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La fusión de Bancaja y CAM defendida por Camps choca con los intereses del PP de Alicante
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SUPONDRÍA UN SERIO PROBLEMA REORGANIZAR A LOS CASI DIEZ MIL EMPLEADOS QUE SUMAN ENTRE AMBAS

La fusión de Bancaja y CAM defendida por Camps choca con los intereses del PP de Alicante

Ahora ya está claro. Al margen de las turbulencias políticas y económicas y de los costes sociales, la Generalitat valenciana echará el resto para conseguir que

Foto: La fusión de Bancaja y CAM defendida por Camps choca con los intereses del PP de Alicante
La fusión de Bancaja y CAM defendida por Camps choca con los intereses del PP de Alicante

Ahora ya está claro. Al margen de las turbulencias políticas y económicas y de los costes sociales, la Generalitat valenciana echará el resto para conseguir que las dos grandes cajas que controla (Bancaja y CAM) se fusionen en esta legislatura. Así lo ha dejado claro Gerardo Camps, vicepresidente económico del Consell valenciano, pocos días después de la remodelación del Gobierno regional provocada por el caso Gürtel.

 

“La mejor opción para las dos grandes cajas valencianas y para la Comunidad en su conjunto es lograr una fusión autonómica de la que resulte una supercaja que pasaría a competir de tú a tú con las otras dos grandes: La Caixa y Caja Madrid", ha declarado Camps a la cadena Cope en Valencia.

 

Al margen de la situación financiera de ambas entidades –buena según sus gestores, con excesivo riesgo a corto plazo por el excesivo compromiso de ambas del sector inmobiliario, según fuentes independientes– , en lo que coincide la generalidad de fuerzas sociales en la Comunidad Valenciana es en los altos costes sociales que generaría a corto plazo lo que Camps llama “una supercaja”.

 

Las oficinas de CAM y Bancaja se solapan en la Comunidad como dos caras de un mismo grabado. Y son muchas: 1.100 en el primer caso, y menos de 1.200 en el segundo, con la particularidad de que es en su región original donde más competencia directa tienen.

 

Reducción de costes, numerosos despidos

 

Consecuentemente, la reducción de costes sería enorme para la entidad resultante, pero también supondría un serio problema “reorganizar” a los casi diez mil empleados que suman entre ambas. Los sindicatos ya han emitido mensajes alarmantes al respecto con mayor o menor claridad. Camps no trató este asunto en sus declaraciones.

 

Fuentes sindicales auguran un incremento espectacular del paro en el sector bancario valenciano en caso de que se produzca la fusión, cuyo horizonte, para el vicepresidente económico del Consell es de “un año y medio o dos años”. Fuentes financieras alicantinas creen que el proceso laboral no sería más traumático que el habido en la época de fusiones en la banca española, a finales del siglo pasado.

 

Otro escollo a superar serían las reticencias alicantinas a perder la sede central de la CAM, actualmente en la capital provincial, pues no se duda que el nuevo centro del poder de la entidad quedaría ubicado en Valencia. Detalle que no es baladí en estos momentos tras las serias y públicas discrepancias con la deriva oficial del caso Gürtell en su versión valenciana expresadas por el presidente provincial del PP alicantino, José Joaquín Ripio. A quien indudablemente respaldará el empresariado de su provincia, que ya se ha pronunciado en contra de que la sede central de la supercaja se ubique en Valencia.

 

Camps, sin embargo, fue muy claro en sus declaraciones. Tanto como para fijar como siguiente objetivo, una vez fundada la “supercaja”, la absorción de Cajamurcia, cosa de la que los vecinos del sur no quieren ni oír hablar, tanto que ya han empezado a hablar con entidades de otras provincias, como Caixanova.

Ahora ya está claro. Al margen de las turbulencias políticas y económicas y de los costes sociales, la Generalitat valenciana echará el resto para conseguir que las dos grandes cajas que controla (Bancaja y CAM) se fusionen en esta legislatura. Así lo ha dejado claro Gerardo Camps, vicepresidente económico del Consell valenciano, pocos días después de la remodelación del Gobierno regional provocada por el caso Gürtel.

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