Hay 500 indultos al año: ¿medida de gracia o más bien un timo a la justicia?

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural ha propuesto hoy una reforma de la ley del Indulto para evitar que esta medida de gracia se convierta en una “justicia paralela, sesgada y por cuestiones políticas”. La iniciativa de IU-ICV-CHA se produce después de que el Tribunal Supremo anulara la semana pasada el indulto que concedió el Gobierno a un conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por matar a un joven en Valencia.

Tal como lo define la legislación española, “el indulto es una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme”. Pero muchos dudan ya de su carácter excepcional: se conceden unos 500 indultos cada año, una cifra que según ha explicado Gaspar Llamazares en rueda de prensa en el Congreso pone de manifiesto que se trata de una justicia “paralela y voluminosa” por su número. El diputado ha criticado además la “opacidad” en algunas de estas medidas de gracia o que se utilicen para suavizar penas desproporcionadas, en lugar de modificar el Código Penal.

¿No es esta medida supuestamente excepcional un claro escollo a la separación de poderes?

En los últimos años, tanto los gobiernos del PSOE como los del PP, han firmado indultos especialmente polémicos, que han librado de la responsabilidad penal a jueces, banqueros, altos cargos públicos condenados por corrupción y miembros de las fuerzas de seguridad del estado que cometieron torturas. Cualquier delito puede ser objeto de indulto. Las preguntas llevan mucho tiempo encima de la mesa: ¿se debe limitar el uso del indulto a un determinado tipo de delitos? ¿No es esta medida supuestamente excepcional un claro escollo a la separación de poderes?

Transparencia y limitación de los indultos

En la proposición de ley que plantea Izquierda Plural se plantea que determinados delitos nunca puedan ser objeto de indulto. Entre los delitos que quedarían excluidos de esta medida de gracia figuran los de estafa, apropiación indebida, blanqueo, alzamiento de bienes, societarios y contra la administración, malversación, prevaricación urbanística, electorales, terrorismo, tortura y ecológicos. Además se exige un acuerdo entre la Fiscalía y el tribunal sentenciador para la concesión de estos.

La propuesta de reforma de la ley del Indulto propone que sean exigibles razones de “justicia, equidad o utilidad pública” para conceder la gracia y que la resolución haga mención expresa al delito cometido, al grado de ejecución y al origen de la solicitud del indulto. Pide también que la concesión se realice mediante real decreto y que la resolución se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el caso de que el tribunal sentenciador no comparta la concesión, el expediente deberá someterse a la revisión de una Comisión Mixta, compuesta por representantes parlamentarios y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que emitan informe vinculante al Gobierno.IU-ICV-CHA propone también que el Gobierno remita cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados copia de los expedientes de indulto concedidos. El Ejecutivo deberá publicar también anualmente todos los datos estadísticos sobre indultos y dar público acceso a esos expedientes.