al resto de órganos reguladores a coordinarse con ella.

Remuneraciones de los gestores

En línea con las recomendaciones del G-20, se cambiará la ley para obligar a las sociedades cotizadas a elaborar un informe sobre remuneración de los directivos con carácter anual. El documento no lo aclara, pero se supone que afectará tanto a consejeros como gestores. Si está claro, como anunció la propia Salgado, que ese informe deberá precisar las retribuciones individuales de cada uno de los consejeros. En la actualidad, la información es agregada y no es posible conocer cuánto gana cada administrador. También en línea con lo aprobado por el G-20, el Banco de España podrá exigir a los bancos y las cajas retribuciones de sus directivos coherentes con la solvencia de cada entidad. Esto significa que no habrá topes, como en algún momento se había sugerido desde diversos sectores.

Sector público

La principal novedad se refiere a la prohibición de que los contratos públicos se modifiquen más de un 20% sobre su presupuestos inicial. En la actualidad es normal ver cómo muchos contratistas elevan la factura por encima de ese porcentaje por nuevos costes sobrevenidos, lo que supone un fraude encubierto del concurso público. Son los llamados modificados. El Gobierno, en línea con la UE, quiere acabar con esta práctica, y en este sentido se prohíbe que las modificaciones de los contratos públicos puedan superar el 20% del precio del contrato. Salgado aseguró ayer que esto supondrá que en ocasiones se tendrá que convocar un nuevo concurso público por el procedimiento de urgencia. La nueva norma, igualmente, permitirá aumentar el porcentaje de subcontratación desde el 30% actual hasta el 50%. El objetivo es elevar el número de pymes que puedan participar en un concurso público.

Morosidad

 

Uno de los aspectos más aventurados de la nueva Ley se refiere a la morosidad de las administraciones públicas. Y en ese sentido, el Gobierno se compromete a que el plazo de pago a los proveedores baje de los 60 días actuales a 30. Se trata de una medida verdaderamente voluntarista, toda vez que ni con plazos más largos como los vigentes las administraciones públicas pagan en plazo, por lo que difícilmente podrán cumplir los nuevos requerimientos más exigentes. Algunas asociaciones de contratistas o proveedores públicos sostienen que la media de cobro actualmente supera los 100 días, el 40% más de lo que dice la ley. Se ha calculado que la morosidad pública supera ampliamente los 30.000 millones de euros.

En realidad se trata de una especie de brindis al sol tomado de una iniciativa parlamentaria que aprobó el Grupo Socialista. Según Salgado, los interventores del Estado  tendrán más facultades para conocer las cuentas de cada administración, lo que en teoría debería agilizar los procedimientos.

La declaración de buenas intenciones llega también a la morosidad del sector privado, que a partir de la entrada en vigor de la norma debería tener 60 días para el pago a pymes y autónomos. Un plazo a todas luces inalcanzable en un contexto económico como el actual.

 Fiscalidad

 

No hay novedades relevantes en materia tributaria. El nuevo modelo productivo no contará con estímulos tributarios a favor del medio ambiente, como se había llegado a sugerir. No se incorporan, por lo tanto, nuevas tasas medioambientales. Y  tan sólo se incluyen en el anteproyecto compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno con anterioridad en lo relacionado con la fiscalidad de la vivienda. El Ejecutivo lo ‘vende’ como una apuesta por el medio ambiente.

Como era conocido, a partir de enero de 2011 la deducción por adquisición de vivienda se limita rentas anuales inferiores a 24.107, 20 euros. Pero si la base imponible es inferior a 17.707,20 euros se mantiene el tope del 15% actual con un tope de 9.040 euros. La reducción será gradual de forma lineal entre ambos límites de desgravación.

Entre las novedades de la norma se encuentra el hecho de que, por primera vez, se pone en una ley que la vida útil de las centrales nucleares se mantiene en 40 años. Salgado abrió ayer la posibilidad, sin embargo, a que ese límite no se cumpla “en casos excepcionales”, en línea con la decisión que se tomó con la central de Garoña. De esta manera, se abre la mano a prórrogas adicionales.

Se trata, por lo tanto, de una ley ómnibus donde cabe casi todo, y que como reconoció ayer Salgado, sufrirá modificaciones durante su tramitación. Fuera y dentro del parlamento. Entre las novedades, la eliminación de la obligatoriedad de publicar cambios societarios en los periódicos con el objetivo de abaratar costes. El lobby de la prensa tendrá que actuar si no quiere perder el sector cuantiosos recursos.