Los divorcios (y sus pensiones) se resolverán en Reino Unido mediante una fórmula matemática

¿Su matrimonio va mal y planea un divorcio? Quizás antes le interese saber la pensión que deberá pagarle a su pareja, no tanto para meditar sobre su decisión, sino para estar preparado y saber lo que le espera en un juzgado. En un intento para abaratar los costes de una separación y mantener los divorcios alejados de los tribunales, el Gobierno británico planea modificar la ley sobre el divorcio para que los asuntos económicos se resuelvan con una sencilla fórmula matemática. Así un matrimonio en proceso de separación sabrá de antemano, con una simple consulta en internet, cómo se van a dividir sus bienes, sin la necesidad de acudir a los tribunales.

La idea del Gobierno británico no es nueva y, de hecho, se basa en una legislación que opera en Canadá desde 2005. El objetivo es evitar que sean los jueces los que decidan las condiciones de divorcio de un matrimonio, y que éstas vengan dadas de antemano y sean fácilmente calculables mediante una fórmula que pueda aplicarse a todos los casos.

Según la actual ley sobre divorcios de Gales e Inglaterra –en Escocia cuentan con una legislación distinta–, si las parejas que van a divorciarse no llegan a un acuerdo amistoso, son los jueces los que deben decidir sobre el asunto. A diferencia de España, en los sistemas anglosajones sus señorías tienen una capacidad de decisión mayor, pues las leyes al respecto son menos rígidas y sus decisiones se basan sobre todo en la experiencia de casos anteriores. La realidad es que antes de comenzar un juicio nadie sabe a ciencia cierta cómo va a acabar y, por esa misma razón, se celebran tantos. Si existiera una manera más precisa de resolver los divorcios se llegaría a muchos más acuerdos amistosos, pues, como es lógico, una fórmula matemática no puede da lugar a discrepancias y muchas parejas evitarían acudir a la vía judicial

En Inglaterra el cónyuge con mayor capacidad económica suele conseguir mejores arreglos

En busca de un sistema más justo

Además de suavizar la carga de los juzgados la nueva ley persigue que la legislación sobre el divorcio en Reino Unido sea más precisa y, en definitiva, más justa. En la mayoría de los pleitos actuales no hay suficiente dinero, ni bienes, para que el reparto sea igualitario, por lo que el juez se ve obligado a decidir cuáles son las necesidades de los cónyuges para establecer unas pensiones que sean, según su criterio, lo más justas posibles. El problema es que estas “necesidades”, a diferencia de lo que ocurre en España, no están definidas por ninguna ley, por lo que la capacidad de cada parte del matrimonio para contar con un buen abogado se vuelve decisiva. En definitiva, el cónyuge con mayor capacidad económica suele conseguir mejores arreglos.

La fórmula, que aún no está decidida, no será siempre la misma pero responderá, como en Canadá, a una serie de baremos. En resumidas cuentas, permitirá calcular quién debe dar dinero a quién en función de la duración de la relación y la diferencia de ingresos de los cónyuges. El asunto de los hijos queda, de momento, fuera de la ecuación, y serán los jueces los que sigan teniendo la última palabra.

La fórmula canadiense funciona de la siguiente manera: el cónyuge que más ingresos tiene debe pagar una cifra por año que se obtiene multiplicando entre el 1,5 y el 2 % de la diferencia de ingresos de los cónyuges por cada año de cohabitación, hasta un máximo de 25 años. Por ejemplo, si uno de ellos gana 30.000 dólares y el otro 50.000, y han vivido 10 años juntos, el cónyuge con menos ingresos deberá pagar una suma de entre 3000 y 4000 dólares al año a su exesposa o exmarido. El cónyuge con más ingresos está obligado a pagar esa cifra durante un tiempo que va de la mitad del tiempo que ha durado la relación al total de años de ésta. En el caso del ejemplo entre 5 y 10 años. En Canadá también se aplica una fórmula para calcular las pensiones si se tienen hijos, pero es mucho más compleja.

La nueva ley británica, propuesta por una comisión legislativa a petición del Gobierno, también propone, de forma parecida a lo que ya se hace en España, que las propiedades que no pertenecen al matrimonio no deben ser compartidas a no ser que sean realmente necesarias para el otro cónyuge.