Los sindicatos piden, como mínimo, una subida del IPC para los empleados públicos

Los sindicatos UGT y CCOO han trasladado al Gobierno una propuesta unitaria para negociar en la Mesa General de la Función Pública en la que estarían dispuestos a una "contención solidaria salarial" de los funcionarios, siempre y cuando se mantenga el poder adquisitivo.

El representante de los servicios públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha advertido de que UGT y CCOO no firmarán una congelación salarial de los funcionarios si ello supone una pérdida de poder adquisitivo y ha señalado  que el acuerdo debe incluir una cláusula de revisión salarial. Además ha descartado que la Mesa General de las Administraciones Públicas se reúna antes del próximo jueves 10.

Por su parte, el secretario de comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, ha asegurado que los sindicatos están dispuestos a que el crecimiento de los salarios sea "más modesto", a cambio de que se recupere el poder adquisitivo en años sucesivos.

"Si hay una oferta del Gobierno, independientemente del dígito, que garantice en el plazo de vigencia del acuerdo el mantenimiento del poder adquisitivo, UGT lo firmará", ha dicho Lacuerda. "A nuestro juicio, la congelación salarial es que los sueldos no crezcan más que el Índice de Precios al Consumo, y si es así, estaremos de acuerdo, pero si pueden estar por debajo del IPC, diremos que no", ha apostillado.

Documento consensuado

En la tarde del lunes se reunieron las federaciones de los Servicios Públicos de UGT y CCOO para firmar un documento unitario que después han traslado al Ejecutivo. En ese documento se exige al Ejecutivo que "desatasque" el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y que no "ha tenido ningún desarrollo normativo".

Asimismo, los dos sindicatos plantean al Gobierno que la Mesa de la Función Pública negocie el mantenimiento del empleo en las Administraciones Públicas. Lezcano ha dicho que el Ejecutivo debe garantizar la oferta de empleo público en sectores esenciales como la sanidad o la educación y que se transforme el empleo temporal en fijo.

Para Julio Lacuerda, actualmente hay "margen de negociación" y confía en llegar a un pacto, porque el Gobierno ha cumplido "hasta la fecha" con sus compromisos sociales y contractuales. No obstante, exige que el Ejecutivo dé "garantías escritas" de cumplimiento del acuerdo "que no puede trascender de la legislatura".