“Nos van a despedir a todos para poder contratar a dedo”

Esta es la segunda parte del reportaje “El futuro del empleado público” que se publicó ayer.

Nieves tiene 33 años y tres licenciaturas. Se presentó a sus primeras oposiciones para trabajar como maestra en 2007. Desde entonces ha sido interina, una empleada pública temporal, en un centro madrileño. La despedían todos los veranos para contratarla de nuevo a principio de curso. Hasta este otoño, cuando los recortes se llevaron por delante la mayoría de las clases de apoyo.

En febrero Nieves recibió una llamada de la Consejería de Educación para reincorporarse al trabajo. Ahora está dando clase, pero no sabe hasta cuándo: “Hay gente que tiene 200 personas delante y directamente intenta trabajar en colegios privados o concertados. A mí no me faltaba mucho y estaba aguantando porque si dices que no cuando te llaman pierdes tu posición en la lista y los méritos acumulados desde 2007, con lo que perdería mi oportunidad para alcanzar una plaza fija. Ahora estoy embarazada y veo que me voy a quedar con un bebé y en la calle a partir del 30 de junio. Además, nuevamente, con una mano delante y otra detrás”.

España está yendo más allá en la privatización de los servicios públicos que ThatcherNieves no tiene ninguna duda de lo que va a pasar en la Comunidad de Madrid: “Se van a cargar a todos los interinos directamente para empezar a contratar a dedo”. Y es algo que, asegura, afectará no sólo a los maestros, sino al conjunto de la ciudadanía: “Nunca jamás vas a hacer negocio con la educación especial. Un niño con una gran discapacidad cuesta muchísimo dinero a un colegio. ¿Qué vamos a hacer con esos niños de los que no se pueden sacar beneficios? Están todos en la pública porque no son rentables. ¿Quién les va a atender cuando nos despidan a todos?”.

Madrid: la vanguardia de la privatización

El debate sobre la privatización, total o parcial, de los servicios públicos, ha sido una constante desde mediados de los 70. Pero, tal como explica el profesor de la Escuela de Negocios de Manchester, Miguel Martínez Lucio, ni siquiera en Reino Unido, un país bien conocido por sus políticas liberales, se ha llegado tan lejos como en la Comunidad de Madrid. “El mito de que todo está privatizado en Reino Unido es falso. En España estáis yendo más allá en la privatización que en los países anglosajones. Los países de mercado liberal que más han desarrollado una política de privatizaciones no necesariamente han privatizado grandes aspectos de las administraciones públicas, como la justicia, la seguridad, la sanidad o la educación. Una de las cosas que Thatcher no hizo, y todavía no se ha hecho, es privatizar la sanidad pública de Reino Unido”.

Nieves estuvo un tiempo trabajando como maestra en Nicaragua –“un país muy pobre, en vías de desarrollo, del que volví espantada”–. Allí, asegura, vio cosas “alucinantes” que está empezando a ver aquí: “La corrupción, del más grande al más pequeño, la destrucción del estado del bienestar, la cultura de pegarse entre los trabajadores. Han calado todos los mensajes liberales y los trabajadores están en la miseria dando las gracias a quienes les han llevado hasta allí”. Lo más sangrante, asegura, es que la administración está tapando sus carencias gracias al sobreesfuerzo de unos profesionales a los que trata con desprecio: “Al final te acabas llevando el trabajo a casa, y lo que no te da tiempo a hacer en el cole lo haces fuera, y lo acabas sacando porque trabajas con personas, con niños con necesidades. Y eso hace que se tapen las carencias y no se vean”. 

No hay ninguna razón por la que el sector público funcione mejor si se gestiona de forma privadaPara Martinez, el discurso liberal sobre la privatización es un mito, pues hay cuestiones en las que nunca se podrá llevar a cabo: “Existe la creencia de que la competitividad es lo mismo que la privatización, pero no lo es. Después de privatizar tienes que crear relaciones de competencia, y nadie te asegura que eso vaya existir, es más, hay sectores donde no van a existir nunca. La presión del Estado para bajar los costes a través del contrato que se hace con las concesiones sólo repercute en la fuerza de trabajo. La privatización sólo tiene un resultado, que bajan los salarios”.

En opinión del profesor británico, la modernización de la función pública no tiene que pasar necesariamente por privatizaciones, concesiones o desregulaciones, tiene que pasar por un cambio en su gestión. “No hay ninguna razón por la que el sector público funcione mejor si se gestiona de forma privada”, asegura Martinez. “Todo depende de los sistemas de gestión que son independientes de lo público y lo privado”.

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En busca de una administración pública eficaz

Desde hace décadas se ha insistido en la necesidad de reformar las administraciones públicas para que sean más eficientes, pero apenas hemos avanzado. Para el profesor Jesús Ángel Fuentetaja, profesor de Derecho Administrativo en la UNED, es evidente que nuestras administraciones fallan en los parámetros de eficacia y eficiencia, y es dónde deberían trabajar las reformas administrativas.  

