Los guías turísticos pirata invaden España y los oficiales denuncian estafas millonarias

Lucía Sánchez ha sido guía en Ávila desde hace más de 20 años, y a sus quehaceres habituales —mostrar, explicar, narrar— ha añadido uno más en los últimos años: pedir carnés cual portero de discoteca ante algún sospechoso menor de edad. “¿No llevas el carné?”, le preguntó hace unas semanas a una joven. “No, es que soy acompañante”, fue la respuesta. “Ya, es que como te veo que estás explicando...”. Ese es el quid de la cuestión para Lucía y sus compañeros guías. Que sobre el papel, nadie puede explicar un monumento si no tiene la habilitación correspondiente. En la práctica, ocurre día tras día.

Es una de las escaramuzas recurrentes en las guerras que enfrentan a los guías turísticos habilitados con los que no lo están. Sobre todo, en ciudades al borde de la saturación como Ávila, Segovia, Toledo, Burgos o León, el eje de las ciudades patrimonio españolas. Si en el acueducto segoviano se utilizaron más de 20.000 bloques para su construcción, a tenor de las palabras de los guías oficiales, parece que debajo de cada uno de ellos haya brotado un guía pirata. Muchos de ellos provenientes de otros países, y otros tantos no debidamente habilitados y que por lo tanto constituyen competencia desleal. Algunos, falsos autónomos o trabajadores en negro. De China, de Europa, de Madrid o del portal de al lado.

Cada día llegan autobuses y autobuses de grupos con guías no oficiales, que no están habilitados y ni tienen visado de trabajo

“Se está produciendo un fraude multimillonario a Hacienda y la Seguridad Social del que son perfectamente conocedoras las administraciones públicas y no hacen absolutamente nada para evitarlo”, explica a El Confidencial Miguel Ángel Rodríguez, guía en Segovia y miembro de la junta directiva de la asociación de guías de dicha ciudad. Aunque la regulación es competencia de cada comunidad autónoma, todas coinciden en que es necesaria una habilitación administrativa de la que los guías extranjeros carecen. No digamos ya pagar impuestos en España, algo que muchos no hacen.

Lo explica la presidenta de la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Profesionales de Guías de Turismo (Cefapit), Almudena Cencerrado. Entre los intrusos más comunes se encuentran los guías no habilitados, que responden a una pequeña variedad de perfiles. Por ejemplo, los orientales que acompañan a los grupos que visitan España o los profesores que no están debidamente acreditados. Miguel pone el acento en el primer aspecto. “Si pensamos en el mercado oriental, principal foco de este problema, es que ni siquiera podrían trabajar porque no tienen visado”, recuerda. Muchas excursiones provenientes de Asia sí contratan guía oficial, pero otras tantas no. Alrededor de más de 600.000 turistas chinos visitaron España en el último año, tan solo un 7% de los que pasaron por Europa, por lo que hay amplio margen de crecimiento. O como dice Rodríguez, “hay cada vez más chinos, y sin guía. Y americanos”.

Para calcular el tamaño del fraude, y ante la ausencia de registros oficiales, no queda otra que recurrir a la cuenta de la vieja, es decir, intentar extrapolar una cifra general a partir del número de autobuses que llegan cada día a las ciudades patrimonio. Miguel calcula que hay alrededor de 15 grupos diarios que no contratan guías oficiales, lo que, multiplicado por 365 días del año y 110 euros de media de coste de servicio, daría como resultado más de 600.000 euros anuales en una única ciudad. Cefapit añade que hay una cantidad “ingente”. Pero más allá de que “salen de debajo de las piedras”, no es posible dar una cifra más exacta.

Sánchez, delegada de la asociación de guías de Ávila, recuerda que es cada vez más frecuente que este empleo sea utilizado como una vía adicional de ingresos por parte de trabajadores de otros sectores que dedican sus fines de semana a sacar un sobresueldo, pero también “de amas de casa y de jubilados”. “Para algunos es un 'hobby', para nosotros es el pan de nuestros hijos”, lamenta. Rechaza las comparaciones con el conflicto entre taxistas y VTC, porque en ese caso sí están ambos regulados, solo que de manera diferente, y el trabajo de guía turístico requiere una preparación académica específica.

¿Y la Administración?

Cuenta la leyenda que el inspector de la Dirección General de Turismo de Segovia salió una mañana por la ciudad del cochinillo a pedir carnés sin dar con un solo guía sin carné, por lo que el informe dictaminó que Segovia no sufría ningún problema de intrusismo. Es algo en lo que insisten los guías oficiales, como Miguel Rodríguez. Si la competencia desleal ha proliferado, es porque la Administración no ha hecho nada, y cuando lo ha hecho, nada ha cambiado.

