Justicia ve la reunión de los jueces del Supremo como un ataque a las instituciones del Estado

El Ministerio de Justicia ha visto con malos ojos la iniciativa de parte de los magistrados del Tribunal Supremo de reunirse tras el malestar en el órgano por las reformas planteadas por Alberto Ruiz-Gallardón. Fuentes del departamento consideran que el comportamiento de casi medio centenar de miembros es intolerable.

La semana pasada, casi 50 magistrados del Alto Tribunal se reunieron para analizar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que a su juicio intenta interceder en la independencia judicial. Al finalizar la reunión, todos los presentes acordaron emitir un comunicado público para sacar a la luz sus discrepancias con la reforma de Ruiz-Gallardón.

Ese comunicado, hecho público por la vía oficial del Tribunal Supremo, es a juicio del Ministerio un ataque de una institución del Estado a otra. La crítica no ha sido a título personal, sino que han utilizado los cauces oficiales para hacerla pública.

Fuentes del Ministerio sostienen que este comportamiento es sancionable, aunque descartan que se vaya a iniciar cualquier expediente contra los magistrados presentes en la convocatoria.

La reunión fue inspirada por trece magistrados, que mostraron su inquietud por la intención del ministro de instaurar un comisario político dentro del tribunal, con la creación de la figura del vicepresidente elegido por el propio presidente. Hicieron extensiva toda la convocatoria al resto de magistrados, y más de la mitad de los miembros del tribunal accedieron a reunirse. Según fuentes de tribunal, la convocatoria fue un éxito tanto por el número de asistentes como por la armonía con la que se desarrolló la reunión.

Fuentes ministeriales sospechan que parte de los convocantes fueron guiados por la vocal del Consejo General de Poder Judicial, Margarita Robles, uno de los principales azotes tanto del ministro como del presidente del Supremo y del órgano de los jueces, Gonzalo Moliner.

Estas mismas fuentes observan con gran preocupación esta iniciativa, nunca antes producida, por tratarse de un ataque al poder ejecutivo. Ante todo, califican de grave que hayan implicado al gabinete de prensa para difundir su mensaje.

No es la primera vez que el departamento de Ruiz-Gallardón observa que la carrera judicial se extralimita en sus funciones. La huelga que los jueces decidieron secundar en contra de sus reformas tampoco fue bien recibida desde Justicia, que interpretó que la carrera judicial, como un poder del Estado que es, no puede comportarse como el resto de trabajadores o funcionarios públicos.

Para estas mismas fuentes, el comportamiento de los magistrados del Supremo conforma un falta de responsabilidad institucional. Desde el CGPJ tampoco fue bien recibida esta noticia, que lo vivió como una rebelión de las más altas instancias de la judicatura contra su presidente Moliner, por quien no se sienten defendidos.

De la reunión concluyeron que algunos puntos concretos de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial son, a su juicio, “innecesarios” y “perturbadores”. Concretamente, anunciaron que la figura del vicepresidente del Tribunal Supremo que pretende crear el ministro es “innecesaria y puede resultar perturbadora para el correcto cumplimiento de las funciones que corresponden” al tribunal. En caso de absoluta necesidad, señalan, la suplencia del presidente está ya resuelta por la atribución de sus funciones al presidente de Sala más antiguo. Según fuentes del órgano, esta figura, que sería elegida por el propio presidente, no tiene otra intención que introducir un miembro político dentro el tribunal.

También mostraron su oposición a que se apruebe el fuero especial para el control jurisdiccional de los acuerdos del CGPJ, lo que a su juicio resulta “innecesario e introduce una especialidad injustificada en relación con el sistema establecido para el de los demás órganos constitucionales del Estado”.