por manipular las condiciones técnicas

La UCO investiga los contratos millonarios del Canal de Isabel II anteriores a 2015

La unidad anticorrupción de la Guardia Civil rastrea adjudicaciones que supuestamente siguieron un mismo procedimiento irregular de adjudicación de servicios
Foto: Uno de los miembros de la Unidad de Delitos contra la Administracion de la UCO. (EFE)
Uno de los miembros de la Unidad de Delitos contra la Administracion de la UCO. (EFE)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga desde hace un año decenas de contratos adjudicados por el Canal de Isabel II que podrían ser fraudulentos. En el marco de la operación Púnica, los agentes rastrean todas las licitaciones que ha ejecutado la institución siguiendo un sistema que consideran ilícito. En concreto, el procedimiento -habitual desde hace años en las adjudicaciones del Canal de Isabel II- consistía en valorar primero los aspectos económicos de las ofertas y solo después realizar el trabajo técnico, aspecto más subjetivo

Esta metodología -conocida por los investigadores tras las denuncias de varias empresas- permitiría a los adjudicadores manipular las valoraciones técnicas una vez conocidas las ofertas económicas, extremo que aún deben confirmar que ha sucedido. El artículo 30 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 2009, de hecho, indica expresamente que "la valoración de los criterios cuantificables de forma automática se efectuará siempre con posterioridad a la de aquellos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor".

Los contratos que se investigan son todos ellos previos al polémico concurso que ganó una empresa participada por el propio Canal. En concreto, el suministrador de agua adjudicó a principios de 2015 un concurso de atención telefónica a la compañía GSS Venture -que había decidido llevarse parte de los teleoperadores a Perú y que era propiedad en un 25% del propio Canal- por 20 millones de euros para cuatro años. Tres meses después, y como consecuencia del escándalo que conllevó, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública anuló el concurso.

(Foto: Canal de Isabel II gestión)
(Foto: Canal de Isabel II gestión)

La Guardia Civil se centra, por lo tanto, en las adjudicaciones previas al mencionado contrato fallido, al entender que todas o una gran parte de ellas podrían haberse llevado a cabo con el mencionado procedimiento irregular, que permitiría supuestamente al concesionario manipular las condiciones del contrato una vez conocidas las ofertas económicas. Tras esta adjudicación, que fue posteriormente anulada, según fuentes de la investigación, el organismo habría corregido las supuestas irregularidades. 

No en vano, fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia confirman a El Confidencial que, tras el contrato de los 'call centers', el departamento revisó y modificó todo el sistema de contratación porque en el que estaba vigente hasta ese momento se habían detectado anomalías. La investigación, por lo tanto, se extiende al menos al mandato de Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid (del 27 de septiembre de 2012 al 25 de junio de 2015).

La UCO pretende confirmar sus sospechas, y por eso ha solicitado entrar en las dependencias del Canal de Isabel II, extremo que por el momento no ha sido avalado por el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, para recabar más información relativa a los citados contratos. El sindicato Manos Limpias ha tenido conocimiento de la investigación de la Guardia Civil y está preparando una querella que presentará en los próximos días en los juzgados de Madrid.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. (EFE)
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. (EFE)

Dentro del sumario del caso Púnica, ya se apunta a la utilización del Canal de Isabel II para realizar pagos por servicios de reputación que la trama ofreció a dirigentes del Partido Popular. En concreto, un testigo declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que la Comunidad de Madrid había pagado 14.000 de los 140.000 euros que el Gobierno regional debía a las empresas Eico y Madiva, vinculadas con la supuesta organización delictiva.

La UCO, además, también en el marco de la instrucción judicial de Púnica, investiga presuntas irregularidades en la concesión de un megacontrato que la empresa pública de la Comunidad de Madrid adjudicó en enero de 2014 a la compañía Arena Media, filial del gigante publicitario francés Havas, según confirmaron a El Confidencial fuentes del caso. El contrato fue de 5,6 millones de euros y tenía por objeto "los servicios de gestión de compra de medios y diseño de campañas y acciones de comunicación del Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anómina" durante un periodo de ejecución de 15 meses.

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