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52 técnicos han sido sancionados en cinco años

El negocio energético de los arquitectos: 45 millones por un certificado de 10 minutos

Ángel Fernández acaba de vender un piso que tenía en el municipio madrileño de Guadarrama. Una casa en altura de 90 metros cuadrados construida en 1974. La inmobiliaria le recordó que antes de cerrar la operación debía entregar al comprador y futuro inquilino el certificado energético de la vivienda, un documento obligatorio desde junio de 2013 que especifica mediante una escala de siete letras (de la A a la G) el nivel de emisiones de CO2 en comparación con las dimensiones del inmueble. La inmobiliaria se ofreció a hacerlo por 100 euros más IVA. Pero el mercado es libre, y Ángel encontró a un arquitecto certificador de El Escorial que se lo hizo por 90 euros (con IVA y sin intermediarios), incluido el registro posterior en la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid.

El arquitecto tardó 10 minutos en tomar los datos de la vivienda y hacer unas fotografías. Días después, le remitió por correo electrónico el certificado de siete páginas y un informe complementario de mejoras energéticas a realizar en la vivienda de seis páginas. El negocio redondo. Desde el 1 de junio de 2013 (fecha en la que entró en vigor el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios) hasta el 31 de diciembre de 2017 (últimos datos oficiales) se han emitido en la Comunidad de Madrid 504.476 certificados energéticos, lo que supone un buen pellizco extra para arquitectos e ingenieros que como poco alcanza ya los 45 millones de euros (el coste medio del documento es de 90 euros).

Desde junio de 2013, las viviendas en venta o en alquiler deben disponer de ese certificado de eficiencia energética. De no ser así, los propietarios pueden ser multados con sanciones que van desde los 300 hasta los 6.000 euros. En estos cinco años (que se cumplen en un mes), la dirección general de Industria, que depende de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, ha realizado 527 inspecciones y ha puesto 25 sanciones a propietarios "por vender o alquilar inmuebles sin obtener el certificado energético, con una cuantía total de 15.140 euros". Es normal que haya pocas sanciones. Si se quiere tramitar oficialmente una compraventa, el notario exige el certificado, por lo que la mayoría de las irregularidades se detectan en los alquileres.

Los propietarios no son los únicos que pueden ser sancionados. El Gobierno regional también ha incoado 52 expedientes a técnicos certificadores, con una cuantía total de 63.285 euros. ¿Los motivos? Falsear la información en la expedición o registro de certificados, actuar como técnico sin reunir los requisitos legalmente exigidos o actuar como agente independiente autorizado para el control de la certificación de la eficiencia energética de los edificios sin contar con la debida habilitación otorgada por el órgano competente. ¿Quién puede realizar un certificado? Arquitectos, arquitectos técnicos y cualquier tipo de ingeniero. Siempre que estén colegiados.

La etiqueta de un certificado energético de una casa calificada como E.

En el segundo semestre de 2013, cuando entró en vigor la obligación de tener el certificado, se tramitaron en la región 100.808 (cuando solo hubo 21.329 operaciones de compraventa, según el INE). La normativa es aplicable también para los pisos en alquiler, además de los locales comerciales y las oficinas. Solo están exentos "los edificios o partes de edificios con una superficie útil total inferior a 50 metros cuadrados". En 2014, se registraron 123.839 certificados (44.488 viviendas vendidas). En 2015, los certificados se redujeron a 99.392 (51.885 viviendas vendidas), cifra que volvió a bajar a 89.051 certificados en 2016 (59.059 operaciones de compraventa). El año 2017 se cerró con 91.386 certificados (70.203 viviendas vendidas). En los dos primeros meses de 2018 se han registrado en la Comunidad de Madrid 12.600 transacciones, que han tenido que obligar al vendedor a obtener el certificado si no lo tenía ya.

"Tener el certificado es un derecho del consumidor. No solo cuando una persona compra un piso, sino también cuando lo alquila", explican desde Certicalia, una empresa especializada, que recalca que la normativa excluye las viviendas que se alquilan menos de cuatro meses al año. Los certificados tienen una validez de 10 años. Lo cierto es que las estadísticas demuestran que las características energéticas de los inmuebles son en general bastante bajas. Siendo A la más eficiente, la E es la más habitual en el 53% de los casos. La F la tiene el 12,6% y la G (la peor), el 21,9%. La A (un ratio de emisiones por debajo de los 6,8 kg CO2/m2 al año) solo representa el 0,16% de los casos y la B, el 0,20%, explican desde Certicalia.

Lo que está claro es que la emisión de certificados ha abierto una nueva línea de negocio para arquitectos e ingenieros. El precio depende de los metros cuadrados del inmueble a certificar. "En Madrid capital, están bajando los precios por la libre competencia", aseguran desde Certicalia. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid señala que no da recomendaciones sobre honorarios desde la aprobación de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, "que prohíbe en su artículo 14 a los colegios profesionales y sus organizaciones colegiales establecer baremos orientativos, ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales". Para una vivienda de entre 80 y 120 metros cuadrados, la horquilla de precios va de los 60 a los 90 euros.

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