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la comunidad está realizando un nuevo censo

Cifuentes 'amnistía' 783 edificaciones ilegales si tienen luz, agua y accesos

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes quiere legalizar todas las edificaciones ilegales que hay en la región si cuentan ya "con acceso rodado, suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua y un sistema colector de aguas residuales conforme a las normas aplicables". La Comunidad de Madrid inició el pasado mes de septiembre un plan de inspección para intentar catalogar todos estos asentamientos, partiendo de un trabajo que encargó a una empresa privada en 2014 (actualizado en 2016), que cifró en 783 el número de estas construcciones. Un estudio que no incluye las grandes urbanizaciones irregulares que se han desarrollado sin los permisos pertinentes, como Las Sabinas entre Móstoles y Arroyomolinos o algunas de las viviendas levantadas en Cerro Alarcón en Valdemorillo y Eurovillas en Nuevo Baztán.

La nueva Ley del Suelo, que en breve se tramitará en la Asamblea de Madrid, prevé esta legalización masiva. "Una amnistía en toda regla que sirve para que la Comunidad de Madrid se lave las manos y pase el problema a los ayuntamientos", señala el diputado socialista Rafael Gómez Montoya. El PSOE presentó en diciembre una proposición no de ley para que la Federación Madrileña de Municipios realizara un estudio para conocer la ubicación de todos los asentamientos ilegales y el número de personas que viven en ellos. Una iniciativa que no salió adelante tras los votos en contra de Ciudadanos y PP, que argumentaron que el Ejecutivo ya está elaborando un estudio similar.

La clave es el artículo 22.2 de la nueva ley, que señala: "Excepcionalmente, podrán tener también la condición de suelo urbano los terrenos que, estando ubicados en suelos no urbanizables, sean soporte de asentamientos no regularizados, entendiendo por estos aquellos asentamientos que siendo utilizados para uso residencial hayan formado un núcleo de población y cumplan las condiciones y requisitos señalados en los apartados siguientes". ¿Qué requisitos? "Que los terrenos cuenten con acceso rodado, suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua y un sistema colector de aguas residuales conforme a las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas". Unos requisitos que tienen sus excepciones.

"No obstante, en los supuestos en que no se estime justificada la instalación de un sistema colector, bien por no suponer ventaja alguna para el medio ambiente o porque su instalación implique un coste excesivo (...), se podrán utilizar, previo informe favorable del organismo de cuenca o el órgano autonómico o local competente en materia de vertidos, sistemas individuales u otros sistemas adecuados que impliquen un análogo nivel de protección ambiental". Ecologistas en Acción cree que con esta redacción la nueva ley "va a legalizar casi todo. Este artículo en un sinsentido" .

Viviendas en la Cañada Real Galiana, que tiene su propia ley para ser regularizada. (EFE)

Y es que el texto no hace más que incluir excepciones. "Serán requisitos necesarios para que estos asentamientos puedan tener la condición de urbano: que su posible regularización ya hubiera sido reconocida por una ley anterior de la Comunidad de Madrid; de no haber sido prevista esta regularización por ley, reúna características de núcleo de población y se encuentre en situación legal de fuera de ordenación; que exista informe favorable de la Comunidad de Madrid sobre esta regularización". Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, recuerda que las infracciones urbanísticas prescriben a los cuatro años de cometerse (aunque cada añadido o modificación supone una irregularidad nueva).

Una vez pasados esos cuatro años ninguna construcción ilegal puede ser demolida. Simplemente pasa a estar fuera de ordenación. "Uno de los requisitos que precisamente recoge la nueva Ley del Suelo para regularizar la edificación. La comunidad hace así la vista gorda", señala Nieto. El artículo 22 termina: "De no ser viable la regularización de estos asentamientos, por motivos ambientales, falta de servicios, o cualquier otra circunstancia legal, mantendrán su situación legal de fuera de ordenación, pudiendo ser atendidas sus necesidades de servicios mínimos, siempre que se sometan a un informe de evaluación de edificios, y este garantice sus condiciones de habitabilidad".

