Por qué en 2017 puedes acabar pagando más por tu nuevo móvil (gracias al canon digital)

El canon digital vuelve a la carga. Según el borrador de la nueva ley que se hizo público ayer, la revisión de la compensación por copia privada apunta a la inclusión de un nuevo gravamen para dispositivos que las reformas anteriores no habían contemplado. "Tal y como se plantea ahora, un iPhone de 600 euros costará 2,5 euros más", explican a Teknautas fuentes del sector cultural. No es la cantidad lo que puede rebelar a los consumidores, sino el hecho de imponer un "impuesto" que, como señalan fuentes jurídicas, no tiene sentido en la actualidad.

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Manuel Ángel Méndez

"Se está forzando una legislación para situaciones diferentes a las que se previeron en los años setenta u ochenta", explica Carlos Sánchez-Almeida, abogado especializado en propiedad intelectual y derechos de autor. El letrado va más allá en su crítica a la aplicación de una medida que debería entrar en vigor en 2017: "Esto es como cambiar la fachada de un edificio cuyas vigas están carcomidas. O renuevas el edificio o tiras la finca".

Según el borrador del texto que se ha hecho público, esta reinvención del canon digital contempla que la compensación por copia privada se sufrague a través del precio de los soportes de grabación, equipos y dispositivos como los móviles, ordenadores, memorias USB o CD y DVD. En otras palabras, el Gobierno quiere que cada teléfono móvil que se venda incluya una partida destinada a correr con esos gastos. "Hablamos de que un iPhone de 600 euros costaría 2,5€ adicionales", explican a Teknautas fuentes cercanas a la negociación, que añaden que serán los fabricantes los que decidan "si quieren que aparezca diferenciado en la factura".

Uno de los aspectos clave que señalan todas las partes consultadas radica en la maniobra que los fabricantes ejecutaron antes y después de la aplicación de la ley Sinde. La subida de precios entre 2008 y 2011 que repercutió directamente en el usuario no vino acompañada de una rebaja cuando el PP la tumbó, a su llegada al gobierno: "La industria tecnológica ha tenido decenas de millones de euros de ingresos en estos últimos cuatro años".

La normativa aprobada en 2009 tampoco contemplaba la evolución del sector tecnológico en estos últimos años. El teléfono móvil ha pasado de ser una versión portátil del fijo de casa a un ordenador conectado permanentemente a la red y en el que se pueden consumir todo tipo de contenidos. "El canon digital data de 2009, el iPhone llegó dos años antes, Spotify no se había popularizado y los móviles no se gravaron porque su uso era otro. Pero la sociedad ha cambiado radicalmente", recuerda Almeida.

El canon data de 2008, el iPhone llegó un año antes, Spotify no se había popularizado y los móviles no se gravaron porque su uso era otro

El abogado también señala la que, a su juicio, es una medida absurda: "Quien tiene Spotify en el móvil no descarga música porque es una pérdida de tiempo". Almeida opina que la medida va destinada a gravar "cualquier dispositivo que tenga un disco duro" y no descarta, incluso, que esa recarga se pueda aplicar incluso a cuentas de almacenamiento en la nube: "Prefiero no darles ideas".

Desde el bando de las entidades de gestión, se recuerda que la sentencia de la Unión Europea que tumbó el canon digital propuesto por el PP (a cargo de los Presupuestos Generales) no dejaba mucho margen de maniobra: o se eliminaba el concepto de copia privada y se convertía en ilegal o se volvía al canon. La alternativa, anuncian, es volver a un sistema similar al propuesto por la ley Sinde pero con excepciones: "No se va a reconocer que se vuelve al canon pero no queda otra opción porque el sistema actual se ha declarado nulo. No se aplicará a algunas prácticas profesionales y a empresas".

¿Tiene sentido el concepto de copia privada?

Uno de los aspectos peliagudos de la nueva normativa es la definición de copia privada que establezca. Las posturas entre las partes implicadas están enfrentadas. Almeida opina que, "con la definición introducida en las últimas reformas", ese concepto ha quedado "reducido a la nada". El artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual señala como copia privada aquella que consigue una persona física para uso privado y sin fines comerciales. "¿Cuántas personas conoces que hagan eso? Si tengo Netflix y Spotify es absurdo, porque lo tengo todo en 'streaming'".

Las entidades de gestión no lo ven de la misma manera. Aceptan que el concepto de copia privada que se ha mantenido hasta la fecha, enraizado en el modelo analógico, ya no tiene sentido. "Es residual", aseguran. Pero sí creen que en el entorno digital tiene margen de maniobra y que la negociación que se sucederá en los próximos meses ayudará a dibujar los límites de lo que es una copia privada: "Habrá que definir qué es y qué no es, si los datos en la nube son una copia privada, si esos productos llevan canon digital o si las copias licenciadas se quedan fuera del impuesto".

Esas mismas fuentes explican que este sistema ya se utiliza en muchos países de Europa: "Hace seis meses que en Francia se renegoció ese canon digital al alza para que se revisara lo que se tenía que pagar por cada iPad y iPhone que se vendía".

Prometen batalla

Almeida cree que la reactivación del canon digital es una medida pensada con un sólo fin: "Las entidades de gestión van a reclamar lo que no han cobrado en cinco años. Han pasado de ganar 150 millones a recaudar cinco y necesitan callarles la boca de alguna manera".

"Está claro que esto lo va a pagar el consumidor o lo pagaremos todos mediante impuestos", lamenta Almeida. Pero cree que las resoluciones pasadas permiten albergar esperanza respecto a la entrada en vigor de futuras medidas: "Está claro que nos van a seguir sangrando. Cuando esté publicado en el BOE veremos qué pasos damos. Si contradice el articulo 31 de la LPI, se pueden encontrar con una demanda por no ceñirse al espíritu de la norma".

En el horizonte, las entidades de gestión ponen sobre la mesa una cifra: 500 millones de euros. Ese es el dinero que, aseguran, han dejado de recaudar desde que se tumbó el canon digital. Pero el Gobierno, en boca del ministro Méndez de Vigo, no se mostró muy partidario de sufragar esa cantidad: "La sentencia del Tribunal Supremo no fija responsabilidad patrimonial y, se lo digo con confianza, no es bueno alentar a llegar a esta posibilidad donde, a juicio del Gobierno, no existe tal responsabilidad. Miremos hacia cómo resolver esto y para ello ya estamos trabajando en ello".