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La Asociación de Internautas impugna la 'ley Sinde-Wert' y pide su suspensión cautelar
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ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

La Asociación de Internautas impugna la 'ley Sinde-Wert' y pide su suspensión cautelar

La ley Sinde (ya conocida como 'Sinde-Wert') saldrá adelante... por encima de sus cadáveres. La Asociación de Internautas (AI) ha anunciado ante el Tribunal Supremo la impugnación

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La Asociación de Internautas impugna la 'ley Sinde-Wert' y pide su suspensión cautelar

La AI ha impugnado el Reglamento que desarrolla las funciones Comisión de Propiedad Intelectual, ya que, según sus palabras, "atribuye a un órgano administrativo competencias asignadas a los jueces por Ley, y además, porque establece infracciones difusas y, sanciones sin la habilitación legal precisa, creando una notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos, en concreto, libertad de expresión y la libertad de información (art. 20 CE)".

Por otra parte, "aunque la Ley Sinde modificaba sustancialmente leyes como la de Comercio Electrónico, la de Propiedad Intelectual, y la de la Jurisdicción Contenciosa, etc., al desarrollarlas, el Reglamento contradice Sentencias del TS/TC que interpretan los límites que ha de tener en su alcance, una norma de este tipo".

Que se suspenda hasta que un juez la avale

Por estos motivos, "y por las graves consecuencias que para los derechos fundamentales puede tener la puesta en marcha de una Comisión de Censura, en estas condiciones, sin que sus límites estén perfectamente definidos, la Asociación de Internautas considera imprescindible suspender la puesta en práctica de la norma aprobada por el Gobierno el pasado 30 de diciembre, hasta que exista una opinión judicial que la avale".

Lo cierto es que no parece que vaya a aparecer un juez que avale esta polémica ley, ya que la ley Sinde surge precisamente porque los jueces nunca han condenado a ningún tipo de webs de descargas. El último caso (y, de lejos, el más importante) fue el de Pablo Soto, absuelto de la demanda en la que la industria de contenidos le pedía 13 millones de euros por desarrollar herramientas P2P

Los demandantes han recurrido la sentencia, mientras que Pablo Soto, que recientemente ha recibido 1,6 millones de euros para el desarrollo de Foofind, sopresa presentar una demanda contra los que le llevaron a juicio.

La AI ha impugnado el Reglamento que desarrolla las funciones Comisión de Propiedad Intelectual, ya que, según sus palabras, "atribuye a un órgano administrativo competencias asignadas a los jueces por Ley, y además, porque establece infracciones difusas y, sanciones sin la habilitación legal precisa, creando una notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos, en concreto, libertad de expresión y la libertad de información (art. 20 CE)".