Memoria histórica, así no, por M. Ocaña

Estimado director,

a raíz de la misiva del señor Hita [publicada ayer en esta sección], permítame realizar ciertas consideraciones.

Si bien, personalmente, no entiendo necesaria la aprobación de leyes de memoria histórica (toda vez que son varios y numerosos los desafíos que el presente siglo nos presenta), sí estimo que, en ciertas condiciones, podrían resultar una iniciativa positiva para el conjunto de la sociedad. Pero una ley que garantice la transmisión de nuestra historia colectiva a futuras generaciones ha de gozar, en atención a esa cualidad de “colectiva”, de un consenso social y político amplio y suficiente. Y ello, para garantizar que esta historia —nuestra historia– sea contada de la forma más aséptica y neutral posible. Hoy, por el contrario, no solo vemos cómo la iniciativa ahora propuesta carece del mínimo consenso político, sino cómo además requerirá del apoyo parlamentario, para su aprobación, de grupos cuyo objetivo explícito es la destrucción de España y que incluso niegan a nuestro país el estatus de democracia.

El actual Ejecutivo no ha buscado en ningún momento el consenso con —qué menos— el principal grupo de la oposición. Ello condena a la actual propuesta legislativa a constituir un instrumento sesgado y politizado, que para nada busca crear las mínimas condiciones para el establecimiento de ese relato común, sino azuzar el conflicto y la polarización, mediante un relato de parte, fundamentado en la demonización de la mitad de la sociedad española. Un relato que busca hacer de la Guerra Civil una lucha entre buenos y malos, cuando solo fue una trágica lucha entre hermanos. La mayoría de los españoles que lucharon en uno u otro bando lo hicieron de forma desideologizada, y frecuentemente por razón de circunstancias coyunturales que —no pocas veces— nada tenían que ver con sus ideas políticas. La formulación de un relato en las categorías antes expuestas no es sino una falta a la verdad y la justicia histórica, y a la memoria de todas las víctimas que cayeron en tan sangriento conflicto.

Tengo 22 años. Me duele ver cómo los representantes de la soberanía nacional discuten sobre la nulidad de sentencias franquistas, mientras nadie habla de las reformas estructurales que podremos llevar a cabo con los 140.000 millones europeos, para hacer frente a problemas que lastran las expectativas de mi generación y mi país. Quiero una España que mire al futuro, pues son muchos y considerables los retos a los que nos enfrentamos.

Manuel Ocaña Vargas