Rodríguez afirma que en las reuniones que ha mantenido con los responsables de Turismo de Castilla y León las respuestas han sido poco esperanzadoras. Hace cinco años, porque “el inspector estaba saturado y por lo tanto no podía hacerse cargo de este tema”. Ahora, directamente, no hay ningún inspector en la provincia, explica, y Valladolid ha aplazado el nombramiento de uno. En cualquier caso, quizá tampoco sería de gran ayuda, porque debe compatibilizarlo con otras inspecciones, como a los pisos turísticos u hostelería.

Hay mucha burocracia y cada institución se encarga de una cuestión diferente, por lo que es imposible que salgan los datos a la luz

En Ávila, explica Sánchez, se llegó a un acuerdo para que la policía ayudase a localizar a los impostores, pero es ella misma y sus compañeros los que se encargan de llamar a las autoridades. El problema, añade, es que a menudo no saben qué deben exigir exactamente. Fue en 2015, durante el año del quinto centenario de Santa Teresa, cuando vio una mayor presencia de inspectores. “Pero no tenemos información de que hayan parado a nadie sin carné”, lamenta. “Todos los años escribimos al Servicio Territorial de Cultura para que nos informen de qué han hecho, y casi siempre es negativo”.

“Los inspectores de las direcciones generales de Turismo se dedican a otras cuestiones, no hay uno específico para guías”, añade Cencerrado. En la localidad donde ejerce, Toledo, ha visto cómo alguno salía de la cueva para pedir carnés a petición de la asociación. Pero incluso en ese caso, señala la presidenta, el problema es que la burocracia impide que todos los organismos perjudicados (Seguridad Social, Hacienda) se pongan de acuerdo. “Cada uno tiene sus funciones, las direcciones generales se preocupan de que estén habilitados, Trabajo de la cuestión económica… Si se pusieran de acuerdo y mandasen inspectores que además de pedir el carné les preguntasen si están dados de alta en la Seguridad Social, saldrían los datos a la luz”.

Otro de los problemas añadidos no es solo no pagar impuestos, sino saturar ciudades sin causar ningún impacto positivo en ellas. “Se despiertan en Salamanca, Ávila a las nueve y media, Segovia a la hora de comer, Toledo por la tarde y al hotel a cenar”, explica Rodríguez. “Así, apenas dejan dinero en la ciudad, los ingresos tanto para nosotros como para las arcas públicas se están viendo gravemente mermados a pesar de que cada año hay más turistas en nuestro país”. El problema velado es que cualquier posible intervención podría provocar un potencial descenso en las cifras de las que se presume cada fin de año.

La polémica de las comunidades

Hay otro tipo de intrusismo, añade Cefapit, originado por la diferencia de criterios entre comunidades autónomas a la hora de expedir habilitaciones como guía, que, gracias a una directiva europea, pueden ser utilizadas en todas las regiones españolas sin ninguna restricción. En román paladino, consideran que comunidades como Canarias, Aragón o Andalucía 'regalan' los carnés mientras que otras, como Castilla y León, exigen la aprobación de un examen y un nivel superior de inglés. La validez, no obstante, es la misma.

¿Qué queremos, unas cifras altas de turistas que no dejan ni un euro y que provocan turismofobia al saturar las ciudades?

Es uno de los asuntos que mayor división causan entre los guías oficiales. En regiones como Madrid, son más partidarios de dicha liberalización. No tanto en lugares como Córdoba, Granada, Valladolid, Burgos, León o las ya citadas Ávila y Segovia, donde “el pastel es más pequeño”, como explica Sánchez. Para la principal asociación de guías oficiales españoles, se trata de una discriminación injusta para aquellos que tienen un nivel de formación superior y han superado otras pruebas, por lo que han exigido a la Administración cierta deferencia, como incluir en la relación de guías su lugar de procedencia. “Tienen derecho, pero imagínate los que vivimos de esto”, añade la guía.

Esta cuestión generó una pequeña controversia en Castilla-La Mancha, donde el pasado año se formó la Plataforma Abierta de Guías Oficiales y Empresas Turísticas de Toledo, para solicitar la eliminación del borrador del Decreto de Guías Oficiales y Empresas Turísticas de la suspensión de los guías con carnés de otras comunidades hasta la convocatoria de pruebas, lo que pondría en peligro cientos de empleos, según la plataforma. La situación se intentó solucionar con la elaboración de un nuevo borrador.

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“Lo que me fascina es que en las elecciones se les llena la boca con calidad, calidad, calidad”, concluye Cencerrado. “¿Qué queremos, unas cifras altas de turistas que no dejan ni un euro y que provocan turismofobia al saturar las ciudades? ¿O lugares rendidos a la calidad donde el vecino es amable con los visitantes porque no los considera una amenaza?”. Ese es otro gran peligro de la piratería turística, intentar sumar visitantes para exhibir desorbitantes cifras sin vigilar las consecuencias negativas (tanto económicas como de bienestar) que estas tienen en el resto de la población. Y aunque, paradójicamente, reviertan negativamente en las arcas públicas.