Alertan de la "destrucción masiva" de expedientes judiciales de atentados de ETA

Un total de 25 historiadores de prestigio han suscrito un manifiesto para exigir que se detenga en el País Vasco la “destrucción masiva” de expedientes judiciales sobre atentados de ETA en los últimos 50 años ya que va a impedir “hacer historia de manera rigurosa” sobre la actividad terrorista y se privará del “derecho a la verdad tanto a nosotros como a las generaciones venideras”. En este sentido, lamentan que el Gobierno vasco no ha actuado “diligentemente” para “impedir estas destrucciones irreparables”, por lo que que urgen a la “intervención de los responsables institucionales en la materia para detener la eliminación de las fuentes judiciales”. “No tener en cuenta la relevancia de la documentación judicial parece una temeridad”, sostienen.

En el documento han estampado su firma historiadores de primer nivel como Santos Juliá, Antonio Elorza, Manuel Montero, Luis Castells, Antonio Rivera, Niall Cullen o Luis Arias González. La nómina de suscribientes del manifiesto se completa con José Luis de la Granja, Santiago de Pablo, Javier Ugarte, Luís María Jiménez de Aberasturi, Pilar Pérez-Fuentes, Txema Portillo, Josefina Martínez, José Antonio Pérez, Matteo Re, Gaizka Fernández Soldevilla, Fernando Molina, Pedro Barriuso, Raúl López Romo, Javier Gómez, José Luis Rodríguez, Sara Hidalgo, Damián Alberto González y Jorge Marco.

La destrucción de los expedientes hará "imposible lograr un conocimiento exacto de las páginas más oscuras de la historia reciente" del País Vasco

La Junta de Expurgo de Expedientes Judiciales de Euskadi, creada en 2004, es el órgano judicial encargado de determinar qué expedientes se eliminan y cuáles se remiten a los archivos históricos dentro del objetivo de acabar con la gran acumulación de papel en los palacios de Justicia, ya sean informes como sentencias u otro tipo de documentos. Este organismo está integrado por representantes de la judicatura y del Gobierno vasco pero “significativamente no forma parte ningún historiador”, según censuran los firmantes del manifiesto, que no comprenden esta ausencia dada la relevancia de las decisiones que se adoptan.

Bajo el contundente título de ‘Una amenaza para la historia’, el manifiesto alerta de que si se confirma la destrucción de una parte de estos expedientes judiciales “será imposible lograr un conocimiento exacto de las páginas más oscuras de la historia reciente” del País Vasco. Sin esta parte de las fuentes judiciales, según incide, se “limitará la posibilidad de hacer historia de manera rigurosa, ya que “nos faltarán documentos con la que sostenerla”. Por el contrario, advierte de que “se dará alas a la literatura panfletaria, la escrita por los propagandistas que no consultan ni archivos ni bibliotecas”.

Opinión

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La denuncia sobre la eliminación de esta información valiosa sobre el terrorismo se produce cuando las víctimas están tratando de activar la vía judicial y policial para tratar de esclarecer los más de 320 asesinatos de ETA que aún siguen sin resolver. El clima es ahora más proclive a activar la investigación, sin la actividad de la banda terrorista desde hace ya un lustro largo y con “mayor libertad que antes” para impulsar estos procesos. “En este escenario es todo un lujo destruir los datos existentes”, sostiene a El Confidencial uno de estos historiadores.

La preocupación dentro de los historiadores estalló el pasado 24 de marzo con la celebración en Vitoria de una jornada para investigar el fenómeno terrorista en España a partir de las condiciones de acceso a los fondos de las administraciones civil, militar y judicial organizada por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Instituto Valentín de Foronda. En esta cita, la excoordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, Carmen Alba, dio la alarma al detallar los “graves problemas” con los que se encontró en el País Vasco para recuperar las causas judiciales sobre asesinatos dispersas en diversos archivos al haberse destruido expedientes sobre atentados y otras actividades terroristas.