En opinión del profesor, el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, que quedó en fuera de juego con la crisis, era la gran ley de reformas de la función pública: “Incidía en dos cuestiones que iban en esta línea, por un lado crear la figura del directivo público profesional, y por otra fomentar la evaluación y control del rendimiento de los empleados públicos”. ¿Por qué apenas se ha avanzado en este sentido? A Fuentetaja no le cabe duda de que los políticos han elegido la solución más sencilla: “Tenemos unos políticos que cada cuatro años tienen que conseguir unos objetivos a corto plazo y es mucho más fácil externalizar que reformar internamente la función pública”.

Para Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, no ha habido ninguna voluntad política para avanzar en una gestión más eficaz de la función pública: “En el estatuto básico del empleado público de 2007, firmado por mi sindicato, venía la evaluación del desempeño. Hagámosla, si la hemos aceptado. Faltaría más”. ¿Por qué no se avanza? “Los políticos no creen en las administraciones públicas y no las quieran trabajar”, asegura contundente Borra. La realidad es que, los políticos prefieren tener una administración pública débil, que no cuestione sus decisiones.

La tendencia lógica sería que desapareciesen todas las empresas públicas y existiese una administración muy técnica y más pequeñaPara Jorge, ingeniero de caminos del Ministerio de Fomento, está muy claro el por qué no interesa reformar la función pública. Y es que una administración pública verdaderamente eficaz acabaría con muchas de las prebendas de los políticos: “Está claro que al político le molesta el funcionario, pues es una persona sobre la que no puede hacer nada, y que te dice cosas incómodas. Es su función. En muchos casos se está colocando a gente vinculada al partido por encima para cerrarles la boca y que las decisiones sean políticas, y por otro lado están privatizando las gestiones, de forma un poco extraña. La tendencia lógica sería que desapareciesen todas las empresas públicas y volviese a haber una administración muy técnica y quizás más pequeña, que contratase a empresas privadas para hacer las cosas pero las controlara muy bien. Pero esa no es la tendencia. La tendencia es que el político está metiendo mano por arriba y por abajo, por arriba una cabeza política y por debajo está privatizando”.

Con la apertura de miras que ofrece la posibilidad de ver la marcha de un país desde fuera, Martinez tiene claro que la mejora de la administración pública española pasa por modernizar su gestión: “Un diálogo social sobre la modernización del Estado es algo positivo y que ha pasado en muchos países, porque garantiza la negociación colectiva, unos salarios dignos, y un debate sobre la eficiencia. Eso se está haciendo aquí en Reino Unido, en muchas entidades públicas. Pero la negociación debe hacerse por la vía del diálogo social, y eso es lo que el PP debería saber porque lo hizo en la época de Aznar con los sindicatos. Las condiciones económicas son distintas, pero no hay razón para no abordar esto”.

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El futuro de la función pública

“La función pública no está en crisis”, asegura Fuentetaja, “siempre ha estado en crisis, porque es una institución humana que siempre hay que mejorar”. Pero para mejorarla tenemos que saber antes qué función pública queremos, una idea que comparte Borra, que insiste en la necesidad de crear un documento que especifique lo que tienen que hacer las administraciones públicas y lo que no tienen que hacer.

Las instituciones públicas van a continuar existiendo, con funcionarios o sin ellosEn opinión del presidente del sindicato de funcionarios, “si toda esta crisis no nos sirve para poner coto a lo que los políticos les de la gana hacer no nos ha servido para nada”, y para ello hay que regular las funciones de la administración pública: “Mire usted, llegamos a un acuerdo y decidimos qué tiene que hacer la administración pública: sanidad, educación, justicia, correos, universidad… Las quince cosas que sean. Y las cosas que no tiene que hacer: tener minas de extracción de sal a cielo abierto, tener empresas que se dediquen a construir colegios públicos, tener empresas que se dediquen a gestionar estaciones de esquí... No tiene ningún sentido que hasta hace cuatro días haya seguido abierta la empresa pública Expo 92”.

El problema es que, si no nos damos prisa, habremos retrocedido demasiado. Para Maite, investigadora de un centro dependiente del CSIC, lo peor de todo es que los recortes son tan inmensos que ni si quiera puede desarrollar su trabajo con normalidad: “Todos los días hay gente que se ha ido porque se le ha acabado el contrato y no hay nada que hacer. Pasa un día sí y otro también. Eso por no hablar de los jefes, de los seniors, que llevan toda su vida peleando y cada vez tienen menos personal. O cogen la pipeta o no tienen quien les haga el trabajo. Hay jefes de laboratorio que se han quedado solos. La investigación en España está retrocediendo mucho, mucho más atrás del punto dónde estaba antes. Y está ocurriendo en la mayoría de servicios públicos”.

Por suerte, según Martinez, los recortes no pueden llegar mucho más lejos: “Hay un límite físico, y en España va a llegar pronto. Llega un punto en el que el ciudadano se da cuenta, un punto en que no se van a poder prestar los servicios. Las instituciones públicas van a continuar existiendo, con funcionarios o sin ellos. El único caso en el que se ha desmontado el Estado es Irak. Se puede degradar el Estado hasta cierto punto, pero hay un límite”.