García Revenga “estaba muy al tanto” de todo, pero el juez Castro no le procesa

El 'caso Nòos' acaba de pasar a otra fase. Si no hay cambios de última hora y la Audiencia Provincial de Palma confirma el auto de Castro serán 16 los acusados que se sentarán en el banquillo y otros nueve han conseguido finalmente librarse del juicio al no existir suficientes indicios contra ellos.

Entre los 'salvados', el nombre que más destaca es el de Carlos García Revenga, asesor de las infantas Cristina y su hermana Elena. Según recoge el auto, el instructor “no abriga la menor duda” de que García Revenga “estaba muy al tanto de las actividades” de Iñaki Urdangarin. Le pudo prestar asesoramiento y colaboración igual que hizo con Doña Cristina de Borbón “a la que puntualmente transmitía sus percepciones y conocimientos en cumplimiento de deberes personales y profesionales que a ellos le obligan”. Ahora bien, para Castro no significa que ese apoyo estratégico fuera sin embargo “decisivo” para la comisión de los supuestos delitos y, por tanto, debe quedar fuera de la causa.

Que el cuñado de Diego Torres -socio de Urdangarin-, Luis Tejeiro, fuera administrador solidario del bufete de asesores donde gestionaron sus empresas ni significa que sea responsable de ningún delito así que también queda archivada la causa para él.

A Castro tampoco le queda más opción que sobreseer el caso para el belga Robert Cooks, el intermediario internacional imputado por haber intervenido en la operación del duque de Palma para evadir a Suiza dinero procedente de diferentes estudios a Aguas de Valencia. Según Anticorrupción, el marido de la infanta llegó a cobrar 140.000 euros en el extranjero gracias a la ayuda de Cooks. Aunque para el magistrado “parece evidente que su intervención fue decisiva en lo que ya es todo un clásico, como son las escapadas a Suiza, resulta extremadamente forzado calificar tales hechos como constitutivos de delito”.

Lo mismo puede decir del abogado Salvador Trinxet, “maestro indiscutible en la creación de andamiajes societarios en paraísos fiscales, cuyo inevitable reproche ético deviene harto complejo transformarlo en punible”.

Respecto del empresario valenciano Miguel Zorío, el juez señala que no se puede descartar que tuviera cierta intervención en los contratos obtenidos por el Instituto Nòos para los Juegos Europeos, “pero ese protagonismo no se advierte necesariamente constitutivo de infracción penal, máxime cuando Urdangarin no venía precisado de introductores”.

Esa misma suerte ha tenido el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, no consta que tuviera ningún contacto con Urdangarin o Torres para firmar los convenios de colaboración de los eventos Valencia Summit ni que haya desplegado una “actividad maliciosa tendente a torcer la recta aplicación de la ley”.

Contratos firmados jugando al pádel

No podrá decir lo mismo la exconsejera delegada de la candidatura para los Juegos Olímpicos Madrid 2016 y exdirectora de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Mercedes Coghen, que fue imputada por el 'caso Nóos' y el juez entiende que hay indicios suficientes para que se siente en el banquillo de los acusados por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y otro de tráfico de influencias. La entidad que promovió la candidatura, lanzada por el entonces alcalde de la ciudad y ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, abonó, entre 2007 y 2009, más de 140.000 euros al lobby encabezado por Iñaki Urdangarin desde el Instituto Nóos.

Según Castro, no existe ningún documento que refleje a qué servicios pudo haberse comprometido la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), ligada a Urdangarin, ni tampoco cuáles fueron los que pudo de hecho haber realizado en favor de la Fundación Madrid 16. El único documento que podría guardar alguna relación es uno sin firma que se hace llamar “Memoria”, cuya autoría es de Coghen cuando hacía cerca de un año que había dejado de ser consejera delegada de la sociedad Madrid 16 para pasar a liderar el área de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, en diciembre de 2011, y habían transcurridos dos años de la pérdida de vigencia del convenio marco. Para Castro, todo apunta a que fue Coghen, en su calidad de consejera delegada, quien decidió el pago de las referidas sumas por un trabajo inexistente.

Llegando al expresidente balear, Jaume Matas, el magistrado le abre proceso por los delitos de prevaricación, malversacion de caudales públicos, fraude a la Administración y tréfico de influencias por la firma de dos convenios. Uno fue el patrocinio del equipo ciclista Banesto, que supuestamente representaba Urdangarin, un hecho que resultó ser falso. El yerno de Don Juan Carlos I mantenía amistad con el director general de Deportes en el Gobierno balear, José Luis Ballester -también encausado- y gracias a él Urdangarin consiguió reunirse en varias ocasiones con Matas.

La reunión tras la cual se acabó firmando el patrocinio fue en el Palacio de Marivent y acudieron estos tres junto a una cuarta persona, encuentro que fue “amenizado” con un partido de pádel a dobles. “Hay sobrados indicios de que se trataba de una contratación previamente amañada”, destaca Castro.

Sobre el convenio para el Islas Baleares Forum, por el que se pagó a Nòos 1,2 millones de euros, el proyecto presentado sobre el presupuesto ocupaba escasamente un folio “con partidas conceptualmente vagas y de imposible valoración”. Para el juez, esto fue así “sencillamente porque cualquier que fuera el coste que se presupuestara ya estaba decidido que se aceptaría sin discusión”. Indios racional de que así ocurrió es que nada más presentado el proyecto, la directora general del Gabinete Técnico del presidente se lo pasó a Matas y éste “en lugar de ordenar actuación alguna que acreditara la corrección del coste, las posibilidades presupuestarias y financieras de asumirlo o que se realizara algún estudio al objeto de constatar si los precios ofertados eran los normales del mercado”, lo admite sin más.