La causa por el asesinato del periodista José María Portell en 1978 fue eliminada el 23 de octubre de 2008: la investigación es "casi imposible"

Como ejemplo significativo, la causa por el asesinato del periodista José María Portell a manos de ETA en 1978 fue eliminada el 23 de octubre de 2008, lo que hace que la investigación sea “casi imposible” por la ausencia de esta “irremplazable” documentación. Este es uno de los muchos casos de sumarios que han sido destruidos en Euskadi, circunstancia que ya había denunciado el periodista Juanfer Calderín en su libro ‘Agujeros del sistema (2015)', donde desvelaba toda “una red de negligencias y errores judiciales” en numerosos asesinatos que han impedido dar con su autor.

Ya sólo en su primer año de funcionamiento la Junta de Expurgo del País Vasco destruyó más de 70 toneladas de documentación de los ámbitos civil, penal, social y contencioso-administrativo, según exponen los historiadores firmantes del documento, que reprochan al Departamento de Cultura del Gobierno vasco su falta de diligencia como integrante de este organismo para evitar estas destrucciones “irreparables”.

Estas destrucciones están afectando a fotografías, pruebas forenses o periciales de "importancia vital"

El gran problema es que estas destrucciones están afectando a pruebas físicas y documentales, como fotografías, pruebas forenses o periciales (incluso se han llegado a destruir sobres con balas), que tienen una “importancia vital” para los historiadores a la hora de configurar el relato del terrorismo sufrido en el País Vasco. “No podemos hacer nuestro trabajo si la fuente documental no existe. Esta información es indispensable”, protestan. Por ello, reivindican la presencia del historiador dentro de esta nómina de expertos que deciden qué material se salva y cuál se quema.

¿Cómo funciona la Junta de Expurgo? El Gobierno vasco afirma que antes de proceder a la eliminación de los documentos se establece un periodo de dos meses de exposición al público para que los ciudadanos puedan reclamar a los juzgados la devolución de la documentación que aportaron en su día. Pasado este periodo, los expedientes son eliminados por “una empresa especializada que tiene el deber de garantizar y certificar la destrucción de los archivos”.

El Parlamento acaba de pedir al Gobierno vasco que "actualice los criterios y los procedimientos de eliminación de la documentación judicial"

El manifiesto llevaba “varias semanas” redactado pero no ha sido hasta ahora cuando se ha dado a conocer una vez obtenido un “peso importante” con la adhesión de una amplia y cualificada nómina de historiadores. Casualmente, el documento ha visto la luz justo cuando el Parlamento Vasco acaba de aprobar este mismo jueves por unanimidad de los grupos una iniciativa impulsada por el PP que insta al Gobierno vasco a “actualizar los criterios y los procedimientos de eliminación de la documentación judicial”. Hasta entonces, según refleja la propuesta, la Cámara de Vitoria pide a la Junta de Expurgo “la suspensión de los procesos de eliminación de la documentación” para evitar que se destruya material valioso.

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Ahora, los departamentos de Justicia y Cultura del Gobierno de Iñigo Urkullu deberán elaborar una propuesta y remitirla a la Junta de Expurgo dentro de un proceso en el que “intervendrán voces autorizadas en el campo de la archivística y la gestión monumental y de la conservación del Patrimonio documental judicial”. De cara a la valoración documental y de selección de documentos el Parlamento Vasco establece que será “prioritaria” la conservación de los documentos relacionados con los derechos humanos y la memoria histórica. Asimismo, según sostiene la propuesta, el Ejecutivo vasco y la Junta de Expurgo deberán “estudiar las medidas más oportunas para la adecuada preservación y buen estado de los expedientes no expurgados y de los resúmenes de los expurgados a fin de garantizar la conservación de todos ellos de forma adecuada”.

La iniciativa aprobada corresponde a una enmienda pactada entre el PP, PNV, PSE y Podemos a la que luego dio su apoyo EH Bildu. Carmelo Barrio, impulsor de la propuesta original, afirmó que el Gobierno vasco “tiene que decir mucho más en relación con la aplicación de esos criterios y de esas directrices con las que la Junta de Expurgo debe funcionar”. A este respecto, puso de manifiesto que, según se refleja en algunas de las actas de este organismo, el representante del Gobierno vasco no ha acudido a “algunas de las reuniones” pese a la trascendencia de las decisiones. Ahora, los historiadores ven un “buen paso” la iniciativa del Parlamento, pero se muestran muy cautelosos en relación a su posible eficacia. “A ver en lo que se traduce”, señalan.