"El profesor ideal verá la enseñanza como un obstáculo para su carrera"

“Los problemas que siempre ha tenido la universidad se van a acrecentar al máximo”. Es la poca alentadora conclusión a la que llega José Manuel Sánchez Duarte, profesor visitante de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, ante el Real Decreto-Ley de racionalización del sistema educativo, que ha enfrentado a los rectores españoles y al ministro de Educación, José Ignacio Wert.

El número de alumnos universitarios se ha incrementado este año un 3,1% mientras el profesorado sólo ha crecido un 2,6%Su efecto, de hecho, se está empezando a notar ya en las universidades. Según han explicado a El Confidencial diversas fuentes del ámbito universitario, se están enviando circulares a los profesores de los centros públicos anunciando el aumento de las horas lectivas, que se van a duplicar en muchos casos, de cara al curso que viene. Y eso que la ratio alumnos-profesor ya aumentó el año pasado. Según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el número de alumnos matriculados en estudios universitarios se ha incrementado este año un 3,1% respecto al curso anterior, mientras que el profesorado sólo aumentó en un 2,6%. Entre los profesores, aproximadamente la mitad son funcionarios (han disminuido en un 1,3%) y la otra mitad asociados, ayudantes, contratados… En definitiva, todas las figuras que corren peligro de cara al curso que viene.

Pero esta no es la única consecuencia de la nueva ley, que tiene numerosos efectos colaterales que no todos los actores universitarios evalúan por igual. Para algunos, la ley perpetuará la injusta relación laboral imperante en nuestras universidades, dónde los grandes grupos de investigación dirigidos por catedráticos históricos acaparan la financiación, en detrimento de los grupos pequeños de reciente creación y de toda la prole de trabajadores en situación de precariedad, que en muchos casos cumplen 40 años de edad sin tener un puesto fijo, ni un equipo adecuado para llevar a cabo sus investigaciones. Para otros la ley va más allá, y lo único que busca es adelgazar la universidad pública para beneficiar a la privada. Lo que sí parece claro es que, en la propia universidad, las intenciones del Gobierno no contentan a nadie. 

Docencia vs. Investigación

Se ha anunciado un 'aumento indiscriminado' del número de horas lectivasJosé Antonio López, profesor titular de Microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, denuncia que la nueva forma que recoge la ley para valorar la productividad –sucintamente, obligará a dar más clase a aquellos profesores que tengan menos sexenios de investigación– va a dañar de muerte a los pequeños grupos de investigación y a los eslabones más débiles de la estructura universitaria. El profesor explica que, al menos en su facultad, se ha anunciado un “aumento indiscriminado” del número de horas lectivas que, en muchos casos, se duplicarán.

Esto, según López, puede tener graves consecuencias. En primer lugar para la investigación, que se entorpecerá enormemente debido a que las horas que se dedicaban a ella se tendrán que usar ahora para dar clase; lo que afectará principalmente a los grupos pequeños, equipos de dos o tres personas a los que la labor docente les impedirá sacar el trabajo de investigación adelante. En segundo lugar para la propia docencia, pues los profesores no tendrán tiempo para preparar correctamente todas las clases. 

Otro daño colateral del aumento de horas lectivas es que podría provocar que los becarios de los programas de Formación del Profesorado Universitario (FPU) y de Formación del Personal Investigador (FPI) tengan que cubrir las horas de clase que no puedan dar los profesores funcionarios. Tal como explica Sánchez Duarte, la docencia que tienen que dar estos becarios, “que debería ser mínima”, puede acabar siendo máxima. En definitiva, “se encargará a trabajadores precarios la labor que no pueda hacer el resto”.

El verdadero objetivo: ¿privatizar la universidad?

El estudiante va a tener que pagar más por unos profesores que estarán más ocupados por conseguir sexenios que por dar clasesPara José Carlos Bermejo, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Santiago de Compostela y autor de numerosos artículos sobre política universitaria, el sistema de universidad que quiere implantar Wert –según él, con la connivencia del PSOE– es muy perverso, y sus implicaciones son múltiples. En su opinión, el nuevo sistema de evaluación del profesorado no va a afectar sustancialmente a la investigación, ni beneficia a los catedráticos más mayores frente a los jóvenes ­–algo en lo que sí insiste López, que asegura que se están presentando currículos propios de catedráticos para puestos de ayudante–. Para Bermejo el gran afectado por la ley va a ser al estudiante, que va a tener que pagar más por unos profesores que estarán más ocupados por conseguir sexenios que por dar clases: “El profesor ideal será aquel que considere que su docencia es un obstáculo para su carrera y que tenga casi todo su tiempo para investigar y poder pedir los sexenios que lo liberen de su mazmorra docente”.

El primer paso que dará el Gobierno, según Bermejo, será cambiar la gobernanza de las universidades, para poder así controlar a los rectores. El segundo paso será, mediante el cálculo de las horas lectivas necesarias por carrera, el despido de todos los profesores no funcionarios. Y después, “proponer la desfuncionarización de todos los docentes”.

Evitando el debate

Se debería hacer una nueva ley de universidades, que se ha bloqueado conscientemente con el apoyo de los rectoresAunque la nueva ley podría tener importantes consecuencias para la universidad, lo cierto es que muchos puntos de la misma están pasando desapercibidos, no sólo por el clima informativo general –que dada la gravedad de la situación hace que los temas educativos estén en un segundo plano– sino porque no se sabrá su verdadero efecto hasta el curso que viene, tal como apunta Sánchez Duarte.

Para Bermejo el Gobierno está siendo muy inteligente, pues está logrando sus objetivos evitando cualquier debate público. En su opinión, se debería hacer una nueva ley de universidades, que se ha bloqueado conscientemente con el apoyo de los rectores, “que quieren tener su coto bien asegurado”. “Ahora se quejan”, explica, “porque se han visto con las manos atadas, pero están poniendo la cabeza en la boca del lobo”. Para Bermejo no sería tan difícil hacer una reforma real de la universidad –“que está podrida a todos los niveles”­–. “Es evidente que sobran campus y alumnos”, reconoce, pero en vez de abrir un debate y buscar soluciones lo que prefiere el Gobierno es “trazar un plan para cargarse la universidad pública de forma subterfúgea”.