Carta de Furtivos al ministro de Cultura

La gestión cultural no ha sido nunca la prioridad de un gobierno español. Ofrecemos una lista de medidas que se podrían tomar para revertir la situación

Foto: Méndez de Vigo (EFE)
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La cultura como señal de la identidad de un país fue elevada a materia ministerial por el gran André Malraux. Y el ministerio de Cultura francés se dedicó con aplicación a la defensa de museos y monumentos, sus artes visuales, plásticas, teatrales, musicales literatura, arquitectura, danza, cine… todo en francés. Y resultó ser, además de una gloria, un gran negocio. Pero, ¡ay!, en España la gestión cultural no ha sido prioridad de ningún gobierno.

Prueba de ello es que, desde el reinado de Fernando VII, el cuidado del patrimonio artístico se articuló a través de las Reales Academias de Bellas Artes y San Fernando, que por entonces dependían del Ministerio de Exteriores. Posteriormente esas materias tan delicadas pasaron a depender de Fomento (1847-1850) y luego del ministerio de Gracia y Justicia (1851-1855) para volver a Fomento (1855-1900).  En 1900 se creó el ministerio de Educación y este asumió, aunque sin grandes entusiasmos, las funciones de Cultura. En 1946 se creó el departamento de cultura dentro del ministerio, y también la Dirección General de Cine. La única política cinematográfica innovadora la desarrolló José María García Escudero. Tuvo éxito porque copió el sistema francés; de las ayudas sobre proyecto surgió el Nuevo Cine Español y la Escuela de Barcelona, y las ayudas automáticas impulsaron a la industria. 

Más tarde, en los años ochenta, el famoso decreto de Pilar Miró fue un revulsivo, pero su efecto positivo duró dos años; enseguida empezaron los efectos negativos. Salvo ese paréntesis, más allá de ligeras modificaciones el sistema vigente a día de hoy es el que se inició en 1964.

El sistema cinematográfico vigente a día de hoy es el que la Dirección General de Cine ideó en el año 1964

Pero no nos engañemos: nada que ver con la postura francesa, con la grandeur du cinéma français. Nuestra Dirección General de Cine nació con el exclusivo objetivo de censurar las películas que exhibir en las salas y premiar las producciones españolas afectas al régimen franquista. La Dirección General pasó a depender del recién creado Ministerio de Información y Turismo en 1951. Hubo que esperar hasta 1977 –¡con el dictador muerto y los españoles en pleno periodo constituyente!– para que el primer Gobierno de Adolfo Suarez creara, al fin, el ministerio de Cultura.

Ministros sin nada que hacer

Desgraciadamente, en esos primeros años los ministros del ramo no tenían apenas trabajo. El Estado se enfrentaba con grandes problemas que resolver y la Cultura no era la mayor preocupación de los gobiernos, aunque la situación cambió sensiblemente con la llegada de los socialistas al poder (1982-1996).

Cuatro activos ministros, Javier Solana, Jordi Solé Tura, Jorge Semprún (en este caso con mayor aportación de imagen que de capacidad resolutiva) y Carmen Alborch desarrollaron una serie de iniciativas culturales que nos acercaron al modelo francés.

La situación cambió sensiblemente con la llegada de los socialistas al poder

Hubo numerosas ocasiones de vender nuestra cultura como parte de la Marca España (y de paso hacerse fotos para la prensa internacional). Museos y Libro siempre han gozado de una política de Estado, en la que han actuado conjuntamente PSOE y PP.

Por ejemplo:

- La inauguración del Reina Sofía en 1992 con el traslado del Guernica; precedida por la disputa entre el ministro Íñigo Cavero y su director general, Javier Tusell, deseosos de protagonizar el primer traslado del cuatro (1981): del MOMA (Nueva York) al Casón del Buen Retiro.

- La modernización de la Biblioteca Nacional.

- La ampliación del Museo del Prado.

- La creación del ICAA (Cine) y INAEM (teatro) como entes autónomos,

- El comentado decreto Miró sobre el cine, las trasferencias culturales a las autonomías, etc.

José María Aznar provocó momentos de zozobra cuando en 1996 devolvió Cultura al ministerio de Educación. Pero no llegó la sangre al río.

José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008) quiso hacer de la Cultura el eje de su acción política, pero sus colaboradores cercanos con mayor poder en el Gobierno y en el Grupo Parlamentario maniataron y entorpecieron las iniciativas de su última ministra de Cultura. La crisis económica remató la faena, haciendo de su mandato un nefasto periodo para nuestro quehacer cultural.

Wert y Lassalle (EFE)
Wert y Lassalle (EFE)


Y luego… luego sí llegó la sangre al río… Casi cuatro años con un ministro de Cultura ausente y a sus órdenes, solo formalmente, un secretario de Estado cuya única dedicación ha sido conservar el cargo.

Pero seamos optimistas… Desde el viernes tenemos un nuevo ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, y quién sabe cuántas cosas más.

Así es que, en forma de carta a los Reyes Magos, pedimos al Gobierno de la nación apoyo y presupuesto para el nuevo titular. Volviendo al modelo francés, sirve como ejemplo Jack Lang (1981-1986), con una personalidad arrolladora y con iniciativas en el Consejo de Ministros. Cuando Jack Lang hablaba, el resto de ministros callaba, situación que jamás se ha dado en los Consejos de Ministros en España.

Debemos procurar que las multinacionales no nos impongan sus ofertas en detrimento de la diversidad

Pedimos:

- Compromiso personal del nuevo ministro con las promesas electorales, que suelen ser muchas, y casi siempre son olvidadas… Pero sobre todo que sepa él mismo valorar la importancia e interés de nuestra Cultura, para España y para el mundo. Que se sienta André Malraux.

 -A todos los implicados en los sectores culturales, no sólo como productores, sino también como consumidores: debemos procurar que las multinacionales no nos impongan sus ofertas en detrimento de la diversidad cultural.

- Que se proteja al libro, al cine y la música de los avatares digitales, que sólo están beneficiando a esas multinacionales que tienen sus negocios en paraísos fiscales.

- Por último, se deberían coordinar y apoyar desde el Estado las iniciativas autonómicas y municipales.

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