Cifuentes enmienda la ley de Gallardón y Aguirre y reduce el suelo urbanizable

Cristina Cifuentes prepara una nueva ley del suelo para la Comunidad de Madrid. El nuevo texto, aún un borrador, prevé reducir el suelo urbanizable que hay en la región para evitar experiencias urbanísticas como la que Francisco Hernando 'el Pocero' puso en marcha en Seseña (Toledo). El objetivo es apostar por la regeneración de las ciudades ya consolidadas, "frente a los grandes proyectos", y por que los planes urbanísticos de los municipios madrileños se tramiten "con más agilidad y flexibilidad". En definitiva, la nueva Ley de Urbanismo y Suelo de la comunidad supone una enmienda a la totalidad de la que actualmente está en vigor, de 2001, aprobada por Alberto Ruiz-Gallardón y modificada en hasta 15 ocasiones por su sucesora, Esperanza Aguirre.

''En estos 15 años de vida, las circunstancias han ido cambiando de manera considerable'', ha señalado Cifuentes este lunes, por lo que ''el contenido de la ley del suelo se ha desvirtuado por completo. Esta nueva ley se configura como un auténtico código único que dota de coherencia a la normativa urbanística''. Además, habrá un régimen sancionador más rígido, ya que se duplica el periodo de prescripción de las infracciones urbanísticas, que pasa de cuatro a ocho años.

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El Ejecutivo autonómico de Cristina Cifuentes ya había dado un aviso de sus intenciones cuando en diciembre del año pasado el pleno de la Asamblea de Madrid (con los votos de PP y Ciudadanos) aprobó la derogación del artículo 39 de la ley del suelo, que prohibía construir más de tres plantas con ático. La 'ley de las tres alturas', identificada a todas luces como una iniciativa personal de Esperanza Aguirre, imponía esta limitación a todas las edificaciones desde el año 2007, restringiendo así la capacidad de elegir el modelo de ciudad a los municipios. Esta derogación fue un primer paso.

Ahora, el borrador pretende cambiar la clasificación del suelo para restringir el porcentaje de terreno que es urbanizable. Con la ley actual, la de 2001, existen el suelo urbano, el suelo urbano consolidado, el suelo no urbanizable protegido (donde no se puede construir) y dos tipos de suelo urbanizable: el programado y el no programado. "Es decir, que con la ley de 2001 todo el suelo de la Comunidad de Madrid, excepto el que está protegido, era susceptible de ser urbanizado", señalan desde el Gobierno de Cifuentes. En definitiva, había barra libre.

De no programado a no urbanizable

Con la nueva ley se pretende cambiar la clasificación. El urbanizable programado seguirá, para que los municipios puedan seguir construyendo en unos tiempos con su calendario. Pero el no programado pasará a ser suelo no urbanizable en régimen común. Ya no se podrá construir si el ayuntamiento en cuestión no acredita que ese desarrollo es necesario, oportuno y no provoca problemas en su desarrollo. Es decir, ya no existirá el derecho a construir (en ese suelo urbanizable no programado), salvo que se autorice por el Gobierno regional. "El objetivo ahora es proteger el territorio, racionalizar el desarrollo, ver las necesidades actuales de cada municipio. Antes el criterio era que toda la comunidad, salvo las zonas protegidas, era urbanizable". Fin de la barra libre. No hay una estimación de cuántos metros cuadrados que hoy son urbanizables no programados pasarán a no urbanizables en régimen común.

Desde la comunidad, explican que a veces, en algunos municipios, se desarrollaba antes el suelo urbanizable no programado (el más alejado del caso histórico) que el programado, provocando desajustes en la urbanización de estas zonas, ya que los vecinos tardaban tiempo en contar con instalaciones, redes de saneamiento, redes viarias y otro tipo de infraestructuras. "Es decir, hay que intentar no repetir experiencias como la del Pocero".

Otra novedad del borrador es que habrá distintas soluciones urbanísticas en función del tamaño del municipio. Los que tengan menos de 5.000 habitantes y un presupuesto anual que no supere los seis millones de euros (hay 86 localidades en Madrid) podrán diseñar un plan urbano "más ágil, simplificado y flexible", para no tener que esperar años y años. "A día de hoy, hay pequeños pueblos en la región que no se han adaptado a la ley de 2001, de hace 15 años".

Para los medianos y grandes municipios, se creará la figura de "los programas municipales de actuación sobre el medio urbano", cuya elaboración será voluntaria y que permitirán que un ayuntamiento en concreto pueda desarrollar y ejecutar actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana en un barrio en concreto sin tener que modificar su plan general, como sucede ahora. El borrador de la nueva ley lleva negociándose más de un año en tres mesas: la política (aunque de esta se apearon el PSOE y Podemos), la técnica y la sectorial. El objetivo es que ahora la abogacía de la comunidad y las distintas consejerías del Ejecutivo presenten alegaciones para que el borrador se convierta en anteproyecto y este en proyecto de ley que se remita a la Asamblea para su aprobación.

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El PSOE, en contra

El PSOE ha criticado el proyecto presentado por Cifuentes. "Parece una reacción a la reciente constitución de una ponencia, en el seno de la comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Asamblea, con el objeto de reformar dicha Ley". Los socialistas aseguran que nunca se han levantado de ninguna reunión en la que se estuviera debatiendo sobre la nueva ley del suelo. "Nos sentimos expulsados cuando no se cumplió lo acordado entre los grupos y se dejó de abordar la reforma integral de la ley, como estaba previsto, pasándose a tratar asuntos parciales, como las tres alturas".

"Estamos en contra del concepto de suelo urbanizable del PP. El suelo debe tener un uso definido en todo momento y conocido por todos. El problema no se soluciona simplificando los planes generales de ordenación urbana, sino ayudando a que los municipios sean capaces de desarrollar su propio planeamiento urbanístico con normas claras e iguales para todos. Para ello, lo que hace falta es presupuesto y asesoramiento técnico eficaz por parte de la Comunidad de Madrid, que conserva a día de hoy las competencias de la extinta Diputación provincial", señala el PSOE.