El fiscal pide imputar al marido de Carmena por un delito contra los trabajadores

La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid que impute a Eduardo Leira, el marido de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por un delito contra los derechos de los trabajadores contemplado en el artículo 311 del Código Penal. El Ministerio Público considera que existen indicios de que Leira, en calidad de empleador de la mercantil I3 Consultores, pudo "imponer a sus trabajadores la firma de un contrato laboral en el que fijaba que estos tenían una categoría inferior a la que les correspondía por razón de las actividades laborales que realizaban en el seno de la empresa".

Según el escrito del Ministerio Público, Leira pudo "perjudicar" los derechos laborales de sus empleados, en particular el de "percibir la retribución adecuada conforme a los servicios realmente prestados". También se pudo aprovechar, continúa la acusación, "de la situación coyuntural existente en ese momento acerca de la crisis que se vivía en el sector inmobiliario en la fecha de la firma de esos contratos".

El fiscal entiende que hay "indicios racionales" de que el marido de Carmena cometió este delito contra los trabajadores y que, por este motivo, el Juzgado 53 de Madrid debería admitir la querella presentada por Manos Limpias ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Segovia, que se inhibió a favor de Madrid. Considera también que tanto este delito como los otros dos que le imputa el denunciante -alzamiento de bienes y delito contra la Seguridad Social- se cometieron en Madrid, por lo que son los tribunales de esta última comunidad los que deben entender de los mencionados asuntos.

Leira pudo "perjudicar" los derechos laborales de sus empleados, en particular el de "percibir la retribución adecuada conforme a los servicios prestados"

Además de solicitar la declaración en calidad de investigado (imputado) de Leira, el Ministerio Público también reclama que el Juzgado cite como testigos a los tres antiguos empleados de I3 Consultores a los que presuntamente se pagó menos salario del que les correspondía, extremos ambos que deberá ahora decidir el titular del Juzgado 53 de Madrid.

No comparte el criterio de Manos Limpias, sin embargo, en relación con los mencionados delitos de alzamiento de bienes y contra la Seguridad Social, ya que a juicio de la Fiscalía no existen indicios de que Leira incurriera en ellos. Respecto a ambos, por lo tanto, el Ministerio Público pide que el Juzgado 53 inadmita la querella del denunciante. Sobre el primer delito, la Fiscalía entiende que "ya ha sido objeto de un procedimiento". En concreto, se refiere a las Diligencias Previas 628/13 que abrió y archivó el Juzgado número 15 de Madrid tras la denuncia de los trabajadores de I3 Consultores.

"En el presente procedimiento, la querella de Manos Limpias por el delito de alzamiento de bienes hace alusión a los mismos hechos que ya fueron objeto del procedimiento DPA 628/13", argumenta el Ministerio Público, que subraya que "en ambos casos el delito se sustentaba en la venta de patrimonio de Leira a su mujer para no pagar la deuda fijada por el Juzgado de lo Social número 40 de Madrid respecto de tres trabajadores de I3 Consultores". El magistrado, continúa el escrito fiscal, "no apreció indicio alguno de alzamiento de bienes en dicha transmisión".

Respecto al delito contra la Seguridad Social, la Fiscalía también pide archivar la querella, ya que este tipo penal "exige que se haya defraudado a la Seguridad Social cuotas por importe de 50.000 euros" y hasta el momento no se ha aportado por parte del denunciante "ningún dato ni siquiera indiciario acerca del importe total defraudado por Leira y la mercantil I3 Consultores que haya podido ser superior" a esta cantidad.