Ecologistas en Acción añade además que el Ejecutivo autonómico pasa la pelota al tejado de los ayuntamientos con esta ley. El artículo 65 establece la necesidad de poner en marcha "planes especiales de ordenación de asentamientos no regularizados. El plan especial incluirá, en su caso, las previsiones de gestión urbanística necesarias en atención a las peculiaridades del ámbito, pudiendo, para ello, ser utilizados potestativamente cualquiera de los sistemas de ejecución urbanística previstos en esta ley. Su desarrollo no exigirá la formulación de proyecto de urbanización, sin perjuicio de la redacción del proyecto de obra que, en su caso, fuese necesario".

En cuanto el ayuntamiento de turno declare urbanas las edificaciones ilegales, tendrá que asumir los costes de las infraestructuras o iniciar un complejo proceso para que los propietarios de las mismas los asuman. Desde la comunidad aseguran que se facilitará a los ayuntamientos el camino a la legalización si se cumple con la ley. Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se realizarán informes para ver si es posible la regularización en cada caso mientras el ayuntamiento competente elabora ese plan especial para incluir los terrenos en su plan general de ordenación urbana.

Residuos generados por el poblado ilegal de Las Sabinas, en Móstoles.

Es difícil conocer cuántas edificaciones irregulares hay en la región. La mayoría se construyeron aisladamente, sin formar grandes núcleos de población. Viviendas, pequeñas naves industriales, almacenes... Luego están los grandes poblados chabolistas, como la Cañada Real Galiana (que ya cuenta con una ley propia para su legalización y realojo) o Las Sabinas, entre Móstoles y Arroyomolinos, que también va a ser desmantelado. Sin olvidar otras pequeñas urbanizaciones ya asentadas. El nuevo catálogo que está haciendo Medio Ambiente toma como partida otro que el Gobierno regional encargó en 2014 (y actualizado en 2016) a la empresa Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental, que costó 45.000 euros.

Este informe nunca se ha hecho público. El Confidencial ha tenido acceso a él y el texto ofrece información catastral de 783 edificaciones que están en terrenos no urbanizables de la comunidad, es decir, que fueron construidas ilegalmente. Por localidades, Torrejón de Velasco (con 48) encabeza el 'ranking' de este tipo de construcciones, seguido de Humanes (39), Arganda del Rey (37), Navalcarnero (37), Aldea del Fresno (36) y Estremera (35).

Los arquitectos y Ecologistas en Acción señalan que lo correcto es que los propietarios paguen las infraestructuras necesarias para esta legalización

José María Ezquiaga, presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, señala "que lo correcto es que los propietarios de estas edificaciones paguen las infraestructuras necesarias que conllevan su legalización" y advierte del peligro que supone legalizar unos inmuebles que en muchos casos no cumplen con los requisitos arquitectónicos de seguridad básica. De la misma opinión son en Ecologistas en Acción. "La nueva ley produce un sin ley. Es injusto para aquellos propietarios que han cumplido con las normas urbanísticas ver que se va a recompensar a los ilegales, que con esta amnistía se les va a multiplicar un valor de suelo que compraron como rústico. La comunidad no ha calibrado la repercusión económica y social de esta medida", sentencia María Ángeles Nieto.

Un primer intento en 1985

El nuevo estudio que está realizando la comunidad pretende "una revisión del estado de las denominadas urbanizaciones catalogadas ilegales por la ley de 1985, con el fin de poder verificar el grado de cumplimiento de los procesos puestos en marcha en los tres años de vigencia de la referida ley". La Ley 9/1985 que intentó un proceso de legalización de actuaciones urbanísticas ilegales fue un fracaso. Entonces se elaboró un catálogo de 137 urbanizaciones ilegales y se puso como objetivo un plazo de tres años para regularizarlas como núcleos urbanos. Solo llegaron a completar el proceso una treintena.

El nuevo estudio también incluye una catalogación de los asentamientos irregulares surgidos con posterioridad a dicha ley. El estudio se hará público en 2019. También "se procurará que todos los municipios de la región elaboren un inventario de edificaciones en suelo no urbanizable dentro de su terreno, generando una ficha particularizada para cada incidencia. Estamos trabajando en la posibilidad de subvencionar a los municipios de menos recursos la configuración y elaboración de este catálogo", señalan desde la comunidad.

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